Tras un encuentro reservado de dos
horas, asumió el delicado panorama oficialista y convenció a su hermano
de que la marcha atrás era inevitable. Contrariado, el ministro de
Economía, Luis Caputo, tuvo que anunciar la eliminación del capítulo
fiscal. Los gobernadores aliados celebraron la medida, aunque siguen
cuestionando la falta de diálogo. En el oficialismo aseguran que el
retroceso permitirá avanzar el próximo martes con la media sanción.
Desde la oposición afirman que todavía no hay nada cerrado y observan
con particular atención el alcance de las facultades delegadas.
“Era
un tema menor dentro de la ley, pero generaba toda una serie de
discusiones”, expresó el ministro del interior, Guillermo Francos, sobre
las postergadas medidas para reducir el déficit fiscal. El postulado
contradice el apocalíptico panorama que Caputo explica puertas adentro y
afuera. “El compromiso de llegar al déficit cero no va a cambiar, se
apruebe o no la ley”, repite el ministro en un claro mensaje a los
mercados. Lo cierto es que en el Gobierno ven con extrema preocupación
que un revés legislativo desemboque en una falta de credibilidad
respecto a la viabilidad del programa de ajuste. “No estoy dispuesto a
negociar nada”, decía Milei horas antes de que los gobernadores le
tuerzan el brazo. Sumergido en una total intransigencia, el libertario
necesitó escuchar de boca de su hermana –su persona de máxima confianza–
que una derrota parcial ante los mandatarios provinciales era mejor que
un golpe de knockout en el recinto del Congreso. Procesado el
retroceso, confían en que ahora tendrán un resultado favorable en
Diputado. "No se entendería que no aprueben la Ley Bases. El que no
acompaña ya está poniendo palos en la rueda", advirtió Francos.
“Nuestra
intención es tratar la ley cuanto antes”, indicó ayer Martín Menem. El
objetivo del oficialismo es discutirla el próximo martes en el recinto
de la Cámara baja e, inmediatamente, comenzar el debate en el Senado. El
proyecto diezmado no incluirá el blanqueo de capitales, la moratoria
impositiva, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias, el
aumento de las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria.
Incorporadas las demandas de los gobernadores, en Casa Rosada esperan no
tener sobresaltos. Los mandatarios provinciales dejaron atrás la
amenaza presidencial de “dejarlos sin un peso”, y valoraron la marcha
atrás. “Celebro la decisión. Estamos a disposición para un diálogo
franco y llegar a acuerdos que reflejen sensatez y que construyan a
largo plazo”, afirmó el chubutense Ignacio Torres. “Estamos de acuerdo
con el norte que marcó el Presidente y vamos a apoyar las herramientas
que necesite para poder llevar adelante el ordenamiento del país”, sumó
el entrerriano Rogelio Frigerio. “Es correcto lo que se anunció. Nos va a
permitir trabajar juntos en equilibrar las cuentas”, completó el
santafesino Maximiliano Pullaro desde el festival de Cosquín.
Tras
los mensajes individuales, la liga de los gobernadores de Juntos por
Cambio realizó un encuentro virtual para discutir una postura unificada.
Si bien no hubo una definición concreta, coincidieron en destacar los
anuncios y cuestionar la falta de comunicación con el Gobierno.
Los superpoderes
Despejada
la polémica en materia fiscal, la clave del debate por estas horas es
el alcance de las facultades delegadas. “Es una trampa”, señala el
presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. “Todo a
lo que supuestamente renuncia (Milei), lo puede hacer luego con esas
mismas facultades delegadas”, agrega. La diputada del GEN Margarita
Stolbizer sostiene lo mismo: “Van a terminar sacando todas estas cosas
por decreto”. Muchos diputados del radicalismo y Hacemos Coalición
Federal consideran que el retroceso del Gobierno tapa el artículo más
grave del texto que es el que le otorga “superpoderes”. El proyecto
original faculta al Ejecutivo para poder legislar en materia económica,
financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria,
energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre
de 2024, con la posibilidad de prorrogarlo por otro año con aprobación
del Congreso.
El rechazo en los bloques aliados es amplio, aunque
mantienen distintas posturas. La Coalición Cívica, que integra el
espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto, plantea una posición más
dura, de eliminación total, mientras que la UCR y HCF está dispuesta a
acompañar, pero limitando la cantidad de emergencias y la capacidad de
acción presidencial. “Planteamos acotarla a los temas económicos,
fiscales y administrativos para darle herramientas de reforma del
estado”, señaló Stolbizer. En el mismo sentido, se manifestó Martín
Llaryora: “Hay que delegar facultades para tener rapidez en la decisión,
pero son demasiadas las que se han pedido”. El gobernador cordobés puso
el foco en ese punto, aunque dio a entender que los diputados de su
provincia acompañarán el proyecto en general. "La próxima semana es
bisagra, hay que tener ley. Hay que sacarla", sentenció Llaryora y se
comprometió a “trabajar personalmente” con los legisladores para llegar a
un acuerdo.
Entre los puntos que aún no están definidos, quedan
discutir las modificaciones a la ley de Pesca y los regímenes de
Hidrocarburos y Biocombustibles. En las conferencia de prensa, Caputo no
aclaró si forman parte o no del capítulo fiscal. También sigue el
debate por la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la
ANSES. La exigencia de los gobernadores es que antes de traspasarlo al
Tesoro Nacional sea utilizado para pagar las deudas existentes con las
cajas provinciales. Respecto a las privatizaciones, si bien se sacó YPF
de la nómina, aún no hay acuerdo sobre qué mecanismo se utilizará para
que el Congreso las apruebe. Son muchos temas sobre la mesa.
Menos ingresos, menos gastos
Más
allá de los acercamientos coyunturales, la tensión con los gobernadores
continuará. La promesa presidencial de dejar a las provincias sin
recursos hasta “asfixiarlas” es una realidad concreta. El Gobierno no va
a ceder en su mirada fiscalista, más bien todo lo contrario. Tras el
despido de Guillermo Ferraro, Caputo quedará a cargo de Infraestructura;
un área clave para los mandatarios locales porque concentra, entre
otras cosas, Obras Públicas y Transporte. Así, los futuros conflictos
están en puerta. El ministro ya advirtió que si no se aprobaban las
reformas económicas “todas las partidas provinciales se recortarían
inmediatamente”. El que avisa, no traiciona.