Así lo consignaron fuentes policiales y judiciales, quienes indicaron
que las detenciones se produjeron en el marco de una causa que tramita
en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini. Según trascendió, en
las pesquisas se pudo establecer que las amenazas eran realizadas «a
través de varias líneas telefónicas de la empresa Telecentro que
utilizan una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una
conexión a internet». «Los detenidos se dedicaban a hackear las cuentas
de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento-
nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas al
mejor postor en el mercado negro de la denominada ‘deep web’. En ese
ámbito, el sospechoso luego de adquirir líneas fraudulentas a nombre de
terceros, utilizaba redes wi fi públicas para realizar los llamados
intimidatorios, evitando de este modo ser rastreado», detallaron los
informantes. Las detenciones fueron realizadas por efectivos de la
Superintendencia de Investigaciones Federales, a través de la División
Delitos Constitucionales, en el marco de una serie de allanamientos
realizados en el conurbano bonaerense. Los jóvenes detenidos están
acusados por la serie de amenazas registradas en las últimas semanas a
estaciones de tren y de subte en la ciudad de Buenos Aires, como así
también a la Casa de Gobierno, el Congreso, la Cámara Nacional Electoral
e instituciones educativas.
También, habrían sido responsables de
amenazas recibidas por funcionarios de primera línea del Gobierno
nacional, detallaron las fuentes, que también consignaron que se trata
del mismo grupo que habría estado detrás de la amenaza de explosivos
recibida en el Complejo C de Chacarita donde funcionó el búnker de Unión
por la Patria en la jornada electoral del 22 de octubre. La detención
de los sospechosos se produjo en el marco de la causa que tramita en el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, a cargo de
Julián Ercolini. Según fuentes de la investigación, los jóvenes serían
responsables de «al menos unos 30 hechos de amenazas de bomba» que
causaron «millonarias pérdidas por la suspensión de los servicios
ferroviarios afectados».