Por ese lapso, "el sistema va a estar bajo control estatal, en cabeza
de la AGP", señaló el ministro, quien agregó que "el objetivo de esta
licitación corta es darnos tiempo suficiente para la confección de la
licitación larga (que se materializará en un segundo decreto), que es la
que incluiría las nuevas obras que plantea el sistema Hidrovía, por
ejemplo las que piden los gobernadores" de las provincias costeras de
este sistema fluvial. Anunció, además, que en este período de doce meses
"ya comienza a funcionar el cobro del canon del Estado por parte del
AGP y a través de la cuenta derivadora a la que ingresan, se le paga a
las adjudicatarias de las tareas de dragado y balizamiento por las
tareas realizadas". Es decir, el sector privado deja de cobrar
directamente a las empresas exportadoras el "peaje" o canon por el uso
del río. El fin de la prolongación de la concesión en los términos que
rigieron en los últimos 25 años y el cobro del peaje o canon a cargo de
un organismo del Estado, son dos de las reivindicaciones centrales que
vienen planteando el senador Jorge Taiana y otros críticos, desde la
misma alianza de gobierno, a la privatización de la gestión del
transporte fluvial.
Durante la vigencia de la anterior contratación,
adjudicada en 1995, "el Estado ni siquiera materializó este ente de
control que preveían los pliegos originales", cuestionó el ministro. "Lo
que va a suceder a partir de esa nueva licitación, que va a llegar a su
adjudicación probablemente en un año y medio, es una presencia fuerte
del Estado Nacional y una participación activa de las provincias que
también están involucradas en estas vías navegables".