Una nueva denuncia de la Oficina Anticorrupción revela que el negociado
con la venta de terrenos del Estado durante el gobierno de Mauricio
Macri en subastas armadas para favorecer a amigos, conocidos y
aportantes a la campaña, fue todavía más grande de lo que se pensaba. El
organismo había denunciado la venta de siete parcelas en Puerto Madero a
precios un 30% inferiores a lo que establecía el Tribunal de
Tasaciones. Ahora resulta que ese tribunal tampoco hacía bien los
cálculos, lo que habría beneficiado con mayor margen a los compradores,
con precios desde 42 % menores respecto del valor real. Sólo por la
venta de las parcelas en Catalinas Norte la defraudación sería cercana a
los 90 millones dólares. El organismo que conduce Félix Crous, detectó
los mismos mecanismos de subvaluación en otros dos casos que había
denunciado: la transferencia de 12 inmuebles al Gobierno de Horacio
Rodríguez Larreta como contraprestación por las obras del Paseo del Bajo
y la de otros bienes estatales para realizar obras de urbanización y
apertura de calles en las playas ferroviarias de Palermo y Caballito.
Hasta
ahora el eje de las denuncias había estado enfocado en la actividad de
un grupo de exfuncionarios del gobierno de Macri: empezando por Ramón
Lanús, extitular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE), el exjefe de gabinete Marcos Peña y el exministro del interior,
Rogelio Frigerio, ya que ellos se ocupaban de poner a la venta o dar un
destino a los inmuebles de propiedad estatal, a quienes se sumaron
también el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el ministro de
Hacienda porteño Martín Mura, que intervinieron en los traspasos de
inmuebles en el caso del Paseo del Bajo. Ahora la OA pidió ampliar las
investigaciones que tramitan en Comodoro Py, en los juzgados de Julián
Ercolini y María Eugenia Capuchetti, para que analicen el papel del
arquitecto Julio Villamonte, presidente de la Sala A del Tribunal de
Tasaciones --que depende del Ministerio de Obras Públicas-- ya que
habría colaborado con los errores en los cálculos. Los delitos en juego
son incumplimiento de deberes de funcionario público y estafa a la
administración pública.
Ventas a precio vil
Las irregularidades
sobre la valuación de las parcelas en Puerto Madero fueron reveladas en
este diario por Raúl Kollmann. Eran siete terrenos en Catalinas, en la
zona más costosa de la Ciudad, que fueron otorgados a empresarios y
personas vinculadas a Macri en subastas donde casualmente aparecía un
único oferente o a lo sumo dos.
Entre los beneficiarios estaban, por
ejemplo, Consultatio S.A., vinculada a Eduardo Constantini y Carlos
Anibal Reyes Terrabusi, empresa que aportó 850.000 pesos a la campaña de
Macri. Terrabusi figura como socio de Jorge Alberto Blanco Villegas,
tío de Macri, y también aportantes con 1,8 millones de pesos. Según los
cálculos actualizados de la OA, a esa firma se le otorgaron tres
terrenos por valores inferiores a los reales en un 20,97%, 33,33% y
43,22%. TGLT, el conglomerado que absorbió a la constructora de Nicky
Caputo, amigo del expresidente, tuvo dos adquisiciones con precios
inferiores al llamado valor venal en 42,16% y 43,22%. Un fideicomiso
llamado BAP, de Edmond Safra, obtuvo dos parcelas a 20,8% y 17,83 %
menos. Safra es primo hermano de Eduardo Cohen Watkins, dueño de la casa
en el country Cumelén de Villa La Angostura donde vacaciona el
expresidente. También es dueño del Banco Safra, donde Gianfranco Macri
tenía los millones no declarados que blanqueó. Otra beneficiaria de los
valores disminuidos es una firma del grupo Techint.