La sublevación del general Valle, el alzamiento que fue un hito en la resistencia peronista. La dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu reprimió sin clemencia. Además de los fusilados, entre los que se cuentan los de José León Suárez que Rodolfo Walsh reveló en Operación Masacre, hubo 7 muertos. La trama de la asonada y la brutal represión de los militares que habían derrocado a Juan Domingo Perón. Por Juan Pablo Csipka La madrugada del domingo 10 de junio de 1956, la vida cotidiana de los argentinos se alteró cuando la radio entró en cadena nacional y anunció que “a las 23 del día sábado se produjeron levantamientos militares en algunas unidades de la provincia de Buenos Aires” y que “se ha decretado el imperio de la Ley Marcial en todo el territorio de la República”. Un alzamiento militar había empezado la noche del 9 contra la Revolución Libertadora y Pedro Eugenio Aramburu amenazaba con fusilar.
Durante las 72 horas siguientes habría siete muertos por la sublevación,
27 fusilamientos (cinco de ellos en un basural donde se disparó a doce
hombres) y un incidente diplomático con Haití. La Libertadora respondía
sin piedad al intento de desalojar a la dictadura que había derrocado a
Juan Domingo Perón.
Un Ejército dividido
El golpe de 1955 había
fracturado al Ejército. Perón representó la unidad del arma en sus diez
años de poder desde el 17 de octubre de 1945 y nunca lo perdió de vista.
En septiembre de 1951 había repelido el intento golpista de Benjamín
Menéndez y se negó a fusilar. Consideró que era un castigo
desproporcionado y que hacerlo implicaba romper ese equilibrio. Lo
volvió a sostener ante la barbarie del bombardeo de Plaza de Mayo. Y
desistió de resistir el golpe de Eduardo Lonardi para no caer en un
conflicto civil que hubiera terminado con su ascendiente sobre toda la
fuerza.
La Libertadora no aplicó un razonamiento similar en el modo
inverso. El régimen se había endurecido en noviembre, con el golpe
interno del ala liberal contra el nacionalista Lonardi. La promesa de
“ni vencedores ni vencidos” quedaba en el olvido. Perón, que ya estaba
en el exilio, fue despojado de su rango militar y el decreto 4161
prohibió la sola mención de su nombre y el de Evita.
Aramburu decidió
desperonizar el Ejército y así se ordenó el pase a retiro de numerosos
oficiales afines al líder depuesto. Entre ellos estaban los generales
Juan José Valle y Raúl Tanco, a quienes se confinó con arresto
domiciliario. Fueron parte del grupo que aceptó no combatir a Lonardi y
que no imaginó el revanchismo posterior. Otro oficial al que la
Libertadora pasó a retiro, a comienzos de 1956, fue el coronel Ricardo
Ibazeta, al que le dieron la baja porque “habiendo podido desde el cargo
que ocupaba, colaborar en la lucha contra la dictadura, no lo hizo
(sic)". Ibazeta no tenía simpatías peronistas.
En marzo, casi al
mismo tiempo que se dictó el decreto 4161, Valle dejó la quinta de su
suegra en General Rodríguez, que había elegido para el confinamiento, y
se dedicó al armado del Movimiento de Recuperación Nacional. Junto con
Tanco, sumó a otros camaradas de armas y tomó forma el alzamiento, con
la idea de llamar a elecciones libres.
El inicio de la sublevación
A
las 21 horas del 9 de junio estaba previsto el comienzo de la
revolución. Valle había elegido como sede de su comando la Escuela
Industrial de Avellaneda. Allí estaba previsto instalar un equipo
transmisor conectado a una emisora que iban a tomar y, cerca de las 23,
lanzar la proclama que, estimaban, generaría focos de lucha contra la
dictadura.
