, clausurando el Parlamento, para modificar centenares de leyes que
desregulan la economía, que habilita el endeudamiento externo sin debate
ni control legislativo, se fagocita el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de la Anses y con un fuerte sesgo privatista busca
desprenderse de las principales empresas del Estado. Por si fuera poco,
la Casa Rosada pretende modificar el Código Penal, con fuertes
restricciones a las libertades públicas, el Código Civil y Comercial y
las leyes electorales. Todo en un Congreso políticamente fragmentado,
donde los operadores parlamentarios de La Libertad Avanza (LLA) buscan
aliados para eliminar resistencias a la aprobación de la mega Ley, en
medio de fuertes (y no fundamentadas) denuncias de Milei, amenazas y
extorsiones contra los legisladores opositores.
La primera semana de
enero comenzará con la conformación de las comisiones legislativas que
en ambas Cámaras del Congreso debatirán los 664 artículos de la Ley
ómnibus, uno de los cuales propone la aprobación del mega Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) con que el Gobierno modifica y elimina más de
300 leyes. Allí, la vicepresidenta Victoria Villarruel logró alzarse
con su primer trofeo legislativo: pactó con el resto de los bloque no
kirchneristas en el Senado para construir una mayoría junto al PRO, la
UCR, Unidad Federal, Cambio Federal y partidos provinciales para
desplazar y relegar a Unión por la Patria (UxP) como primera minoría en
la Cámara alta. Un pacto que se reflejó en los decretos que firmó la
vicepresidenta en el reparto de asientos en la Comisión Bicameral de
Trámite Legislativo –que debe tratar el mega DNU--, donde el oficialismo
y sus aliados tendrán cinco de los ochos lugares que le corresponden al
Senado: Juan Carlos Pagotto (LLA con un bloque de 7 senadores), Víctor
Zimmermann (UCR, con 13), Luis Juez (PRO, con 6), Juan Carlos Romero
(Cambio Federal, con 4) y Carlos Espínola (Unidad Federal, con 3).
Mientras que al interbloque de UxP con 33 bancas (17 del FNyP y 18 de
UC) le asignaron solo 3 de los 4 asientos que había reclamado por
reparto proporcional: la mendocina Anabel Fernández Sagasti, el porteño
Mariano Recalde, la formoseña María Teresa González y la neuquina Silvia
Sapag, que finalmente fue descartada de la nómina por el decreto de
Villarruel.
Pero los tiempos corren, se hacen vertiginosos y Menem
arranca enero sin la conformación de las comisiones que deben tratar la
ley ómnibus. El riojano aún negocia con las dispersas bancadas
opositoras en busca de acuerdos para avanzar con los objetivos que
propone el Gobierno.
Todo indica que seguirá los pasos de Villarruel
en busca de alianzas que aglutinen al antiperonismo y sellar acuerdos
para aprobar muchos de los artículos donde hay bloques dispuestos a
respaldarlos. Aunque el oficialismo libertario sabe que también
encontrará resistencia en muchos de los proyectos que Milei considera
fundacionales para su gestión de gobierno.