La Cámara Federal de Casación Penal confirmó –con los votos de Mariano
Borinsky y Guillermo Yacobucci– todos los sobreseimientos que había
dictado el año pasado la Cámara Federal porteña. La jueza Ángela Ledesma
quedó en minoría, impulsando la investigación. La Sala II de la
Casación –con una integración especial para este caso porque Macri quiso
sacarse de encima al camarista Alejandro Slokar– validó lo que el 15 de
julio del año pasado sostuvieron los integrantes del tribunal de
apelaciones de Comodoro Py: que las tareas de inteligencia existieron,
pero que no constituyeron un delito. Entonces, los camaristas Mariano
Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia dijeron que la AFI estaba
preservando la seguridad del Presidente. Para organismos de derechos
humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –que es
Amicus Curiae en la causa– la interpretación de la Cámara Federal
porteña funciona como una carta blanca para los servicios de
inteligencia. Y, ahora, la Cámara Federal de Casación, por mayoría,
avaló la misma línea. El fallo se conoció tan solo nueve días después de
que Javier Milei ganara el balotaje y cuando Macri se mueve como un
titiritero detrás de La Libertad Avanza (LLA) y pulsea para ocupar
lugares claves dentro de lo que será el ecosistema del próximo gobierno.
La causa sobre el espionaje a las familias del ARA San Juan se inició
en septiembre de 2020, cuando la entonces interventora de la AFI,
Cristina Caamaño, denunció que había encontrado partes de inteligencia
que daban cuenta de los seguimientos a los familiares.
En diciembre
de 2021, Mauricio Macri fue procesado por el juez federal Martín Bava,
que subrogaba en Dolores. Días después, Casación forzó el pase de la
causa a los tribunales de Comodoro Py. En el expediente también estaba
procesado Gustavo Arribas, titular de la AFI macrista, junto con otros
agentes jerárquicos. El procesamiento también involucró a los agentes de
la delegación Mar del Plata de la exSIDE, desde donde se hicieron las
tareas de inteligencia.