La firma supuestamente se dedica a la actividad agropecuaria, pero de
eso no hay constancias en actas ni balances, donde en realidad aparecen
pérdidas. El organismo que dirige Ricardo Nissen plantea que la
finalidad real no es producir o prestar bienes y servicios sino
disfrazar el patrimonio de Lewis en la Patagonia. La nueva presentación
judicial señala que el viaje para disfrutar de sus instalaciones de un
grupo de jueces, funcionarios y empresarios confirma las anomalías. "La
actividad turística constituye un acto notoriamente extraño al objeto
social de dicha sociedad", señala la presentación.
El pedido de
intervención fue presentado ante el juzgado comercial 26, a cargo de
Diego Paz Saravia. El año pasado el magistrado rechazó los planteos de
la IGJ, que ahora introduce hechos novedosos a raíz del chárter
político-judicial-mediático a la suntuosa estancia de Lewis. Por lo
pronto, para justificar su presencia en el lugar, después de que este
diario revelara la existencia de ese viaje, en la causa judicial que se
abrió en Bariloche (ante la sospecha de delitos de dádivas, cohecho,
tráfico de influencias, falsedad de documento, entre otros) se
presentaron facturas como si cada quien se hubiera pagado lo suyo. Los
jueces y funcionarios no pueden recibir invitaciones de privados y, en
este caso, la sospechas apuntan a una posible dádiva que involucra a
Lewis y al grupo Clarín. El hecho es que la Inspección de Justicia
requirió documentación a "Hidden Lake" para que explique si hubo cambio
de accionistas y entregue actas asamblearias que den cuenta de su
actividad.
"Nunca la sociedad Hidden Lake SA se dedicó al objeto
hotelero, turístico o a la enseñanza o la práctica de pesca –-con o sin
mosca--", señaló la IGJ. Incluía una alusión irónica a los chats donde
los jueces y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo
D'Alessandro, entre otros, aparecían inventando excusas, como la pesca
con mosca (pese a no ser la época) para explicar qué habían ido a hacer a
Lago Escondido. El organismo da cuenta de que la sociedad de Lewis dio
una respuesta deficiente a su requerimiento de información: faltan el
contenido de actas de directorio y las presentadas no refieren a
operaciones; no consta la aprobación de los estados contables de 2020,
por ejemplo; Hidden Lake asegura que no hizo cambios de accionistas y
que no tiene vinculación comercial con el grupo Clarín. Como
representante legal firma Nicolás Van Ditmar, que no es abogado. Fue
quien recibió al contingente judicial.
La IGJ insiste en que hay
anomalías de origen en la sociedad de Lewis, que nunca fue tal sino que
es solo titular de bienes del multimillonario. Nunca dio cuenta de
reales actividades agropecuarias. Las actas de directorio de distintas
épocas no dan cuenta de ninguna actividad. Tuvo su capital accionario a
nombre de sociedades off shore no declaradas aquí, la administración no
estuvo en manos directores sino de terceros (algo prohibido por la ley
de sociedades). El propio Lewis absorbió gastos (algo que tampoco está
permitido) con sus sociedades ficticias en Bahamas, nunca informó de su
participación en otras sociedades existentes. Arrojaba pérdidas en el 90
por ciento de sus ejercicios, nadie reclamaba nada, y por escrito decía
que se sostenía con aportes de accionistas y de terceros. Nadie
percibió dividendos. Su sede está en la Ciudad de Buenos Aires, a 1500
kilómetros de distancia. Todo el despliegue de Lewis y las anomalía
señaladas implican, dice la IGJ, un "inadmisible agravio al concepto
mismo de soberanía nacional que no puede perdurar en el tiempo".