Los medios, la nueva ley y lo “sustentable”
No obstante, uno de los debates que aun están vigentes, es la
participación de la sociedad civil y las pequeñas empresas
radiodifusoras. Por un lado, las organizaciones sin fines de lucro,
gozan de la garantía de un espacio asegurado del 33 por ciento del
espectro, más allá de los espacios que ya van ocupando las instituciones
públicas: universidades, gobiernos provinciales y municipales.
Ya
nos tocó poner un acento en esta cuestión en las audiencias públicas,
donde manifestamos la necesidad de fortalecer a las organizaciones
libres del pueblo en su camino hacia el empoderamiento de un medio. No
es un camino sencillo, ni financieramente, ni en su desarrollo de
contenidos y estrategias de comunicación. Es necesario que se capacite a
las organizaciones, se las dote de herramientas conceptuales para
administrar sus futuros medios, para que no termine siendo algo que, en
definitiva, debilite a las organizaciones por su falta de eficiencia en
la gestión.
Luego existe otro debate: el de las pequeñas pymes,
radios locales, barriales, que tienen un grado de inserción en sus
comunidades tan importante como las radios más grandes. Al ser empresas
privadas, deben lidiar en el marco de la competencia de mercado, con
otros emprendimientos con mayor capacidad económica financiera que no
necesariamente comparte el espíritu democrático de la nueva ley, y mucho
menos la consolidación de un proyecto nacional y popular.
Aquí se
presenta la problemática que denunciamos los más pequeños en capacidad
financiera pero no en cantidad de medios y en militancia, que sentimos
que los pliegos y llamados a través de resoluciones no contemplan el
espíritu de la ley y no se ajustan a la realidad de los emprendimientos
locales. Los costos y requerimientos de los pliegos son inaccesibles a
las economías de los medios locales, transformando a su futuro como
emisores, entre incierto y nulo. En todo caso, no tiene sentido destinar
semejantes sumas de dinero al trámite administrativo cuando bien
podrían aplicarse a la producción de contenidos de calidad, dado que la
ley solo asigna puntaje a la propuesta comunicacional.
Las voces
nuevas de esta etapa tienen que arrancar sin las prebendas ni la
protección de mercado que han gozado los grupos mediáticos hasta la
fecha. Estas emisoras de baja potencia han sido parte de la construcción
colectiva que sostuvo la creación de la nueva ley, y sienten que no
están siendo tenidas en cuenta en el diseño del nuevo espectro. Por
ello reclaman una urgente revisión de los planes técnicos y los pliegos
para obtener licencias de baja potencia, para que se adecuen a la
realidad que viven esas empresas locales.
También plantean revisar el
concepto de “sustentabilidad” de los medios locales, ya que consideran
que es necesario contextualizar cada emprendimiento en el marco de cada
comunidad en la que funciona. A partir de allí, aseguran que se podrá
obtener una resignificación de “lo sustentable” a partir de analizar los
costos/beneficios y marco de aplicabilidad de los planes técnicos en
cada comunidad. Es responsabilidad de la Autoridad de Aplicación velar
por la efectiva descentralización de la publicidad como ordena la ley y
el cumplimiento de las cuotas de producción. El estímulo a la producción
y la apertura de nuevas empresas debe consolidar también la alianza con
los trabajadores para la creación de nuevos puestos de trabajo. Este es
el espíritu de la ley.
Quizás una de las soluciones sea la
participación más activa y propositiva de las asociaciones o
instituciones que agrupan a los medios en cuestión en el diseño de las
nuevas normativas, donde se pueda intercambiar expectativas entre los
objetivos que persiguen las autoridades y los anhelos de los
radiodifusores. No creemos que exista una brecha muy grande entre ambas
intensiones cuando el objetivo del gobierno es el mismo que el nuestro.
La CO.RA.ME.CO
Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina