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Quitas de subsidios en Luz y Gas
El gobierno precisó que 921.778 titulares del servicio de electricidad y
760.600 titulares del servicio de gas residencial perderían todo tipo
de subsidio a las tarifas a partir del mes próximo, si es que finalmente
se aprueba el plan de segmentación que impulsa el ministro de Economía
Martín Guzmán. Son las personas que forman parte del 10 por ciento de
usuarios con mayor poder adquisitivo. No está claro aún cuánto pasarían a
pagar, pero se estima que una tarifa sin subsidio debería aumentar al
menos un 200 por ciento.
La información surge de un documento
oficial elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento Energético que
será debatido en las audiencias públicas que se realizarán los días
martes, miércoles y jueves de la semana próxima.
Los que perderían el subsidio
Lo
que hizo el equipo de Guzmán fue tomar en cuenta datos geográficos y
socieconómicos para identificar a este universo de usuarios de mayor
poder adquisitivo. Aquellos que cumplan con alguno de los siguientes
criterios directamente perderán el subsidio:
Estar ubicado
dentro de “polígonos” de alta capacidad de pago identificados por el
Ente Nacional Regulación de la Electricidad.
Registro de barrios cerrados.
Tener ingresos superiores a 3,5 Canasta Básicas Totales de un hogar
tipo 2 del Indec, monto equivalente a 314 mil pesos en marzo.
Tener 3 o más inmuebles registrados.
Tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años.
Tener aviones o embarcaciones de lujo.
Cuáles son los barrios
El
documento que elaboró el subsecretario Santiago López Osornio, que
responde a Guzmán, no explicita cuáles son esos “polígonos” de alta
capacidad de pago que identificó el ENRE. No obstante, en febrero se
filtró la propuesta que elaboró el ENRE en colaboración con el Conicet y
allí decía que los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires que perderían
el subsidio eran aquellos ubicados en Puerto Madero y en gran parte de
los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Nuñez, una parte de
Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Devoto
y una zona de elevado valor en Caballito. En el Gran Buenos Aires, el
recorte alcazaba a una zona específica denominada “el bajo” integrada
por los partidos de Vicente López y San Isidro.
A ese listado le sumaban también 466 countries y otras urbanizaciones cerradas que ahora quedarían incluidas en el punto 2.
El
informe del ENRE había seleccionado esas zonas a partir de aplicar una
metodología de estadística espacial a las características del valor de
la vivienda. Esa metodología utilizó los precios por metro cuadrado de
las ofertas de venta para los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires y
los datos de la valuación fiscal de la tierra para la Provincia de
Buenos Aires. “A pesar de haber sido analizada en particular para el
caso de los subsidios a la energía eléctrica, el criterio de asignación
también resulta aplicable al servicio de gas natural”, asegura Economía
en el informe presentado para la audiencia pública.
Patrimonio e ingresos
En
el documento se afirma que los mecanismos que definen la asignación de
los subsidios en función de la ubicación del suministro en un área
determinada tienen un buen funcionamiento en áreas de alta concentración
poblacional donde se logra identificar conjuntos de población
relativamente homogéneos en relación a los ingresos, como es el caso del
AMBA, pero no resultan replicables en otras regiones más heterogéneas.
Es por eso que, como complemento de esa metodología, también se tomarán
en cuenta variables vinculadas con el ingreso y el patrimonio de los
titulares del servicio.
Los criterios que se consideraron más apropiados para alcanzar a un segmento
del 10 por ciento de mayores ingresos combinan el análisis de la información relativa
al
patrimonio y los ingresos disponibles en el Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social (SINTyS). Economía aclara en el informe que
el SINTyS “es el organismo encargado de coordinar el intercambio de
información patrimonial y social de las personas entre organismos
públicos asegurando su privacidad y confidencialidad de acuerdo a lo
establecido por la normativa de Protección de Datos Personales”. No
obstante, fuentes oficiales señalaron a Página/12 que para avanzar en
esta dirección se debería sancionar una ley o al menos el presidente
Alberto Fernández debería autorizarlo por decreto.
Qué pasa si hay errores
La
titularidad del servicio puede no coincidir con las personas usuarias
del servicio por no haberse realizado el cambio de titularidad,
encontrarse fallecido el titular, ser inquilinos del inmueble, etc.
También puede ocurrir que no se haya identificado con exactitud las
condiciones económicas del titular por diferencias entre la situación
actual y la registrada en las bases de datos utilizadas para definir la
asignación de segmentos de subsidios.
Si bien se aclara que la
actualización de las bases de datos debería ser permanente, Economía
señala que la autoridad de aplicación (no habla de las distribuidoras)
deberá contar con “un mecanismo ágil de reclamo y solicitud de
reconsideración del segmento de subsidios asignado”. Para ello se pondrá
a disposición un formulario web, una central telefónica de consultas y
atención presencial en organismos que ya participan de otros esquemas de
beneficios como lo hace actualmente la Anses con el Programa Hogar. “De
esa manera, se le permitirá a todas las personas presentar una
solicitud de reconsideración del segmento al que fueron asignadas”,
remarca el documento.
03/05/2022 (6643)
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