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El gobierno de Jujuy va por las protestas sociales
«Las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra
personas físicas y jurídicas. Hay ya más de 150 personas imputadas y se
han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500 mil a los 2
millones de pesos», señaló en conferencia de prensa el ministro de
Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro.
Al volver a indicar que el
Estado va a intervenir como querellante en la totalidad de los procesos
penales, el Fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Rivas apuntó que se
buscará «se apliquen los montos mayores de penas previstas para cada
delito», tanto para los «autores materiales, cómplices e instigadores» y
que pueden sumar «hasta 25 años de cárcel». Dijo que se aboga por
«embargar patrimonialmente a cada uno de los delincuentes violentos» y
que «se les va reclamar por los daños y perjuicios producidos al Estado
provincial», que estiman en «una suma aproximada de 1.000.000.000 de
pesos», ello referido a incendios que hubo en inmediaciones a la
Legislatura y lesiones producidas a agentes de la policía en los avances
represivos, entre otros. Los procesos iniciados están vinculados a los
cortes de ruta que llevan más de dos semanas y las manifestaciones donde
hubo represión policial, entre ellas, la del 20 de junio pasado, cuando
el gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de Horacio
Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC), presidió la jura de la
reforma en medio de protestas en distintos puntos de la capital jujeña.
En
tanto, Rivas, señaló que también viene denunciando ante la justicia
local la perpetración de delitos en todo el territorio desde el 17 de
junio, fecha en la que tuvo lugar una primera represión policial, en el
corte de ruta que aún llevan adelante comunidades originarias en el
ingreso al poblado de Purmamarca. Respecto a los distintos hechos
denunciados, Rivas agregó que «se trata de acciones ilícitas,
perpetradas por personas violentas, con una virulencia majestuosa, que
realmente están atacando el orden constitucional». Y agregó que «de
ninguna manera se trata de hechos aislados, sino planeados y ejecutados
por individuos violentos, organizaciones sociales y políticas» y que «se
va a instar a que de forma inmediata se proceda a la detención efectiva
de los delincuentes».
El rechazo de los organismos de Derechos Humanos
«Cuando
los organismos de derechos humanos hablamos de criminalizar la
protesta, hablamos de esto. Defender las ideas, manifestarse, protestar,
organizar debates y clases públicas en las arterias de nuestras
ciudades no es atacar la democracia, por el contrario es defenderla»,
expresaron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Regional Jujuy.
«La democracia no es votar cada dos años, eso es solo
la consecuencia, democracia es abrir el diálogo, escuchar al pueblo,
rectificar medidas cuando fueron mal tomadas o implementadas, respetar
las distintas formas de pensar y sobre todo agotar todas las instancias
para lograr consensos. Detentar el poder y ejercerlo de modo autoritario
no es democrático, por el contrario, con esa modalidad se avanza a
pasos agigantados hacia una dictadura opresora», agregaron a través de
una publicación en las redes sociales.
05/07/2023 (7533)
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