El Ministerio de Justicia anunció que será considerada como un
"servicio económico de interés general" que quitará trabas
"burocráticas" para fomentar inversiones. Así como habrá escasos
requerimientos para constituir una sociedad local, menos todavía habrá
para el desembarco de sociedades extranjeras y off shore. El país iría
camino a ser un paraíso fiscal. La falta de información sobre la
composición societaria, la evolución patrimonial y los balances podrían
dar pie a estafas y otros delitos, hasta lavado de dinero. Uno de los
modelos que se profundizará, explicó el ministro Mariano Cúneo Libarona,
es el de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), que permite
armar una empresa en cuestión de horas, sin capital ni rendición de
cuentas. La banda narco de los Monos, para ilustrar, creó más de 40 SAS
para usar facturas truchas y comprar propiedades como mecanismo de
blanqueo. El capítulo que habilita la posiblidad de que las asociaciones
civiles y fundaciones participen en sociedades anónimas, como las
deportivas, es solo un aspecto de una gran reforma que el inspector
general, Daniel Vítolo, viene implementando desde el inicio de su
gestión, bajo el modelo libertario. Para eso firmó más de una decena de
resoluciones que comenzaron a barrer con requisitos y modos de
fiscalización sobre las sociedades, siempre con el objetivo de la
atracción de inversiones como excusa. La resolución 15/2024, que es la
que se anunció este martes, reformatea todo el funcionamiento del
organismo. El pensamiento de Javier Milei se basa en sostener que el
Estado es corrosivo para la actividad económica privada y para la
autonomía de los negocios particulares, por eso su gestión hace
prevalecer los deseos y necesidades de los grandes capitales, el interés
individual sobre el colectivo. “Nuestro norte es desregular,
simplificar y eliminar trabas mal impuestas a los argentinos de bien y
facilitarles los procesos burocráticos para fomentar la inversión en
nuestra querida Argentina”, sostuvo Cúneo Libarona. Desde el sentido
común, ¿quién no quiere evitar la burocracia? Pero el Ministro apunta a
criticar el modelo tradicional de la IGJ, y en particular, a la gestión
anterior, que fue casi opuesto: “La Inspección General de Justicia
durante mucho tiempo fue —dijo— un organismo intervencionista que
avasalló sus competencias, se salteó la Constitución Nacional y generó
grandes daños y perjuicios en todos aquellos que buscaban invertir y
sacar lo mejor de la Argentina (...). Eso se terminó. Esta normativa es
un paso más dentro del cambio de sistema que estamos implementando.
Tiene como objetivo respetar la voluntad de las partes, sin inmiscuirse
en decisiones que son puramente de los tipos sociales". ¿Para qué se
aplicaban controles? Para evitar fraudes legales, para prevenir daños a
terceros (acreedores, herederos, socios), para detectar lavado de dinero
(como el caso de los Monos) para evitar actividades ilícitas (como las
estafas piramidales), para implementar políticas que protejan el interés
general y el bien común. Algunos expertos sugieren, por ejemplo, que
esto último se podía lograr con la regularización de los clubes de
barrio, que incluso ahora podrían estar en peligro y la paridad de
género en los directorios de las sociedades. La política oficial, es
evidente, va por otro carril.
Lo que se flexibiliza
*La
desregulación y simplificación de sociedades constituidas en el país
implica que los capitales privados podrían burlar —por ejemplo— reclamos
de acreedores que reclamen alguna deuda, o facilitar estafas a cónyuges
o herederos, ya que no hay verificación patrimonial (se habilita una
suerte de blanqueo de hecho) sobre lo que una firma posee ni sobre sus
dueños, los bienes no tienen que estar afectados a la sociedad
empresaria, no se exigen garantías de directores, no se requiere
certificado de inhibición de bienes en caso de una reorganización
societaria, no se verifica la llamada "prima de emisión" (cuando se hace
un cambio de capital y se emiten nuevas acciones) lo que puede
perjudicar a socios minoritarios, se reducen "exigencias contables"
(sic) en general.
*La anunciada simplificación de "los trámites y se
flexibiliza la constitución, el funcionamiento, disolución y liquidación
de las asociaciones civiles y fundaciones", implica que no se
investigará si realmente persiguen el "bien común" o solo persiguen
intereses personales. Las iglesias, fundaciones, confesiones y
comunidades o entidades religiosas ahora registradas y fiscalizadas
podrán dejar de estar bajo ese monitoreo y manejarse con sus propios
estatutos. Los fideicomisos quedan eximidos de presentar estados
contables, igual que los "contratos asociativos".
*A las sociedades
extranjeras no se les pide plan de negocios, cuál es su patrimonio, no
se exige "acreditar la titularidad de activos en el exterior" para poder
anotar sucursales", no importa quién es el dueño y si es una cáscara,
aunque se pida conocer al supuesto beneficiario. Se pueden inscribir
"las sociedes off shore y aquellas constituidas, registradas o
incorporadas en países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados
asociados y regímenes tributarios especiales, considerados no
cooperadores a los fines de la transparencia fiscal y/o categorizadas
como no colaboradoras en la lucha contra el Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo", dice el ministerio de Justicia. Lo que
promete es usar "un criterio restrictivo al considerar su inscripción".
Esto deja claro que la discrescionalidad está cantada. El uso de estas
sociedades podría, como es conocido, facilitar evasión, lavado, fuga de
capitales y otros delitos.
*El plan del gobierno reivindica y
reafirma el sistema de las SAS. Las introdujo el gobierno de Mauricio
Macri —como un "estímulo para el capital emprendedor"— las restringió la
gestión de Ricardo Nissen en la IGJ durante el gobierno de Alberto
Fernández, y las resucita Milei con una resolución que Vítolo ya había
firmado. Se pueden constituir sin control de legalidad, ni exigencia de
balances, con mínimo capital, un socio y en dos días. El ejemplo de los
Monos, que armaban SAS desde la cárcel, es ilustrativo de cómo puede ser
también una herramienta dudosa, igual que las off shore.