Luego del triunfo de Milei y de la activa colaboración de Mauricio Macri en el Gobierno entrante, los jueces Llorens y Bertuzzi hicieron lugar al planteo de la ONG macrista Bases Republicanas y la causa judicial vuelve a las manos de Casanello. A una semana del balotaje que dio como ganador a Javier Milei, y con él a Mauricio Macri, quien se ocupó durante todo el año de halagar al ultraderechista y ahora desembarcó en su gabinete colonizando carteras claves, la Cámara Federal porteña volvió a la carga y ordenó revocar el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto lavado de activos en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez, conocida como la "Ruta del dinero K", una de las causas emblema en la persecución a la vicepresidenta.
Este martes, en una votación dividida, la sala II del Tribunal de
Apelaciones hizo lugar a un planteo de la ONG macrista Bases
Republicanas -que pidió reabrir la investigación y en agosto fue
aceptada como querellante en la causa-, y revocó el sobreseimiento de la
exmandataria, que había firmado el juez Sebastián Casanello, a pedido
del fiscal del caso Guillermo Marijuán y con el aval de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de
Información Financiera (UIF), por entender que no existen pruebas en su
contra. Con esta decisión, la causa en la que se investigaron maniobras
de lavado de dinero cometidas por Lazaro Báez a través de su grupo
empresario, vuelve a Casanello, a quien la Cámara recomendó analizar las
pruebas que expuso el fiscal Diego Luciani en el juicio Vialidad,
estudiar el caso de Hotesur-Los Sauces e incorporar las declaraciones de
exfuncionarios arrepentidos en el expediente Cuadernos.
La
reapertura de la investigación contó con el voto positivo de los jueces
Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que hicieron lugar al reclamo de la
asociación civil Bases Republicanas. Los magistrados no aceptaron
declarar la nulidad del dictamen del fiscal Marijuan el 24 de mayo
pasado, como pretendía la ONG, pero sí dispusieron que el juez de
trámite al planteo del nuevo querellante como acusador.
Eduardo
Farah, en cambio, votó en minoría para rechazar el planteo de la ONG.
“No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG ‘Bases’ una parte
habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la
causa (conf. lo dicho por mí en la resolución previa registrada en CFP
3017/13/330/CA90, del 17 de agosto pasado), debe estarse al
sobreseimiento dictado en primera instancia”, dijo.
Bases
Republicanas, querellante. El juez Casanello, quien sobreseyó a la
vicepresidenta, había rechazado tener como querellante a Bases
Republicanas, una ONG conformada por exfuncionarios macristas, entre
ellos Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura por
el estamento de los abogados y exnúmero dos de la AFIP durante la
gestión de Cambiemos.
Sin embargo, la Asociación apeló y en agosto
logró que se le adjudique ese rol de parte en la causa: la Cámara
Federal porteña aceptó el recurso de queja de la Asociación, declaró
"mal denegado" el rechazo de la apelación y la concedió. La "labor
aislada de la asociación" es la "última ocasión que tienen los
habitantes de la República para verificar el alcance que tiene esta
denuncia", consideró Llorens en agosto, al recordar que las querellas ya
existentes en la causa consintieron el sobreseimiento. “Resulta
procedente la constitución como parte querellante de la asociación que
nos ocupa en supuestos en los cuales se ven conculcados derechos
colectivos fundamentales de la sociedad en general, en la medida en que
el objeto social de la organización de que se trate abarque la defensa y
protección de tales garantías y que ello guarde relación con las
particularidades de los hechos investigados”, señaló entonces Bertuzzi.
En
cambio, Farah, quien en esa oportunidad también votó en disidencia,
advirtió que dicha Asociación se presentó en la causa "a más de diez
años de iniciada" y "cuando los acusadores legitimados habían pedido la
definición de la última situación pendiente, instando al sobreseimiento
de Cristina Fernández de Kirchner, luego decretado por el magistrado".
