LA CONFEDERACIÓN
de Radios y Medios de Comunicación de Argentina
Morel ante la justicia: admitió que recibió 13 millones del Grupo Caputo
Su explicación es que no tenía capacidad de confeccionar la cantidad de
cosas que le pedían, que tercerizó el trabajo y que la mitad se la
pagaban en negro. Lo más inverosímil de su relato llegó a la hora de
explicar cómo lo había contactado la empresa de la familia del
exministro de Finanzas del macrismo, Luis "Toto" Caputo.
El detenido
contó que Rossana Caputo --una de las hermanas-- pasó un día por su
taller vio algo que le gustó le encargó dos mesitas ratonas y dos
barras. Parece que una mesita se le rompió, lo llamó para que fuera a su
casa a arreglarla y ese día le propuso hacer cerca de 150 mesitas de
luz y respaldos de camas.
La investigación del financiamiento
El
tono de la declaración de Morel era el de alguien que pretendía
mostrarse dispuesto a colaborar y sumar datos. La gran sospecha en este
punto, el del dinero, es si su agrupación, que protagonizó una larga
lista de actos, protestas y eventos violentos, recibía financiamiento de
algún sector de la política.
Desde el primer momento, fue dudoso
que alguien que se puso una carpintería en Boulogne el año pasado fuera
contratado por una empresa de la envergadura de Caputo Hermanos, justo
ligada a la familia del exministro, y para una obra en Neuquén, a más de
1000 kilómetros de distancia. ¿Tan buenos eran los muebles? ¿O tan
convenientes en precio? ¿Y se los encargó una decoradora que pasó de
casualidad por la puerta de la carpintería y entró?
Por más que Morel
efectivamente haya hecho de intermediario para un encargo grande de
muebles, hay aspectos que no cierran y la carpintería pudo haber sido un
canal de financiamiento igual. Los datos de los proveedores estarían ya
identificados pero ahora Pollicita y Martínez de Giorgi ordenarán una
serie de medidas de prueba para cotejar todo: la participación de esas
firmas, el traslado en un camión a Neuquén, entre otras cosas, qué pasó
con el dinero.
Hasta ahora se conocen transferencias por algo más de
8 millones recibidas por el propio Morel, su socia y su ex pareja.
Estas dos últimas se inscribieron este año como monotributistas y
emitieron para este trabajo las facturas número 1 de sus respectivos
talonarios virtuales. Morel ofreció la clave de su celular con dos
propósitos: dijo que tiene guardada información sobre este negocio que
puede respaldar lo que dice y que verán que no enviaba mensajes
violentos ni de odio.
El abogado de Caputo Hermanos, Matías Cúneo
Libarona, dijo en tribunales que se estaba persiguiendo a los hermanos
del exfuncionario por "portación de apellido". En una presentación en el
juzgado de Martínez de Giorgi, dijeron que habían contratado a la
carpintería de Morel a través de los fideicomisos Espacio Añelo y Santa
Clara Sur, y entregaron facturas y documentación.
En las facturas
las descripciones son genéricas: "servicio de carpintería". Alguna dice
"banquetas y sillas" y hay un listado donde figura la entrega de la
carpintería de mesitas, respaldos de cama, percheros y aparecen otros
objetos como colchones, almohadas y cortinas. Morel sugirió al declarar
que también gestionó esas cosas.
Odio, amenazas, violencia. "No tengo
la culpa de que un loco haya querido matar a la vicepresidenta", dijo
Morel. Cuando le tocó hablar del núcleo de la acusación del fiscal, que
está relacionado precisamente con las actividades filonazis de
Revolución Federal, usó un argumento sumamente débil, porque negó lo que
está registrado por todos lados. "Nunca hablé de matar. Tampoco
hablamos de usar la fuerza o hacer daño", quiso defenderse. Pero sus
expresiones violentas y amenazantes están grabadas. El contenido de las
reuniones que hacía el grupo en las redes sociales está descripto con
lujo de detalles en el dictamen de Pollicita donde pide la detención.
