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La Corte, en silencio; el Consejo de la Magistratura, paralizado
Sin embargo, a nivel institucional, por ahora todo es silencio. La
Asociación de Magistrados no se pronunció. Tampoco lo hizo la Corte
Suprema pese a que se esperaba al menos algún gesto por parte del máximo
tribunal. El Consejo de la Magistratura, que debería tramitar las
denuncias, está paralizado. Como contracara, empezaron a crecer los
reclamos para que los magistrados no sigan formando a nuevas
generaciones de abogados.
Los chats judiciales estallaron durante el
fin de semana. Empezaron a circular los links a la web Patagonian Facts,
donde estaban publicados los dos grupos de Telegram –”Operación Página
12” y “Donatto contraataca”--. En general, había mensajes de
desaprobación intercalados con propuestas de salir a desmarcarse del
cuarteto para que la ya muy dañada imagen judicial no siguiera sumando
manchas.
En los tribunales de Comodoro Py, todos hablan del escándalo
de los chats. Nadie cuenta haber tenido contacto con el juez federal
Julián Ercolini –uno de los protagonistas del intercambio en el que se
buscaba justificar un viaje a Lago Escondido que habría sido financiado
por el Grupo Clarín--. A Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la
Cámara Federal de Casación Penal, lo vieron en las últimas horas en
audiencias que se celebraron en el primer piso de los tribunales de
Retiro. Los dos son integrantes del grupo de los “huemules” –como así se
denominaban en los mensajes que compartían– que también conformaban el
juez en lo penal económico Pablo Yadarola y su colega de contencioso
administrativo Pablo Cayssials.
No hubo demasiado quórum a la hora de
decir algo. En la Asociación de Magistrados –que dirige Marcelo Gallo
Tagle y que hace pocas semanas libró una batalla a capa y espada contra
el pago de ganancias– dicen que por el momento no habrá comunicado. La
justificación es que hay una investigación penal en curso en la
jurisdicción de Bariloche. Más allá de lo que resulte en los tribunales,
la revelación apunta a prácticas reñidas con la ética de sus asociados.
Una
de las listas de la Asociación de Magistrados, Compromiso Judicial,
sorprendió con un pronunciamiento celebratorio de la sentencia que dictó
el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 contra Cristina Fernández de Kirchner y
otros. Según la agrupación en la que participa el juez Jorge Gorini,
“infundadamente agravian al tribunal poniendo una vez más en peligro el
funcionamiento de nuestro estado republicano y democrático”. El
comunicado cayó mal entre algunos integrantes de la lista. “Las condenas
no se celebran”, comentaba un juez insospechado de tener simpatías con
el kirchnerismo.
La Unión de Empleados Judiciales de la Nación
(UEJN), que lidera Julio Piumato, emitió un fuerte comunicado que
repudia a los magistrados viajeros. “Cuatro jueces que –con su accionar–
ponen en jaque todo el sistema”, dice el sindicato que también reprobó
la filtración a la que calificó de ilegal y salió al cruce de la
acusación de ser una mafia que lanzó CFK el martes desde su canal de
YouTube, después de recibir la condena a seis años de prisión e
inhabilitación perpetua en la causa “Vialidad”, que tramitó en el
juzgado de Ercolini. En el mundo académico circulan hace días pedidos
para que los cuatro jueces dejen las aulas. En particular se focalizan
en Ercolini, que es el director de la especialización en Administración
de Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
(UBA).
En las últimas horas, la exjueza Lucila Larrandart le envió
una nota al fiscal Mario Villar, que dirige el Departamento de Derecho
Penal y Criminología de la UBA, pidiendo que se expida públicamente
sobre la inconducta de Ercolini. “Esta falta de integridad ética resulta
totalmente incompatible con los fines y principios de nuestra
Universidad Pública, y genera una profunda preocupación por las
consecuencias que podría traer aparejada en la formación ética de los
estudiantes –de grado y posgrado- de esta casa de estudios, mancillando
no sólo los principios universitarios sino también los principios que
enseñamos desde el Departamento de Derecho Penal y Criminología como
base misma del Derecho Penal y Procesal Penal, ambos apéndices
constitucionales”, sostuvo la jurista.
Uno de los datos relevantes es
que la carta de Larrandart llegó con la adhesión del presidente de la
Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, que ya el mismo
lunes había dicho públicamente que la filtración dejaba en evidencia una
degeneración del sistema de justicia. Días antes, Slokar había sido
destinatario de una carta del Papa Francisco en la que se apuntaba a la
ética de los jueces. Por su parte, la Asociación Argentina de Profesores
de Derecho Penal (AAPDP), que preside el titular de Casación, también
repudió a los viajeros en un comunicado en el que habló de "inconducta
notoria" e "indignidad moral".
En el máximo tribunal penal del país,
el tema probablemente surja en los próximos días, cuando los jueces
deberán reunirse en plenario para decidir quién reemplazará a Slokar al
frente del cuerpo. Casación fue un tribunal muy sacudido por los
escándalos en los últimos meses después de que se conocieran las visitas
que solían hacerle Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a Mauricio Macri. A
nivel interno también calaron hondo los mensajes misóginos de Juan
Carlos Gemignani. En general, no hubo reproches a los colegas, con la
excepción de Slokar, Ana Figueroa y Ángela Ledesma.
La desaprobación
no únicamente se sintió en el ámbito del derecho penal. El excamarista
laboral y expresidente de la Asociación de Magistrados –por la Lista
Celeste– Juan Carlos Fernández Madrid le escribió, por su parte, al
decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara. “Considero
que ninguno de los jueces involucrados en el episodio de Lago Escondido
está en condiciones morales de continuar al frente de cursos en la
Facultad de Derecho de la UBA”, afirmó.
08/12/2022 (7079)
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