En el Monitor de Tarifas de la entidad se graficó que existe un descenso
a la mitad de la porción de ingresos que los hogares destinaban al pago
de facturas de luz y gas en 2021, respecto al 2019. Puesto en cifras,
una familia que percibía en junio de 2019 un Salario Mínimo, Vital y
Móvil debía destinar un 22,4 por ciento al pago de las facturas de ambos
servicios. En el mismo mes, pero de 2021, un 12 por ciento. Y una
familia a la que sólo le ingresaba una jubilación mínima en mayo de 2019
pasó de destinar un 26 por ciento a un 12,3 por ciento, en junio de
2021 para pagar ambos servicios.
“Las facturas de esos servicios
públicos registraron un amesetamiento entre fines de 2019 y el primer
trimestre de 2021 producto del congelamiento tarifario dispuesto por el
Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 2019”. destaca el trabajo. Y
agrega que “a ello hay que sumarle el rol de los programas de asistencia
también desplegados a nivel federal tuvo un efecto nodal: posibilitó
que en 2020 salieran de la indigencia y pobreza energéticas 2,8 millones
de hogares, tal como lo evidencia el anterior informe el OSP-UNLP. En
el caso del gas y contemplando la ampliación del Régimen de Zona Fría
posibilita un alivio de un 30 por ciento en las facturas a partir de
julio que alcanza el 50 por ciento para los hogares más vulnerables”.
En
la era Macri, las tarifas de los servicios públicos tuvieron alzas
superiores, en algunos casos, al 2000 o 3000 por ciento, que pegaron de
lleno en los sectores más bajos y en los jubilados. En paralelo, dañaron
el consumo porque les quitaron a las familias la capacidad de ahorro y
otro consumo. Ese esquema resintió toda la estructura económica y tuvo
además un correlato en las industrias, que también padecieron la
situación de facturas impagables en un escenario donde la actividad
económica tampoco les retribuía en números de ventas y producción.
Todo para las empresas
Otro
de los problemas que generó el tarifazo de Macri es que se trató,
básicamente, de una transferencia de recursos de los consumidores a las
empresas de servicios públicos, no de una actualización de valores en
línea con la inflación. Este punto también es resaltado en el informe
del Observatorio de la Universidad de La Plata.
El trabajo habla de
"una fenomenal asimetría entre la evolución de los ingresos de las
familias y los ingresos de las empresas del sector energético". Para
graficarlo, apuntan que "mientras los ingresos familiares entre
diciembre de 2015 y diciembre de 2020 se multiplicaren en promedio por
5,14 veces, los ingresos brutos de las distribuidoras de luz y gas lo
hicieron por 21 y 10,4 veces, respectivamente, tomando un promedio
ponderado".
Aclara el organismo que "eso se tradujo a su vez en
extraordinarias ganancias en dólares. Entre los ejercicios 2016 y 2019,
inclusive y tomando la cotización del Banco Central promedio anual tipo
vendedor mayorista de la divisa estadounidense", Edenor acumuló
utilidades netas por 364,64 millones de dólares; Edesur por 294,96
millones de dólares; Metrogas por 537,51 millones; Naturgy Ban 208
millones; y Camuzzi Gas Pampeana 46,97 millones.
En el caso de las
PyMEs el informe demuestra que, de forma similar a los hogares,
padecieron una grave situación producto de los incrementos tarifarios
ocurridos entre 2016 y 2019, cuyos efectos aún resultan ostensibles. En
efecto, mientras los valores de las facturas de gas y de luz que este
segmento productivo debió afrontar se multiplicaron por 44 y por 32
respectivamente en promedio, se produjo el cierre de 24.500 PyMEs y la
pérdida de más de 126.000 puestos de trabajo en todo el país
(AFIP-SIPA).