En su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, Pietragalla denunció
"la práctica del lawfare impulsada por sectores del Poder Judicial, la
oposición política y sectores concentrados del poder económico y
mediático" e indicó que "constituye una práctica violatoria de los
derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales,
de la agenda política y la opinión pública".
En su presentación, la
Secretaría de Derechos Humanos reconoció que no hubo cambios en el Poder
Judicial desde que llegó a la Casa Rosada, ya que "la persecución
política en sede judicial se encuentra plenamente vigente" y puso como
ejemplos los casos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y
el de la dirigente social Milagro Sala. También relató que no se logró
designar un procurador en lugar del interino Eduardo Casal, no se pudo
avanzar con la llamada reforma judicial ni la del Consejo de la
Magistratura ni con la ampliación de la Corte.