"Hay países que ya tienen normas de derecho de exclusión", continuó el
empresario, que aseguró que están en curso las conversaciones con el
gobierno para una especie de adecuación de la norma a los tiempos que
corren y al avance de la vacunación en el país. Algo similar al pedido
que se hizo para que todos aquellos con primera dósis vuelvan a las
plantas. La decisión, polémica sobre todo por la repercusión sindical
que podría tener y posibles casos de judicialización, no será
obligatoria. "Lo decidirá cada empleador", completó Funes. "La vacuna
existe, tengo el derecho a no adoptarla, pero existe el cese de
dispensa. Respecto a las charlas con los sindicatos, lo veremos sector
por sector", aseguró el empresario alimenticio.
Ante las preguntas
de los alcances de la decisión, expresó que "es el pensamiento de la
UIA, y no estamos hablando de despidos, sino de la posibilidad de no
pagar el salario a aquellos que no estén vacunados".
En la reunión
de Junta se especificó que la idea es que todo aquel que quiera ejercer
su derecho a no vacunarse lo haga, pero que eso se contraponga con el
derecho de la empresa de no abonarle su sueldo hasta tanto se vacune o
se decrete el fin de la pandemia. La curiosidad es que Argentina es un
país, diferencia de otras naciones, con niveles muy bajos de personas no
decididas a inocularse contra la COVID, de lo cual se deduce que la
queja por la situación deriva de una cuestión neta de costos. En esa
línea, Funes también expresó que para la UIA, las licencias parentales
son una preocupación que "pueden afectar mucho, sobre todo a las pymes".