Para eso tienen la ambigua figura de la destitución del presidente por
“incapacidad moral”, que puede aplicarse sumariamente en un proceso de
pocos días sin necesidad de un juicio político y sin otro argumento que
la fuerza de los votos. Se necesitan dos tercios del Congreso
unicameral, 87 votos de 130. La derecha golpista todavía no alcanza esos
votos, pero trabaja para sumarlos, con apoyo de un sector importante de
los medios. La nueva ley le quita opciones al presidente para defender
su gobierno.
El sistema político peruano es una combinación de
presidencialismo con elementos de los modelos parlamentarios. Además de
la posibilidad de destituir al presidente sin pasar por un impeachment,
el Parlamento tiene la facultad de interpelar y censurar ministros,
obligándolos a renunciar, y todo nuevo gabinete debe recibir el voto de
confianza del Congreso, si la confianza le es negada el gabinete cae. El
Ejecutivo, como contrapeso a esas facultades parlamentarias, puede
pedir una cuestión de confianza si considera que el Congreso obstruye su
trabajo y le impide llevar adelante sus políticas, y si el voto de
confianza le es negado dos veces queda habilitado para disolver el
Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas.