Hasta ahora vicepresidenta, la abogada de 60 años debe conformar en las
próximas horas su primer gabinete ministerial y someterlo a la
aprobación del Congreso, lo que permitirá tomar el pulso a la
orientación de su Gobierno y vislumbrar sus posibilidades de sobrevivir a
la tormenta política que la acecha desde el parlamento.
Tras una
sucesión de anuncios que en pocas horas sacudieron la institucionalidad
de Perú, Boluarte fue juramentada como la primera mujer presidenta del
país y dejó claro que aspira a cumplir todo el período, hasta julio de
2026. Sus decisiones iniciales serán cruciales para saber si alcanzará
ese objetivo, o si deberá resignarse a dar un paso al costado y pedir
elecciones generales anticipadas. En sus primeras palabras como jefa del
Gobierno peruano, llamó a la «unidad nacional y exhortó a dejar de lado
las ideologías, en tácita alusión al enfrentamiento que marcó a fuego
la relación entre el gobierno de izquierda de Castillo y el Congreso,
dominado por la derecha.
Luego lanzó un guiño a la Organización de
los Estados Americanos (OEA): Hago un pedido muy concreto a la
representación nacional, solicito una tregua política para instalar un
Gobierno de unidad nacional. A inicios de diciembre, una misión de la
OEA que monitorea la crisis política peruana había pedido una tregua de
100 días entre el Ejecutivo y Legislativo que no llegó a ocurrir. Perú
vivió ayer horas de vértigo que terminaron con Castillo detenido por la
noche en una base policial al este de Lima, acusado en flagrancia del
delito de rebelión. Poco antes de que el Congreso debatiera su tercer
intento para sacar al presidente del poder en 16 meses, este denunció
que era blanco de «un ataque sin cuartel por parte del Parlamento,
anunció su disolución y un toque de queda, y dijo que gobernaría por
decreto. La decisión fue calificada de golpe de Estado por sectores del
país. Sin embargo, las fuerzas armadas y la Policía no lo apoyaron, y el
Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo. Desde que asumió
la Presidencia en julio de 2021, Castillo, de 53 años, vivió bajo el
asedio del Congreso y la Fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta
organización criminal que reparte contratos públicos a cambio de dinero.