Por Mariano Cuparo Ortiz
En Argentina, al menos 3.500.000 hogares no
acceden a una vivienda digna. El fenómeno volvió a quedar al
descubierto tras el violento desalojo de la toma de Guernica. Las cifras
muestran un déficit habitacional que se refleja tanto en lo
cuantitativo, es decir en la cantidad de familias que no tienen techo;
como en lo cualitativo, con hogares que carecen de los servicios
esenciales con los que debe contar una vivienda.
Las imágenes de las
topadoras en Guernica pusieron sobre la mesa el dilema entre dos
derechos que la Constitución Nacional pone en primera plano y que señala
que el estado debe garantizar: el de la inviolabilidad de la propiedad
privada y el del acceso a una vivienda digna.
Un informe reciente de
la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) destacó:
"Argentina se enfrenta desde hace décadas a la persistencia y
profundización de la problemática habitacional. Según el Registro
Nacional de Barrios Populares (Renabap) en el país hay 4.416
asentamientos informales, y un déficit habitacional de, aproximadamente,
3,5 millones de viviendas".
Dos estudios de 2016 acerca de la
situación de déficit habitacional coinciden en el dato. Uno es aquel en
el que se basa el Renabap y fue publicado por la Secretaría de Vivienda y
Hábitat del gobierno de Cambiemos. En rigor, señaló que 2.100.000
hogares presentaron problemas cualitativos de vivienda y 1.700.000
tuvieron carencia cuantitativa, es decir directamente no fue construida
su casa. En total, para la Secretaría de Vivienda y Hábitat, 3,8
millones de hogares sufren déficit habitacional.
Otro trabajo similar
de la investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Cecilia
Paniagua, señaló en base a proyecciones a partir del Censo 2010, que
2.066.000 de hogares tuvieron un déficit cualitativo y 1.549.000 uno
cuantitativo. Un total de 3,6 millones de familias.
Acerca de la
parte cualitativa del problema, los últimos números publicados por el
Indec mostraron que, tal como destacó la economista Lucía Pezzarini,
"los déficits cualitativos son realmente alarmantes y 5% de las personas
(1,4 millones) vive en condiciones de hacinamiento crítico; 3,4% (casi 1
millón de personas) no tiene acceso a agua potable dentro del hogar;
34% no tiene cloacas; 8,1% vive cerca de basurales; y 13,4% en zonas
inundables".
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, señaló
al respecto: "El Estado hace rato que tiene una deuda, hay 3 millones de
argentinos que no tienen vivienda". Y afirmó que apunta a urbanizar 400
barrios populares por año, por lo cual "la gente sabe que si no le toca
este año, el año que viene sí".
El Presupuesto 2021 proyectó fondos
récord de $6.648 millones para integración de barrios populares, pero
bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Luego
de la presentación del proyecto de la ley de leyes, que hoy ya tiene
media sanción de Diputados, el programa de integración socio urbana pasó
a la órbita de Desarrollo Social. En rigor, según destacaron desde
Acij, las metas en el Presupuesto 2021 son bastante más limitadas: a
intervenir integralmente en 120 barrios populares, beneficiar a 70.892
personas y entregar 1.112 lotes con servicios.
Señalaron: "Aún con el
aumento de la inversión, las metas y el presupuesto son insuficientes
para enfrentar el desafío de regularizar los más de 4.416 barrios
populares que contempla la Ley Nacional sobre Régimen de Regularización
Dominial para la Integración Socio Urbana. A un ritmo de intervención de
120 barrios anuales, tendrían que pasar casi 40 años para garantizar el
acceso a un hábitat digno a quienes habitan dichos barrios".