"Lo central pasa porque no están dadas las condiciones que fija la ley
para que la solicitante sea tenida por querellante", había advertido el
camarista. Quiénes integran Bases Republicanas Tal como describió el
periodista Nahuel Lag en esta nota de Página/12, Bases Republicanas es
una asociación formada por dirigentes del PRO que buscan interceder en
los juicios contra la vicepresidenta
La actual "presidente" de la
asociación, según figura en la página web, es Valeria Viola, quien fuera
directora Nacional de Coordinación Institucional y jefa de Gabinete de
la Secretaria de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior
durante el gobierno de Mauricio Macri. En esos años, Viola estuvo
involucrada -al igual que Macri- en los Panamá Papers, la revelación de
empresas offshore para la fuga de dinero. Viola integraba junto a sus
cuatro hermanos Nuni Associates Limited, con dirección en las Islas
Vírgenes. El vicepresidente primero es Pablo Noceti, jefe de Gabinete
del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich e
involucrado en el operativo represivo sobre la Pu Lof de Cushamen, en el
que desapareció y luego apareció sin vida Santiago Maldonado. Con la
investigación en marcha, Bullrich movió a Noceti al cargo de secretario
de Cooperación con los Poderes Constitucionales. "Abogado penalista de
UBA en ejercicio desde hace 20 años", se describe el perfil de Noceti en
la web de la asociación. ¿A quiénes defendió en esos años? El ex
funcionario de Bullrich es conocido como defensor de represores de la
última dictadura militar e integrante de la prodictadura Corporación de
Abogados Católicos. El Consejo Directivo de la asociación también está
integrado por ex funcionarios macristas. Entre ellos, Pablo Clusellas,
el ex secretario Legal y Técnico de la Nación, quien también había
acompañado a Macri en su gestión en la Ciudad con el mismo cargo. De
hecho, Clusellas acompaña a Macri desde pequeño, son amigos desde los 6
años y fueron compañeros en el Colegio Cardenal Newman. El amigo de
Macri logró mantener un cargo público tras su salida de la Casa Rosada:
en enero de 2020 fue nombrado auditor en la Auditoria General de CABA.
El
consejo también lo integra Juan Curuchet, quien fuera presidente Banco
de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) durante la gestión de María
Eugenia Vidal y también vicepresidente Banco Ciudad de Buenos Aires de
la mano de la gestión macrista. Durante su gestión en el Bapro, Curuchet
impulsó la Ley 15.008, que modificó la normativa de la caja de
jubilaciones del personal, elevando la edad a los 65 años para hombres y
mujeres, y redujo de 82 a 75 por ciento el pago de los háberes respecto
de sus salarios en actividad. La norma fue suspendida por la Suprema
Corte provincial este año. También bajo su mandato se orquestó en una
sede del Bapro una reunión entre exfuncionarios de Vidal, con el
ministro Marcelo Villegas a la cabeza, junto al intendente Julio Garro y
exespías de la AFI, para diseñar una "Gestapo" antisindicalista. Otra
integrante del Consejo Directivo de la asociación que busca reabrir la
causa de la "Ruta del dinero K" es Inés Liendo, quien fue precandidata a
gobernadora del PRO en Salta con el respaldo de Macri, aunque no llegó a
las generales. También fue derrotada en la interna como precandidata a
diputada nacional por la lista que acompañaba a Horacio Larreta. Liendo
es nieta del general Horacio Tomás Liendo, el primer ministro de Trabajo
de Jorge Rafael Videla durante la peor dictadura de la historia
argentina y ejercer la herencia de su abuelo con un negacionismo
militante.
Cuando falleció la madre de Plaza de Mayo, Hebe de
Bonafini, Liendo escribió en sus redes: "Murió Hebe de Bonafini. Una
mujer que con la excusa de los DDHH, incitó a la violencia, fomentó la
división entre argentinos, y fue la responsable de la causa de
corrupción más escandalosa de la era kirchnerista. Digamos todo!".
Entre los fundadores de la asociación también está presente el ex
senador y asesor de campaña de Bullrich, Federico Pinedo. En mayo se
animó a anticipar sobre la interna de Juntos por el Cambio: "Los
halcones vamos a ganar la interna". Otra de las fundadoras y ex
presidenta de la asociación es Jimena De la Torre, consejera del Consejo
de la Magistratura en representación de los abogados y ex jefa de
Gabinete de la AFIP, bajo la gestión de Leandro Cuccioli en el gobierno
de Macri. Por su paso por la AFIP fue denunciada por contrataciones
irregulares en una causa que tramita el Juzgado Federal 5, a cargo de
María Eugenia Capuchetti; y estuvo involucrada en la causa Oil
Combustibles con la que el gobierno de Macri presionó al Grupo Indalo.
De la Torre también fue asesora del exsenador Esteban Bullrich y jefe de
despacho del diputado Cristian Ritondo.