Así lo estableció una resolución de la Jefatura de Gabinete publicada
este lunes en el Boletín Oficial. Se trata de la Resolución 228/2023 que
lleva la firma del jefe de Gabinete, Agustín Rossi. La decisión se basa
en el artículo 77 de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación
Audiovisual que garantiza el derecho al acceso universal – a través de
los servicios de comunicación audiovisual – a los «contenidos de interés
relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u
otro género o especialidad».
«No hace falta desarrollar extensamente
lo que significa la práctica del fútbol para los y las habitantes de la
República Argentina y, menos aún, por su proximidad en el tiempo, la
importancia que adquirió la obtención por parte de la selección
masculina de fútbol del campeonato del mundo en la ‘Copa Mundial de la
FIFA Qatar 2022’, que significó el tercer título mundial en su
historia», señala la norma en sus considerandos.
Selección Argentina
Según
se informó oficialmente, la resolución fue dispuesta luego de que, el
pasado 9 de marzo, la empresa Torneos y Competencias informara que «no
vendería los derechos» y que, en consecuencia, «los encuentros amistosos
de la Selección sólo podrían ser vistos a través de la señal de cable
privada TyC Sports de la cual el Grupo Clarín es uno de sus accionistas
mayoritarios».
Para que todos puedan ver a la Selección argentina
«Ante
la indudable expectativa que genera en nuestra sociedad la posibilidad
de ver al equipo campeón del mundo y el reconocimiento de que la
transmisión de los partidos por un canal privado no garantiza el derecho
al acceso universal, el Gobierno nacional insistió en las negociaciones
para que el grupo empresario revirtiese su posición», aseveraron las
fuentes.
En este sentido, señalaron que «ante la tajante negativa y
la clara afectación derechos, el jefe de Gabinete resolvió declarar
‘eventos deportivos de interés relevante’ a todos los partidos de la
Selección Argentina de Fútbol que se disputen durante este año».
«Esta
decisión garantiza el derecho de acceso universal a los contenidos de
los partidos y habilita al gobierno a aplicar las penalidades que
correspondan si la empresa no cumpliese con la resolución, las que
pueden llegar hasta su exclusión del registro como empresas prestadoras
de servicios audiovisuales», agregaron.
En este punto, también
remarcaron que «la TV Pública y sus repetidoras provinciales son las
únicas señales capaces de garantizar el libre acceso a estos
espectáculos deportivos de alto interés social y cultural».