A dos años de la Ley de Medios de la democracia
En materia de radiodifusión, ese proceso arrancó con la conformación de
los multimedios a partir de las privatizaciones de 1989 y finalizó con
la más alta concentración que conociera nuestra historia.
En un estudio publicado por Martín Becerra y Guillermo Mastrini se
señala que las cuatro mayores empresas de medios y entretenimiento de
América Latina (Globo de Brasil, Televisa de México, Cisneros de
Venezuela; Grupo Clarín de Argentina) retienen el 60% de la rentabilidad
total de los mercados y de las audiencias.
El economista Smir Amin ha señalado que los centros hegemónicos de poder
se constituyen a partir de cinco monopolios: el del control de la
tecnología, el del control de los flujos financieros, el del acceso a
los recursos naturales, el de la posesión de las armas de destrucción
masiva y el del control de la palabra y la opinión de los medios.
En efecto, el control de la palabra es clave para el neoliberalismo. El
ex colaborador de Bill Clinton y hoy presidente de una consultora de
negocios globales, David Rothkopf, afirmó que, para los Estados Unidos,
“el objetivo central de una política externa en la era de la información
debe ser ganar las batalla de los flujos de información mundial, de la
misma forma en que Gran Bretaña reinaba antiguamente sobre los mares.”
Gramsci llamaba a la utilización de los medios por un grupo social como
el “consenso hegemónico”, es decir, la prevalencia de la opinión de un
pequeño grupo sobre el resto, a partir del manejo de la opinión pública.
En nuestro país, durante los ’90, el interés de los grupos concentrados
penetró en el argentino medio a través de la estigmatización del
personaje de doña Rosa auspiciado por las empresas a las que les
interesaba un determinado modelo de país.
Finalmente, se logró imponer el “consenso hegemónico” de un grupo sobre
el resto de la población, se hicieron las privatizaciones, se enajenó el
patrimonio nacional y a doña Rosa le congelaron la jubilación, sus
hijos perdieron el trabajo y sus nietos quedaron fuera del sistema.
Entonces, cuando hablamos de democratizar la palabra, estamos hablando
de democratizar el poder. Lo que estuvo en discusión en la Argentina fue
el ejercicio del poder. Cómo y quien construye el discurso, quien hace
el relato para que luego se tomen las decisiones.
En definitiva, se debatió quien gobierna. Si las grandes corporaciones
en beneficio propio o el pueblo a través de sus representantes.
Con la sanción de la Ley de Medios, el gobierno enfrentó el monopolio de
la palabra, para democratizarlo, y por ese motivo se generó una
polémica que excedió largamente la discusión de una norma. A toda costa
se quería frenar la posibilidad de generar otros puntos de vista con
multiplicidad de opiniones, para que el pueblo siga siendo un simple
consumidor y no, ciudadanos con derechos.
Hoy tenemos cosas para festejar.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está en plena ejecución,
independientemente de las batallas judiciales que habrá que seguir
dando. La propia ley establecía plazos para su aplicación gradual y se
están cumpliendo.
En pocas semanas se van a licitar 220 canales de TV digitales,
comerciales y no comerciales, que sumados a los canales públicos
universitarios y provinciales van a multiplicar la actual oferta de
canales de aire, por siete. Esto, por sí sólo es un cambio definitivo en
materia de comunicación, el mayor que se conozca, ya que todas las
regiones del país van a contar con multiplicidad de ofertas, voces
diferentes y diversidad cultural.
Pero a ello hay que sumarle una política pública enmarcada en la
Televisión Digital Argentina (TDA), que está llevando desde la
plataforma pública estatal más de una docena de canales de aire
gratuitos, que cubrirán el 75% de los hogares por TDT y el resto de
manera satelital.
Por primera vez, todos van a tener múltiples ofertas gratuitas, y de calidad.
Además, con las cuotas de producción propia y local que exige la ley, y
el banco de contenidos que está desarrollando el gobierno, no sólo se
federalizan la producción y emisión de esos contenidos sino que se
genera empleo en cada lugar, reforzándose la identidad como motor de la
diversidad.
No sólo cambiamos la ley de la dictadura para tener una ley democrática,
a la vanguardia en materia de derecho a la comunicación; sino que
recuperamos los símbolos de la democracia dando los debates que había
que dar a los factores de poder.
La ley es un punto de partida, el punto de llegada está en el horizonte,
en el lugar de los sueños, de las utopías. Sólo queda seguir marchando,
seguir avanzando para consolidar una democracia más justa, más
participativa.
Una democracia para todos.
Por Gustavo López
Subsecretario general de la Presidencia
columna publicada en Tiempo Argentino