Los agentes de la PSA realizaron la inspección por orden del juez
federal Marcelo Martínez De Giorgi. El fiscal Gerardo Policita le había
solicitado "órdenes de presentación con allanamiento en subsidio" sobre
once inmuebles vinculados a Caputo Hermanos S.A. y a empresas y
proveedores invocados por esa firma y por Morel, quien está procesado
junto a otros tres miembros de la agrupación.
"Corresponde disponer
el registro domiciliario a realizar en el día de la fecha en el edificio
cuya construcción tuviera por objeto el fidecomiso Espacio Añelo,
ubicado en la intersección de la Ruta Provincial 7 y 17 de la localidad
de Añelo de la provincia de Neuquén, a los fines de lograr inspeccionar
las unidades que conforman dicha edificación, únicamente con el objeto
de determinar si en aquellas se registra la totalidad del mobiliario
descripto en el remito de fecha 16/08/22, aportado por Caputo Hermanos
el pasado 19 de octubre", indicó el juez en su resolución.
Los
agentes se limitaron a verificar qué muebles estaban en el lugar y a
tomar medidas de los mismos, para luego comparar los resultados con los
datos documentados. De acuerdo con el remito deberían hallarse en el
lugar 144 respaldos de cama, 144 mesas de luz, 60 mesas ratonas, 24
mesas de comedor rectangulares, 24 barras desayunadoras, 12 mesas de
comedor redondas, 60 racks de tv, 60 percheros, 144 bases de somier de
una plaza, 144 colchones de una plaza, 144 almohadas, 108 sillas
“master” negras, 48 banquetas, 144 veladores, 72 cortinas black out, 36
cortinas de tela translúcida y 36 sillones de dos cuerpos. Como se
informó, Caputo Hermanos argumenta haber contratado a la carpintería de
Morel, sin experiencia en el rubro y ubicada a más de mil kilómetros del
emprendimiento. Morel, quien asegura haber aprendido el oficio con
tutoriales de YouTube el año pasado, alega haber tercerizado la
provisión de muebles, dado que no contaba con capacidad para
producirlos. El propio Morel y sus compañeros de RF Leonardo Sosa,
Sabrina Basile y Gastón Guerra están procesados bajo la acusación de
haberse organizado para llevar a cabo "un plan criminal, que tuvo por
objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el
temor", que incluyó la proliferación de consignas violentas en redes
sociales y la multiplicación de manifestaciones en las calles con el
objetivo de intimidar a dirigentes políticos y militantes principalmente
ligados al oficialismo. Al procesarlos, el juez consideró que
"atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a
los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública
necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho". Y advirtió
que sus acciones y discursos participaron del clima de odio y violencia
que derivó en el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Es
necesario el desarrollo de la correspondiente profundización de la
investigación al respecto, en pos de reconstruir los sucesos acontecidos
en la realidad, determinando si existió una vinculación de la sociedad
en sí al financiamiento del accionar ilícito del grupo o si, de
contrario, efectivamente la versión de los hechos adoptada por Morel
resulta veraz", sostuvo el fiscal Pollicita al requerir las medidas para
investigar el origen de los recursos de Revolución Federal. La versión
de Morel es que todo el dinero que le ingresó desde Caputo Hermanos
sería exclusivamente como contraprestación de los servicios comerciales
brindados desde su carpintería en Boulogne, provincia de Buenos Aires,
para el fideicomiso Espacio Añelo. "Lo cierto es que las sumas de dinero
aportadas por el fideicomiso Espacio Añelo durante el año 2022 se
dieron principalmente entre los meses de mayo y agosto, esto es el
período en el que no sólo la agrupación Revolución Federal inició su
actividad pública como tal, sino también durante el lapso temporal en el
que desplegó sus acciones más violentas", resaltó el fiscal en su
escrito. Audiencia: La Cámara Federal convocó para el 23 de noviembre
próximo a una audiencia para tratar los recursos de los cuatro
militantes de Revolución Federal procesados por Martínez de Giorgi. Los
camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi convocaron
a las partes, pero aún no está definido si la audiencia será presencial
o por vía remota. Los cuatro imputados estaban detenidos hasta que la
propia Cámara Federal resolvió excarcelarlos.