La misma quedó radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº
10 a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, según informo la SIGEN.
Dicha solicitud se justificó en las denuncias presentadas oportunamente
ante la Comisión Nacional de Valores, en los Informes de Comisión
Fiscalizadora de los Estados Contables, en los Informes de Situación
Empresaria y en otras notas dirigidas a la empresa.
Se pidió ante el magistrado que todas las denuncias sean evaluadas en
forma conjunta e integral y no como situaciones aisladas e
independientes, con el fin de que pueda declararse la responsabilidad
penal de todos los integrantes de los distintos órganos societarios que
decidieron, consintieron y/o dejaron de ejercer sus funciones de control
y vigilancia en afectación de la propia empresa y en especial del
Estado, que es uno de sus socios.
Por esta razón -explicó la SIGEN en un comunicado- "se denunció la
existencia en Papel Prensa de una asociación ilícita, integrada incluso
por quienes ahora se presentan ilegalmente como sus autoridades,
destinada a cometer los múltiples delitos que hubiera demandado su
actitud criminal orientada en el tiempo al vaciamiento de la empresa en
beneficio de sus socios privados, a los que responden".
"En esta asociación aparecen sólidamente involucrados Guillermo González
Rozas, Alberto Maquieira, Raúl Aguirre Saravia, Jorge Bazán, Daniel
Fernández Muñoz, Eduardo Lohidoy, Jorge Rendo y Ricardo Siri, junto con
los abogados Víctor Zamenfeld, Javier Lorente y Hugo López, quienes
asesoran a la empresa y además representan a los accionistas privados
que ejercen el control de la sociedad en todas sus asambleas y toda otra
persona que con el devenir de la causa resulte responsable de los
hechos denunciados", asegura en el texto la Sindicatura.
La SIGEN indica que "los denunciados miembros del capital privado de
Papel Prensa, excediéndose en sus funciones, integran una asociación
ilícita cuya finalidad es cometer delitos contra el Estado Nacional,
conforme se tipifica en el artículo 210, párrafo 1, del Código Penal,
son merecedores de 3 a 10 años de prisión".
Entre otras irregularidades, se mencionan el "enriquecimiento sin causa
de los miembros del Comité Ejecutivo", el "incumplimiento estatutario
por parte del Directorio", el "alto grado de riesgo operacional por
falta de transparencia en la gestión de control" e "incumplimiento de la
ley de Sociedades Comerciales", entre otros puntos.