Academia Nacional de Periodismo, ¿Gasto publico necesario? Por el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe Abogado constitucionalista . El 12 de diciembre de 1955, Pedro Eugenio Aramburu dictó el decreto ley 4.362, sobre las Academias Nacionales. En sus fundamentos se sostiene: “en su seno se reúnen los hombres que, tras largos estudios y una valorada obra personal, han adquirido el caudal de una experiencia decantada y diversa” y agrega, “dan ocasión a que se disciernan a los ciudadanos merecedores de la gratitud de la patria la recompensa de un honor más apreciable que cualquier retribución material”. La norma disponea su vez, que “el título de académico es vitalicio y constituye el honor que se discierne a quienes hayan dedicado su vida, con relevante mérito”, (art. 1).
Después, el presidente Carlos Menem, por el decreto 1.879, de fecha 16
de octubre de 1992, incluyó a la Academia Argentina de Periodismo en el
régimen de las Academias Nacionales aprobado por el decreto-ley
4.362/55. El gestor del decreto presidencial fue el ministro de
Educación Antonio Salonia, estrechamente vinculado al Grupo Clarín.
En su estatuto la Academia Nacional de Periodismo determinó, como uno
de sus fines básicos: “Postular que el ejercicio del periodismo se
realice fundado en principios éticos y se manifieste por un constante
ejercicio de la verdad, de la expresión de un pensamiento ecuánime para
juzgar los actos individuales o sociales”, (art. 2 inc. c).
Asimismo, en el Estatuto de la Academiase dispuso que, “los candidatos a
académicos de número y correspondientes deben ser propuestos por
escrito cuando menos por tres académicos de número… Dichas propuestas
serán analizadas por una comisión integrada al menos por tres académicos
de número designados por la Mesa Directiva”, (art. 19). “La propuesta
del candidato o candidatos deberá hacerse en sesión privada” y “la
votación se realizará en la sesión privada siguiente, será secreta...
Para ser elegido es preciso reunir los dos tercios de votos de los
académicos de número presentes en la sesión, la que deberá contar con la
asistencia de la mitad más uno de los miembros de número”, (art. 20).
De lo referido surge, claramente,que la integración de los miembros de
la Académica de manera vitalicia opera como un núcleo cerrado, en el
que no se puede ingresar sino por una serie de compromisos internos,
tanto ante los que proponen el o la candidato/a y ante los o las que
aceptan la propuesta. Y todo ello, con lógicas de un tipo de club
cerrado, en el que existen verdaderas bolillas negras para acceder o no,
decidido en sesiones privadas y secretas.
Actualmente, con el
referido mecanismo, casi el 80% de sus integrantes y directivos la
Academia pertenecen o se desempeñaron, en los medios del grupo Clarín y
La Nación. No se da una representación amplia del periodismo en general y
tampoco se respeta la paridad de género.
En la dinámica referida
las universidades, los gremios periodísticos, el Estado y la sociedad
no pueden proponer académico/a alguno/a.De esa forma, de ninguna manera
se responde integralmente, al objetivo de las Academias de reconocer
libremente, sin acuerdos secretos y vínculos con medios de difusión
determinados, “a quienes hayan dedicado su vida, con relevante méritoen
el ejercicio del periodismo” y merecer la gratitud de la patria.
A su vez, esa estructura cerrada, con sede en la Biblioteca Nacional,se
sostiene con fondos del presupuesto del Estado Nacional. El presidente
de dicha academia, el periodista Joaquín Morales Solá, en una nota del
diario Infobae, del 3 de marzo de 2021, reclamaba más dineros para el
funcionamiento de la Academia y decía: “estamos en una situación muy
extrema económicamente, al punto que, en el último mes tuvimos que
recurrir a fondos de contingencia que tiene la Academia, pero eso se
puede terminar en cualquier momento si no hay una actualización del
Estado de las sumas que se nos destinan… El aporte histórico que hace el
Estado a las academias, que no tienen forma de financiación, anduvo
bien hasta mediados del año pasado 2020”.
Hay que agregar también
que, gran parte de los/as periodistas de la Academia, siguiendo la
perspectiva política de los sectores mediáticos a los que pertenecen,
por lo general, en sus comentarios, se ensañan con los más débiles,
criticando los gastos públicos destinados a los subsidios que se les
otorga, losque consideran innecesarios y deficitarios. Pero no analizan
que la“Academia-club de Clarín y Nación” que los nuclea, recibe dineros
del Estado, cuando en los hechos, no se cumple con los requisitos que la
justifican.
Tampoco la Academia se ha ocupado de trabajar un
código de principios éticos, como lo refiere el estatuto, que rija el
“ejercicio del periodismo” para que el oficio “se realice fundado en
principios éticos y se manifieste por un constante ejercicio de la
verdad”.
Al respecto, hay que referir, a manera de ejemplo que,el
jueves 6 de abril de 2023, la periodista Laura Di Marco, en diálogo con
la periodista Viviana Canosa en el programa "+ Viviana", emitido por el
canal LN+, se refirió respecto de la hija de la vicepresidenta y dijo
que padecía "una anorexia nerviosa galopante", que eso se da por "falta
de madre, falta de nutrición materna".
Lasinaceptables
afirmaciones de las referidas periodistas,fueron repudiadas por muchos
sectores sociales y políticos. Así, el Foro de Periodismo Argentino
(FOPEA), organización de periodistas de ingreso amplio, mantenida por
fondos aportados por los integrantes, presencia federal y elección de
las autoridades democráticamenteemitió un comunicado, en rechazo a los
dichos estigmatizantes y discriminatorios que formularon Viviana Canosa y
Laura Di Marco sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hija,
Florencia Kirchner. En el mismo sostuvieron, que "Nuestro Código de
Ética es muy claro al afirmar, en su artículo 34, que 'los periodistas
deben respetar la privacidad y la intimidad de las personas´, la
libertad de expresión conlleva el cumplimiento de normas éticas y el
respeto de las buenas prácticas profesionales".
Sin embargo, en
la situación no se pronunció la Academia Nacional de Periodismo. ¿Será
porque su presidente Joaquín Morales Solá es periodista estrella del
diario La Nación y del canal LN+; canal este último en el que se produjo
la grave falta ética?
¿Se justifica seguir destinando fondos
públicos, para sostener un grupo de periodistas como miembros/as
vitalicios/as, que conforman un espacio cerrado, circunscripto a los
pertenecientes a medios hegemónicos o vinculados a ellos, que se eligen
entre sí, responden a los intereses de dichos medios, no han fijado
principios éticos para el ejercicio del periodismo, ni se han
manifestado ante un accionar éticamente reprochable?
Habrá que repensar el tema y actuar en consecuencia.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista cordobés y
Periodista de opinión