En ese sentido, el fiscal general adjunto, Gabriel González Da Silva
inició lo que se conoce como "una investigación preliminar" y remitió
una serie de pedidos de informes para determinar si hubo alguna comisión
de delito. De todas formas, esta iniciativa no le impide al Gobierno
nacional realizar su propia denuncia. El requerimiento se envió a
Presidencia, Jefatura de Gabinete y a los ministerios de Defensa, al de
Seguridad e incluso a la Gendarmería, desde donde salieron los efectivos
que estuvieron en La Paz los días inmediatamente posteriores al golpe
de Estado contra Evo Morales y que transportaron los pertrechos que el
entonces comandante de la Fuerza Áerea de Bolivia agradeció a través de
una nota enviada al embajador argentino de esos días, Normando Álvarez
García, actual ministro de Trabajo de la provincia de Jujuy. Entre las
notas remitidas por el fiscal adjunto también hay una dirigida a la
Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), donde se le pide que
brinde detalles del material bélico denunciado y si debía estar
registrado. Lo que busca la investigación judicial es saber si este
material se donó o se vendió. Por caso, Ecuador había enviado, para la
misma fecha que fueron los gendarmes argentinos a Bolivia, un material
similar pero su condición era de préstamo. También lo que el fiscal dice
buscar es si todo esos pertrechos bélicos fueron y regresaron sin uso
o, si se utilizó en Bolivia que digan quiénes los usaron, en qué
situación y, sobre todo, si quedó algo de ese material en La Paz.
La
investigación preliminar que llevará adelante González Da Silva tiene
un plazo de dos meses con la posibilidad de una prórroga de 30 días más.
En ese tiempo debe determinar si se cometió algún delito y determinar
quiénes pueden ser los responsables de éstos.
La veloz reacción de
González Da Silva, que responde al procurador interino Eduardo Casal
--de muy buenos vínculos con el macrismo-- generó alguna duda sobre la
verdadera intención de esta investigación preliminar que bien puede ser
tener la posibilidad de conocer de primera mano el avance de la
investigación.
En tanto, ya se evalúa cuál puede ser la figura
delictual que pueda corresponder. En los mentideros políticos se habla
de la figura del partícipe necesario que le cabría al expresidente
Mauricio Macri en la sedición y posterior golpe de estado en Bolivia.
Ayer, el canciller de ese país Gerardo Mayto consideró que la represión y
las muertes producidas por la dictadura están siendo investigadas en la
justicia como delitos de lesa humanidad. Si este es el tipo de crímen
que se investiga, entonces están los que sostienen que podría regir el
principio de jurisdicción internacional y eventualmente juzgar a Macri
en la Argentina. El otro delito que también puede investigarse es el de
tráfico ilegal de armas.