Pero ese primer paso, determinante para el éxito de la
operación, salió mal y a partir de allí se volvió cuesta arriba para los
sublevados. El gobierno militar obtuvo el dato de que podía haber un
movimiento y reforzó la custodia de la planta emisora, además de tener
alerta a la policía. Los hombres de Valle decidieron no entrar a la
fuerza.
Seis hombres estaban dentro de la Escuela Industrial: el
coronel José Albino Yrigoyen, el capitán Jorge Costales y cuatro
civiles, Dante Lugo, Osvaldo Albedro, Norberto y Clemente Ross. La
policía de la Provincia llegó y los detuvo.
Así fue que no hubo
proclama por radio desde Avellaneda. Entre otros, la esperaba un grupo
en una casa del barrio de Florida, en Vicente López, reunido para
escuchar una pelea de box. No todos estaban al tanto de la conjura.
Arribó la policía y se los llevó detenidos. A ese grupo se le aplicó la
ley marcial con retroactividad (estaban detenidos antes de que fuera
emitida) en un basural de José León Suárez, el hecho que reveló Rodolfo
Walsh en Operación Masacre.
Pero sí hubo proclama radial en La Pampa.
El alzamiento contó con el apoyo de la policía de Santa Rosa y se pudo
transmitir desde Radio del Estado. La aviación naval de la Base Espora
lanzó bombas contra la emisora, tras haber fracasado el intento de
interferir la frecuencia. El líder local fue el capitán Eduardo
Philippeaux y evitó el pelotón de fusilamiento por la derogación de la
ley marcial.
Otras acciones se dieron en el regimiento de Palermo, al
tiempo que se quiso ocupar la Escuela de Mecánica del Ejército y la
sede del Automóvil Club Argentino. Fracasaron, lo mismo que las acciones
en Viedma y en tres ciudades santafesinas: Rosario, Rafaela y Sarratea.
Los fusilamientos
Los
primeros caídos por la ley marcial fueron los fusilados en el basural
de Suárez, si bien Walsh demostró que la detención fue anterior a la
promulgación de la norma, con lo que nos los alcanzaba (técnicamente, no
habían cometido ningún delito) y lo ocurrido fue asesinato a sangre
fría. Eran doce hombres. Siete pudieron escapar en la noche. En el lugar
quedaron los cuerpos de Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Mario
Brion, Carlos Lisazo y Francisco Garibotti.
Pedro Eugenio Aramburu gobernaba de facto durante la sublevación y ordenó fusilar.
Casi
a la misma hora, las fuerzas leales a la Libertadora aplicaron la ley
marcial a los detenidos en Avellaneda. Los habían llevado a la Regional
Lanús. Los seis hombres fueron interrogados junto con otros 14
detenidos, durante dos horas. Yrigoyen, Costales y los cuatro civiles
que los acompañaban fueron pasados por las armas.
En Campo de Mayo
fueron ejecutados seis militares alzados. Entre ellos, los coroneles
Ibazeta y Eduardo Cortines, que ante el improvisado tribunal admitió que
el objetivo era terminar con la persecución al peronismo y llamar a
elecciones libres en 180 días. El tribunal de guerra decidió no aplicar
la pena de muerte, pero el ministro de Ejército, Arturo Ossorio Arana,
avisó que se los fusilaría, no en virtud de la ley marcial (ni siquiera
respetada en Suárez), sino por un decreto de Aramburu.
La Plata fue
otro foco del levantamiento. Allí, el general Oscar Cogorno tomó el
Regimiento 7 de Infantería, y un grupo de civiles ocupó Radio Provincia.
Hubo enfrentamientos (Walsh, que vivía en la capital bonaerense, lo
recuerda al inicio de Operación Masacre y recrea la muerte de un
conscripto, luego identificado como Blas Closs, uno de los 7 caídos de
la sublevación). Capturado, Cogorno fue ejecutado el 11; al día
siguiente en La Plata fusilaron al subteniente Alberto Abadie.
