LA CONFEDERACIÓN
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La fake news sobre la denuncia del lawfare en la ONU
Este viernes, el país terminó de rendir un examen en Ginebra ante el
Consejo de Derechos Humanos. De las 287 recomendaciones que recibió,
sólo cuatro estuvieron enfocadas en la justicia: Bolivia que saludó la
denuncia del lawfare, Chile que se pronunció en sintonía con el gobierno
argentino, Eslovaquia en términos similares y Alemania que pidió por la
independencia de jueces y fiscales. Sin embargo, la delegación alemana
estaba haciéndose eco de un informe de Naciones Unidas de finales de
2019 en el que se denunció el plan de hostigamiento del gobierno de
Mauricio Macri hacia aquellos magistrados que no comulgaban con sus
ideas.
El lunes, el secretario de Derechos Humanos de la Nación,
Horacio Pietragalla Corti, encabezó el Examen Periódico Universal (EPU)
que debe rendir el país cada cuatro o cinco años. En su discurso
denunció la persecución judicial hacia la vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner y hacia la dirigente social Milagro Sala. Además,
mencionó la pérdida de credibilidad del Poder Judicial --en momentos en
que el país debate el juicio político a los cuatro integrantes de la
Corte Suprema--.
A las horas, la oposición instaló que Naciones
Unidas había pedido por la independencia de la justicia. Sin embargo, en
realidad, se estaban haciendo eco de un comentario escueto de la
delegación alemana.
Lo que sucedió es que Alemania tomó en
consideración el informe que en 2019 remitió el relator para la
Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, después de
reunir denuncias sobre los desmanejos de la administración Cambiemos con
la justicia.
“Contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos
medios de comunicación, en el caso de Alemania, resalta la necesidad de
reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e
investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una
comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la
Independencia de Magistrados y Abogados de 2019, que también fue
incorporada por Argentina en su informe”, informó la Secretaría de
Derechos Humanos.
“En esa comunicación, el relator advertía que el
gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) había llevado adelante ‘actos de
intimidación y presión’ a los diversos órganos que componen el sistema
judicial argentino, como el Ministerio Público y el Consejo de la
Magistratura, y que estos ‘habrían socavado su independencia,
obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones
que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a
los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la
voluntad del Ejecutivo’”, agrega la comunicación oficial.
En 2019,
García Sayán había expresado su preocupación ante lo que se denunció
como un plan sistemático de acoso a quienes no se alineaban con Macri
dentro de la justicia: desde la procuradora Alejandra Gils Carbó
--forzada a renunciar-- hasta el juez Alejo Ramos Padilla --que entonces
investigaba el espionaje macrista-- pasando por la fiscal Gabriela
Boquin, hostigada por pretender que la familia Macri pague lo que
corresponde por la deuda del Correo Argentino.
27/01/2023 (7186)
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