Tonón era un hombre de absoluta confianza de Juan Carlos Maqueda y,
además, la tesorería estuvo a cargo de Guadalupe Burgos, sobrina de
Maqueda, que, sin haber siquiera sido designada, sin ser contadora o
profesional, firmó cheques por unos mil millones de pesos mensuales. El
escándalo afecta a toda la Corte y es uno de los motivos del juicio
político.
El texto de la aceptación de la renuncia es frío. No le
agradece los servicios prestados ni exhibe un tono cordial. Para colmo,
la resolución firmada por los cuatro cortesanos —Horacio Rosatti, Carlos
Rosenkranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti— tiene un segundo
punto en el que se le hace saber a Tonón que tiene 30 días hábiles a
contar desde el martes para presentar una declaración jurada
patrimonial. Tratándose de una cuestión reglamentaria, podrían haber
cursado ese segundo punto en otro texto. Página/12 viene detallando la
crisis desatada en la OSPJN, lo que motivó denuncias de los sindicatos
de trabajadores judiciales y una causa que tramita en el juzgado de
Daniel Rafecas. El magistrado delegó la investigación en el fiscal
Carlos Rívolo. En el marco de ese expediente, hubo varios allanamientos y
secuestro de documentación. También en el senado, Oscar Parrilli y
Silvia Sapag firmaron un pedido de informes.
El punto básico que puso
en marcha el escándalo es que una obra social que funcionaba
relativamente bien, empezó a defeccionar en los servicios y entró en una
especie de bancarrota económica. En la investigación surgieron
evidencias de licitaciones más que extrañas. A dos empresas, Emergencia
Médica Integral y Farmandat, ambas cordobesas como Maqueda, se le
adjudicaron contratos millonarios sin que los antecedentes lo
justifiquen. Farmandat, por ejemplo, tenía presencia escasa y consiguió
una contratación de 2.600 millones de pesos.
En general, desde hace varios años se vienen registrando denuncia tras denuncia. La lista es larga:
Se
autorizaban tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras
se le denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados.
Hay una asombrosa cantidad de juicios por mala praxis.
Existía un total descontrol en materia informática.
Se descubrieron faltantes de medicamentos.
Desplazamiento
de prestadores que reclamaban pagos, con el consecuente perjuicio para
los afiliados que se estaban tratando con esos prestadores.
El punto central era el mal funcionamiento y quejas constantes de los afiliados.
La
aceptación de la renuncia de Tonón no termina de cerrar un ciclo. La
Comisión de Juicio Político tiene la cuestión de la obra social como uno
de los temas centrales. Y no sólo contra Maqueda -el que estaba
encargado- sino contra todos los cortesanos, porque la responsabilidad
sobre la obra social es del cuerpo en su conjunto. Habrá que ver cómo
responde la Corte a cuestionamientos que son muy puntuales.