"Hay
que matarlos", decía Morel respecto de la gente que iba a apoyar a
Cristina Fernández de Kirchner a su casa en Recoleta tras el pedido de
12 años de cárcel e inhabilitación perpetua del fiscal Diego Luciani en
la causa Vialidad. Sobre CFK llegó a expresar que lamentaba que lo
conocieran "los nenes de La Cámpora" porque si no se "infiltraba" entre
los manifestantes, cantaba "la marcha peronista 7 días", "y pasa la
historia, después me linchan, pero pasa a la historia". "(Victoria)
Donda, vas a tener el mismo destino que tus viejos, hija de puta", le
gritó a la titular del Inadi también, entre otros tantos ejemplos.
La
escalada hacia el atentado. El fiscal Pollicita incluso estableció un
nexo entre la seguidilla de acciones de Revolución Federal y el intento
de asesinato de la vicepresidenta. Dijo: "El grupo Revolución Federal,
organizado por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, del que luego tomaron
parte también Gastón Guerra y Sabrina Basile, al planificar, coordinar y
difundir distintos tipos de mensajes de odio, escraches, actos
intimidatorios y manifestaciones, llegando a utilizar incluso antorchas
en la vía pública arrojadas junto con bombas de estruendo contra la Casa
de Gobierno, se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis
económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la
sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente
resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidente de la Nación,
el pasado 1 de septiembre". Según la versión edulcorada de Morel, había
encontrado un grupo afín, que no pretendía hacer daño ni tenía
financiamiento, y que constaba de unas 40 personas. Las redes, trasladó
la responsabilidad, las manejaba según su versión Leonardo Sosa, otro de
los detenidos. Dijo que el grupo dejó de funcionar y reunirse como
Revolución Federal después del atentado contra la vicepresidenta. Habrá
que ver si se encontraban en grupos menores o planeaban otras cosas.
Pero señaló que resolvieron no volver a salir a la calle como
organización. Los otros detenidos: Tanto a Morel como a Sabrina Basile,
Gastón Guerra y Sosa, Pollicita pidió imputarles incitación a la
violencia, instigación a cometer delitos y organizar o formar parte de
agrupaciones permanentes o transitorias que tengan por objeto imponer
sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza. Todo esto agravado por la
ley contra la discriminación, en este caso por ideología o razones
políticas.
La única que, además de Morel, aceptó contestar
preguntas, fue Basile, hija de Alfio "Coco" Basile, ex DT de la
selección. La mujer dijo que conoció al grupo de Revolución Federal el 3
de julio en una protesta en la Quinta de Olivos, el día que el gobierno
terminó suspendiendo la conferencia que anunciaría la asunción de
Silvina Batakis en Economía. Dijo que ella considera que ejerció el
derecho a la protesta y que no tuvo intenciones desestabilizadoras, ni
de hacer daño. A su entender, la agrupación no tenía financiamiento y
tenía un funcionamiento algo anárquico. Sosa y Guerra se negaron a
declarar. fueron representados por la abogada Gladys Egui, que ejercía
su defensa en causas ligadas a acciones de Revolución Federal: Sosa fue
detenido cuando fue con un grupo a provocar a los manifestantes que iban
a dar apoyo a CFK (el episodio es investigado por el juez Ariel Lijo
porque, además, llevaban bombas molotov). Guerra tiene una causa por
golpear el auto que trasladaba a Sergio Massa. Egui le alquiló una
habitación a Ximena Tejanos Pinto, la famosa vecina de la
vicepresidenta, cuya casa también visitaron Guerra y Sosa. Guerra se
sacó ahí una selfie en el balcón el 28 de agosto, cuatro días antes del
intento de magnicidio, y la subió a las redes con esta frase: "Pensar
que debajo de mis pies está la mafiosa más grande de la nación Argentina
#VanACorrer…” Ese hashtag era muy utilizado por la organización para
infundir miedo. Todo esto lo recuerda Pollicita en su dictamen. Los
cuatro pidieron la excarcelación. El juez deberá resolver en las
próximas 24 horas.
22/10/2022 (6975)
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