«Estamos ante un presidente (…) que, por un ego inflado, quiere
demostrar que es capaz de aprobar una reforma independientemente de la
opinión pública», algo «peligroso», advirtió el líder del sindicato CGT,
Philippe Martinez, en la radio RTL.
Las dos medidas que cristalizan
el descontento son el retraso progresivo hasta 2030 de la edad de
jubilación de 62 a 64 años y el adelanto a 2027 de la exigencia de
cotizar 43 años -y no 42 como ahora- para cobrar una pensión completa.
El Ejecutivo francés defiende una reforma necesaria para evitar un
futuro déficit en la caja de las pensiones y para acercar la edad de
jubilación en Francia, una de las más bajas de la Unión Europea (UE), a
la de sus vecinos.
Amparados en altas cifras de rechazo a la medida y
tras la mayor manifestación contra una reforma social en tres décadas,
con entre 1,27 y 2,8 millones de personas en las calles el 31 de enero,
los sindicatos libran su ofensiva con paros y protestas pacíficas.
El
servicio de trenes y el transporte público de París estaban hoy
«perturbados», aunque menos que en protestas anteriores, mientras que un
vuelo de cada cinco tuvo que ser anulado en el aeropuerto parisino de
Orly, dijeron autoridades.
«Salgo mucho antes. Es una verdadera
organización, alrededor de una hora y media para tener un tren. Es la
tercera vez en pocos días y ya empezamos a saber qué hacer», dijo Sydsa
Diallo, de 36, en una estación de la región de París, a la agencia de
noticias AFP.
Mantener el apoyo y la movilización es clave para los
sindicatos. Las autoridades calculan que las marchas de hoy reunirán a
entre 900.000 y 1,1 millones de personas. El Gobierno anunció el
despliegue de 11.000 policías y gendarmes.
Laurent Berger, líder del
principal sindicato, CFDT, llamó al Gobierno a escuchar a los
manifestantes: «¿Cuál sería la perspectiva si no responde? ¿Necesitamos
la indignación, la violencia y la ira para que se nos escuche?», se
preguntó en una entrevista con el diario La Croix.
Sus llamados por
el momento no encontraron eco en el Parlamento. Ayer, en la primera
jornada de debate en el pleno de la Asamblea Nacional, 292 diputados
votaron en contra y 243 a favor de una moción de la izquierda que pedía
la retirada de la reforma.
«Es la reforma o la quiebra» del sistema
de reparto, les había advertido el ministro de Cuentas Públicas, Gabriel
Attal. La caja de las pensiones enfrentará un déficit de unos 14.600
millones de dólares en 2030, según el Gobierno.
Aunque la reforma es
una promesa electoral de Macron, los observadores estiman que su
reelección en 2022 se debió en gran parte al deseo de los electores de
evitar la victoria de su rival en el balotaje, la ultraderechista Marine
Le Pen.
Semanas después, el oficialismo perdió su mayoría absoluta
en la Asamblea. Ahora busca los votos de la oposición de derecha de Los
Republicanos (LR) para aprobar la reforma, ante la negativa de Le Pen y
de la izquierda.
En una concesión de última hora, la primera
ministra, Elisabeth Borne, anunció que las personas que empezaron a
trabajar entre 20 y 21 años podrán jubilarse con 63 años, pero sin
lograr convencer a todos los diputados de LR.
El Gobierno, decidido a
sacar adelante la reforma pese al rechazo popular, usó un procedimiento
parlamentario que limita el tiempo de debate en la Asamblea y en el
Senado.
Después que la pandemia obligara a retirar un primer intento,
el Gobierno escogió una maniobra que le permite aplicar el actual plan
si las dos Cámaras del Parlamento no se pronuncian para finales de
marzo.
Si para el 26 de marzo, las dos Cámaras del Parlamento no
lograron pronunciarse, el gobierno de Macron podrá aplicar su reforma
por ordenanza.
Desde su llegada al poder en 2017, Macron defendió su
voluntad de «sacudir» el sistema con sus reformas de corte liberal, que
en ocasiones le valieron una imagen de «presidente de los ricos», como
durante la protesta social de los chalecos amarillos, el movimiento
social que sacudió a Francia y países vecinos en 2018 en reclamo de
mejores salarios.