El encuentro con la plana mayor de la seguridad argentina pone a la
Casa Rosada en el centro del escándalo de impacto regional y complica la
situación del exjefe de Gabinete. Mauricio Macri también mantuvo ese
día una reunión con el entonces canciller Jorge Faurie. Por estas horas
en el Gobierno nacional evalúan realizar, con esta nueva información,
una segunda ampliación de la denuncia que ya se encuentra en el fuero en
lo penal económico.
"Lo vamos a tener que incorporar en una
ampliación de la denuncia", dijo el ministro de Justicia Martín Soria en
C5N después de que se revelara la existencia de la reunión, hasta ahora
desconocida. "Es impresionante el nivel de detalle que va surgiendo",
agregó el funcionario que junto con su par de Seguridad, Sabina
Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) Mercedes Marcó del Pont impulsan la investigación por el envío
de municiones a Bolivia. En el encuentro, realizado en el despacho de
Peña, participaron Bullrich con sus hombres de confianza en el
Ministerio: el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, el subsecretario
de Seguridad Interior Gerardo Milman y el subsecretario de Políticas de
Seguridad e Intervención Federal Darío Oroquieta. Además, estuvieron
Otero, por la Gendarmería, junto con su secretario privado, Ramón
Domínguez. Fueron también de la partida el entonces jefe de la Policía
Federal Néstor Roncaglia, el titular de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA) Alejandro Itzcovich y el entonces responsable de la
Prefectura Eduardo Scarzello (cuyo apellido está mal escrito en los
registros) . El único de los jefes de las fuerzas que fue acompañado por
un subordinado fue Otero, por lo que se presume que Gendarmería tuvo un
rol central en el encuentro. "La reunión pudo haberse hecho para
discutir qué fuerza tenía las municiones para enviar a Bolivia", evaluó
una fuente que sigue con atención la causa.
Bullrich ingresó a la
Casa Rosada a las 11.39 del 12 de noviembre de 2019 y se dirigió a la
oficina del jefe de Gabinete, de donde salió a las 13.48. Para entonces,
ya se sabía que los gendarmes viajarían a Bolivia y estaba previsto que
el Hércules C130 saliera por la tarde desde el aeropuerto de El
Palomar. Sin embargo, todo se demoró.
En el momento de la reunión en
la Casa Rosada, la Gendarmería estaba gestionando ante la Agencia
Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) sacar un "complemento" del
armamento que ya había informado que iba a llevar a Bolivia el día
anterior. El complemento incluía las 70.000 balas antitumulto 12/70, que
terminaron en poder de la Policía y de la Fuerza Aérea de Bolivia.
Exactamente
una hora después de que Bullrich salió de la Casa Rosada, el jefe del
grupo "Alacrán" de la Gendarmería Fabián Salas envió un fax al jefe de
la Fuerza Aérea Argentina para informarle que el vuelo iba a llevar
también ese complemento y le dijo expresamente que era el material que
la fuerza solía utilizar "para operaciones ante alteración al orden
público". Salas era consciente de que los alacranes --un grupo de élite
que suele emplear armamento letal-- jamás podría usar esa cantidad de
balas de goma ni de spray ni de granadas.
Macri estaba en la Casa
Rosada ese 12 de noviembre de 2019. De hecho, se reunió con el entonces
canciller Faurie, como ya había anticipado este diario. Después de esa
reunión, Faurie le envió una nota --en mano-- a Bullrich y al ministro
de Defensa Oscar Aguad pidiéndoles que autorizaran una comitiva a
Bolivia. Para entonces, ya era un hecho que los gendarmes viajarían.
Para el ministro Soria, es una prueba más que muestra cómo se armó la
maniobra para desviar las balas hacia Bolivia.
La responsabilidad de Peña
Peña
fue notificado por Bullrich de la partida de los gendarmes para que
autorizara el viaje y los viáticos. La información surge de una
resolución del 15 de noviembre de 2019 en la que Bullrich autoriza la
partida del primer contingente de gendarmes. Hacía ya dos días que los
alacranes estaban en La Paz cuando la entonces ministra estampó su firma
en el documento. Concretamente la información fue recibida por el
secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, quien también estuvo
en la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019. Pompeo es uno de los
mayores expertos en política internacional del PRO y uno de los
funcionarios que había seguido de cerca la situación en Bolivia. De
hecho, en 2019, fue uno de los que recibió al secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro para tratar la
situación tanto en Venezuela como en Bolivia. Almagro con las denuncias
de fraude constituyó un factor de desestabilización contra el gobierno
de Morales. Durante el gobierno de Macri, Pompeo cordinó lo que desde
Cambiemos presentaron como una "mesa de seguridad", a la que se sentaban
Bullrich, Aguad, Faurie y el extitular de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas.
Por el momento, ni Peña ni Pompeo
ni Faurie están imputados en la causa. Faurie fue denunciado por el
gobierno nacional mientras que a Pompeo lo denunció el excamarista
Eduardo Freiler. En el expediente están imputados Macri, Bullrich,
Aguad, Otero y el embajador en Bolivia Normando Álvarez García. El
fiscal Claudio Navas Rial también imputó a tres gendarmes: el exdirector
de Logística Rubén Carlos Yavorski, el exdirector de Operaciones Carlos
Miguel Recalde y el exagregado de la Gendarmería en La Paz Adolfo
Caliba. Caliba fue señalado por uno de los agregados navales como la
persona que recibió el cargamento, aunque no se descarta que otro
uniformado termine imputado por esos mismos hechos.
Por el momento,
la causa sigue en manos del juez Javier López Biscayart, que ya se
declaró incompetente para intervenir y la remitió a su colega Alejandro
Catania, que está de licencia y recién decidirá si la acepta la próxima
semana.