En
rigor, lo que correspondía, de acuerdo al procedimiento militar, era
establecer el máximo castigo a través de un Consejo de Guerra, esto es,
la pena de muerte, para que Aramburu, como titular del Poder Ejecutivo,
la conmutara por la más alta pena de prisión que estipulara el Código de
Justicia Militar. Al refrendar la decisión de los Consejos (que
actuaron bajo la premisa de que habría conmutaciones), Aramburu arrastró
a todo el Ejército en su decisión. Peor aún: ignoró la decisión del
Consejo de Campo de Mayo sobre seis sublevados y mandó fusilar por
decreto. También es cierto que fue azuzado por el vicepresidente de
facto, el almirante Isaac Rojas, símbolo del antiperonismo, que toda su
vida reivindicó los fusilamientos.
En Mártires y verdugos, Salvador
Ferla estima que si el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas hubiera
tomado las actuaciones, lo máximo habrían sido seis años de cárcel,
pero, considerando atenuantes, la pena se reduciría a dos o tres años.
Alejandro Horowicz, en Los cuatro peronismos, da cuenta de una mutación:
a Perón lo derrocó el Ejército que él había moldeado, y que seguía
siendo el mismo cuando volteó a Lonardi; pero ese Ejército pasó a ser
otra cosa con los hechos de junio del 56: “Es el Ejército de la
Libertadora, contenido en el anterior, posible, subyacente, pero otro”.
Se entrega Valle
Los
diarios, con La Prensa a la cabeza, celebraron la represión. El 11 de
junio, La Nación informó que no habría más fusilamientos y que incluso
se conmutarían penas, cosa que no ocurrió. La dictadura identificó a
Valle como cabecilla de la asonada. Este ofreció entregarse a cambio de
parar el baño de sangre. Lo detuvo un viejo conocido, el capitán de
navío Francisco Manrique, que prometió respetarle la vida. No fue así.
Valle
fue llevado a la Penitenciaría de la avenida Las Heras. Antes de la
ejecución le escribió a su madre, a su hermana, a su esposa y a su hija.
Y a Aramburu, que había sido compañero de estudios: “Dentro de pocas
horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi
Patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un
grupo de marinos y de militares, movidos por ustedes mismos, son los
únicos responsables de lo acaecido. (…) Entre mi suerte y la de ustedes
me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas,
verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. (…) Espero
que el pueblo conozca un día esta carta y la proclama revolucionaria en
las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así nadie
podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y
ridículas con que el gobierno trata de cohonestar esta ola de matanzas y
lavarse las manos sucias en sangre”.
Precisamente, y en base a ese
viejo vínculo entre ambos, la esposa de Valle fue a Campo de Mayo a
intentar hablar con Aramburu para pedirle clemencia. No pudo
encontrarlo. Era de noche y un edecán le informó que “el Presidente
duerme”. Valle fue fusilado el 12 de junio.
Roolfo Walsh investigó los fusilamientos en el basural de José León Suárez.
Incidente con Haití
En
esas horas se produjo el último acto del drama. Seis de los sublevados
buscaron asilo en la embajada de Haití, en Vicente López. El embajador
Jean Brierre los hizo entrar a la sede diplomática ubicada en las calles
San Martín y Monasterio. Más tarde se sumó Tanco. Brierre decidió ir a
la Cancillería para informar del asilo. En su ausencia sucedió un hecho
sin precedentes: militares argentinos violaron la inmunidad de la
delegación haitiana e ingresaron para llevarse a los asilados. Los
lideraba el general Juan Constantino Quaranta, el jefe de la
Inteligencia militar y futuro protagonista del caso Satanowsky
investigado por Walsh.
Quaranta hizo salir a la calle a los hombres,
pero no para llevárselos a otra parte, sino para fusilarlos allí mismo,
en la vía pública. La esposa de Brierre, Marie-Therese, se interpuso
entre los militares y los siete hombres que iban a matar. La mujer gritó
y los vecinos salieron a la calle. Eran demasiados testigos. Quaranta
desistió, pero se llevó a los siete a la guarnición de Palermo. El
embajador Brierre, mientras tanto, había tenido el reconocimiento de la
Libertadora: los siete tenían status de asilados y fueron devueltos a la
embajada.
