El gobernador de La Rioja pidió a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad del mega DNU del presidente Javier Milei, que entró en vigencia este viernes. Lo hizo con el patrocinio del exjuez del tribunal, Eugenio Zaffaroni. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad del mega DNU del presidente Javier Milei, que entró en vigencia este viernes. Lo hizo con el patrocinio del exjuez del tribunal, Eugenio Zaffaroni. El gobierno de La Rioja pidió al máximo tribunal que declare la "inconstitucionalidad manifiesta" del DNU 70/2023 de desregulación económica, que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la "competencia originaria" para entender en el asunto.
Lo hizo a través de una "acción declarativa de certeza" presentada por
el gobernador Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro
de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra. Además, se reclamó al
máximo tribunal del país que habilite la feria judicial de enero que
inicia la semana próxima para resolver la causa, en el primer planteo
que llega de manera directa a la Corte contra el decreto del Gobierno de
Javier Milei que empezó a regir desde hoy.
En la "acción declarativa
de certeza" se pidió que se declare "la nulidad absoluta e insanable
del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la
Constitución" y que de manera inmediata "se dicte una medida cautelar
que disponga la suspensión total de los efectos". También se pide a la
Corte que ordene al Poder Ejecutivo "no aplicar ninguna de sus
disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa".
La
competencia originaria del máximo tribunal se justifica en que en la
causa es parte una provincia que demanda al Gobierno nacional.
"Se ha
definido que también corresponde a la instancia originaria las causas
que se susciten entre una provincia y el Estado federal, en todo tipo de
asuntos", argumentaron los abogados. El DNU "tiene malignidad para
hacer crujir los fundamentos del Estado. Por dicho motivo, en el
entendimiento que se concurre a un ámbito para la armonía del
federalismo y la paz, queda debidamente asentada la competencia
originaria para entablar esta demanda por la naturaleza del demandante y
el objeto enteramente federal de la cuestión que se problematiza y
deduce con expectativa de reparación inmediata", se argumentó.
El DNU
firmado el 21 de diciembre pasado y puesto en vigencia hoy "produce
perjuicios irreparables por resultar contrario a los arts. 1, 5, 14, 14
bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la
Constitución federal y los artículos 26 y 30 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH)", enumeraron Zaffaroni y Ferreyra". Por
ende, "se solicita se resuelva la incertidumbre" en torno a su
aplicación y ante la "gravedad institucional, en la inteligencia que
conmueve duramente las bases republicanas y democráticas de la Argentina
y por ende trasciende los márgenes del caso", advirtieron.
El
Gobierno de La Rioja pidió habilitar la feria judicial para tramitar la
causa principal y también para el dictado, notificación y cumplimiento
de la medida cautelar pedida.