Represión en Jujuy: Morales saca chapa de duro en la interna de Juntos por el Cambio. La ferocidad de la policía jujeña, los 27 detenidos registrados hasta el cierre de esta edición y la cantidad de heridos sin paradero comenzaron a nacionalizar una imagen de Jujuy muy distinta a la que el gobernador quiere comunicar. Por: Claudio Mardones Gerardo Morales es uno de los radicales que quisieran a Juan Schiaretti como aliado en Juntos por el Cambio para confrontar con el eje que lideran su competidora precandidata presidencial Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri. Este viernes, en plena etapa de precampaña electoral, logró la aprobación de una reforma parcial de la Constitución provincial que contó el apoyo del Frente Justicialista y limita el derecho a la protesta.
La aprobación de la Convención Constituyente aumentó las movilizaciones
de repudio y Morales habilitó la represión como si fuera un capital
político. La ferocidad de la policía jujeña, los 27 detenidos
registrados hasta el cierre de esta edición y la cantidad de heridos sin
paradero comenzaron a nacionalizar una imagen de Jujuy muy distinta a
la que el gobernador quiere comunicar.
Comenzó otro momento para
Morales a partir del despliegue de la policía provincial para reprimir
las protestas que no dejaron de extenderse por su territorio. La
pulseada en la calle es un termómetro político para el titular del
Comité Nacional de la UCR y ahora juega al límite. Buscará capitalizar
el despliegue represivo en medio de la contienda interna de JxC. En su
partido no reniegan y defienden en privado la necesidad de demostrar que
el radicalismo también puede ejecutar con mano de hierro si hay
resistencia social. El límite, admiten, es el mismo que cruzó en
diciembre de 2001 el entonces presidente Fernando De la Rúa antes de
renunciar, cuando decretó el Estado de Sitio y habilitó la represión
policial en todo el país, una decisión que dejó 39 muertos. Ahora, 22
años después, Morales busca afrontar ese trauma con una demostración de
fuerza que le podría traer dividendos electorales, pero a un costo
desconocido que sólo se conocerá cuando termine el operativo.
Aún
así, Morales sigue en campaña, defiende la represión y a la vez se
diferencia de Bullrich y su potencial aliado Javier Milei. «¿Para qué
quiere Patricia Bullrich hacer una alianza con Milei, para privatizar la
educación pública o habilitar la venta de armas o reglamentar la venta
de órganos?», «¿Qué se va a acordar con Milei? Esos son algunos de los
puntos cruciales que no compartimos. No son puntos secundarios del
debate que nos va a cruzar durante toda la campaña. Ese es el debate, no
la descalificación. A Patricia Bullrich le dije que tenía que bajar una
cambio con relación a las cosas que venía diciendo (…) JxC tiene que
pararse en el centro», aseguró el gobernador mientras continuaba la
represión provincial.
El escenario no pasa inadvertido entre los
socios de JxC. Ningún dirigente salió a respaldar la represión pero
saben que tendrán que hacerlo si Morales se los pide. Por debajo hay un
mar de especulaciones electorales. En la UCR confiaron a Tiempo que
Morales quiere capitalizar el impacto nacional de la reforma
constitucional, especialmente porque está convencido de que es un modelo
institucional para limitar la protesta en el marco del Estado de
Derecho. También una forma de disputar con Bullrich, Milei y Macri. Esa
seguridad ya fue cuestionada silenciosamente dentro de JxC sin
resultados. En el radicalismo ha sido acompañada silenciosamente, pero
sus dirigentes reconocen que «es muy posible» que se encuentre con un
frente judicial escarpado. Además de las movilizaciones, descuentan que
la reforma recibirá impugnaciones ante la Corte Suprema de Justicia.
«Es
la primera vez que esto ocurre en 40 años de democracia: hasta el
momento, todas las reformas constitucionales, aún con sus problemas,
habían dejado un saldo de ampliación de derechos. En el caso de la
constitución que busca aprobar el gobierno jujeño, no sólo no amplía,
sino que retrocede en relación con la constitución actualmente vigente.
Desaparecen los derechos de los pueblos indígenas, se limita la protesta
social hasta el punto de convertirla en una contravención grave. No se
reconocen los derechos medioambientales ni la defensa de la naturaleza»,
advirtieron a la Convención diez organismos de Derechos Humanos, entre
los que está el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Si la
crisis provincial empeora y continúa la represión, la cercanía de cierre
de precandidaturas pone a Morales en una situación delicada. Sus
defensores anticipan que responderá las críticas y exhibirá el respaldo
del Frente Justicialista, cuyos convencionales aprobaron el cambio
parcial de la Carta Magna. Lo toman como un antídoto frente a una
posible ofensiva del peronismo a nivel nacional contra Morales. La
crisis jujeña se nacionaliza al calor de las aspiraciones presidenciales
del mandatario jujeño: su futuro dependerá del desenlace que se
registre en las calles y rutas provinciales, donde se siguen constatando
detenciones arbitrarias y manifestantes heridos.