Años más tarde, el suboficial Andrés López, que había
acompañado a Perón en sus dos primeras presidencias y fue uno de los
siete de la embajada, recordaría que, durante las horas que pasaron
desde la detención hasta su regreso a la embajada, pensaron que serían
fusilados. Brierre los subió a un avión con destino a Haití, pero les
sugirió, por seguridad, bajar en la escala en Caracas, para no
comprometer más a su país.
La crítica de Perón
En julio, Aramburu
viajó a una reunión de jefes de Estado en Panamá. Allí transcurría el
exilio de Perón. Para evitar problemas, el líder justicialista se fue a
Nicaragua. Regresó a la semana y decidió mudarse a Caracas, donde
estaban los sobrevivientes del alzamiento. Perón se había mostrado
crítico de la sublevación en carta a John William Cooke. Más tarde
tendría palabras de elogio a Valle, pero lo cierto es que consideró que
habían actuado de manera apresurada, movidos por los pases a retiro del
verano del 56.
Así se lo hizo saber a los siete cuando arreglaron una
reunión en la capital venezolana. Casi 60 años después de los hechos,
López contó que se sentaron en una mesa, Perón en una cabecera y Tanco
en la otra. El silencio lo rompió Perón.
- Tanco, ¿yo qué les había dicho?
- Bueno, General, es que…
- No, no se excuse. Se los avisé: no estaban dadas las condiciones.
Los años siguientes
El
alzamiento quedó como un hito en la resistencia del peronismo
proscripto, además de ser una marca para sus opositores (Américo
Ghioldi, de la rama más antiperonista del Partido Socialista, proclamó
que "se acabó la leche de la clemencia"). Mostró a las claras la
diferencia entre Perón y quienes lo derrocaron a la hora de reprimir una
insurrección y derivó en una obra fundamental de la historia del
periodismo, como Operación Masacre, que puso el foco en los civiles
masacrados en Suárez. En total, la represión se tradujo en 27 fusilados,
“una consecuencia escalofriante” del levantamiento, al decir de Joseph
Page. El biógrafo de Perón coloca las ejecuciones como la nota que
diferencia al 9 de junio de cualquier otra asonada fallida en el país.
Un símbolo del antiperonismo por excelencia: el almirante Isaac Francisco Rojas.
“Aunque
Juan Domingo Perón había cometido y tolerado muchos excesos en sus
días, se puede decir a favor suyo que nunca llegó a convertir sus
cárceles en mataderos. No se puede afirmar lo mismo sobre el general
Pedro Eugenio Aramburu”, apuntó el autor estadounidense. Cuando Aramburu
fue secuestrado en 1970 por la célula originaria de Montoneros, antes
de matarlo lo condenaron por el robo del cuerpo de Evita y por los
fusilamientos.
La tragedia del 56 preludió la de los 70. Julio
Troxler, sobreviviente del basural, fue asesinado por la Triple A en
1974. Era subjefe de la Policía Bonaerense, a la que había sobrevivido
18 años antes. Susana Valle, la hija del líder del alzamiento, formó
parte de la primigenia Juventud Peronista a comienzos de los 60. Después
del golpe del 76, fue secuestrada en Córdoba.
Tenía 40 años y
Luciano Benjamín Menéndez se ensañó con ella. Estaba embarazada, pero
eso no impidió que la torturaran. La picana produjo un parto prematuro
de mellizos. Uno nació muerto. El otro fue puesto a pocos metros de
ella, podía verlo pero no tocarlo. Así presenció su muerte.
La hija de Valle murió en 2006. Llegó a presenciar los homenajes por los 50 años del levantamiento.