LA CONFEDERACIÓN
de Radios y Medios de Comunicación de Argentina
Buenos Aires, camino a convertirse en una guarida fiscal
Se estaba refiriendo a la labor que la Inspección General de Justicia
desarrolló y viene desarrollando desde su creación, en el año 1893, en
forma ininterrumpida y sin solución de continuidad desde hace 131 años,
pues dicho organismo fue precisamente creado, con otra organización
administrativa, ante los notorios abusos incurridos por las sociedades
anónimas que en nuestro medio existían desde la sanción del Código de
Comercio nacional en el año 1862. Por aquel entonces y luego de un
período de investigaciones, se descubrió que el objetivo de las
sociedades anónimas no era operar en una organización colectiva de
manera lícita, sino especular con la emisión de acciones y obtener por
esa vía ventajas económicas indebidas, lo que justificó sobradamente el
retiro de la personería de esos entes infractores. El control estatal
fue tan intenso como necesario que solo quedaron en funcionamiento un
número aproximado de 400 sociedades anónimas, que siguieron sometidos a
un intenso control estatal, por decreto del Presidente Luis Figueroa
Alcorta del año 1908, quien extendió esa fiscalización, de carácter
permanente, a las sociedades a las extranjeras y civiles. Debemos a ese
eficaz control - justificado también en razones de soberanía y bienestar
general - la activa intervención del Estado, a través de la Inspección
General de Justicia, llevado a cabo en las estancias de propietarios
británicos situados en la Patagonia, donde se pretendía imponer a todos
quienes trabajaban en esos campos la legislación inglesa y no la
nacional, lo cual ocurrió aproximadamente hasta la tercera década del
siglo veinte. En la conferencia de prensa del 16 de Julio, insistió el
Ministro Cúneo Libarona, en presencia del actual Inspector General de
Justicia que “Nuestro objetivo va a ser siempre resguardar la libertad
de los argentinos, y fundamentalmente, facilitarles la vida y los
procesos burocráticos para fomentar la inversión en nuestra querida
Argentina. El Estado siempre fue un enemigo, un obstáculo, una traba
para aquellas personas que quisieron invertir en nuestra patria.
Nosotros vamos a desmantelar ese sistema perverso y a facilitar la vida
de los argentinos. En concreto, la Inspección General de Justicia, que
bien dirige Daniel ( ? ) durante mucho tiempo fue un organismo
intervencionista y obstruccionista, dirigido por la política y avasalló
de sus competencias, soslayó la Constitución y generó grandes daños y
perjuicios a todos aquellos que buscaban invertir y sacar lo mejor de la
Argentina. Eso terminó. Estamos en otra etapa”.
2. Pocas veces he
escuchado tantas insensateces ni he advertido tanta genuflexión hacia
las actuales autoridades nacionales, en especial respecto del presidente
de la Nación, quien tiene por costumbre echar de sus respectivos cargos
a quienes no piensan exactamente como él, no solo en cuestiones de
política sino de temas desvinculados al gobierno del país y propios de
la conciencia de cada uno. Por esa razón, el Ministro de Justicia, Cúneo
Libarona adoptó un estilo de denuncia y confrontación con quienes
gestionaron la IGJ en los últimos años, pues este funcionario ignora
todo lo relativo a la importancia y trascendencia de la labor
fiscalizadora de la Inspección General de Justicia, a la cual solo debe
haber concurrido por cuestiones protocolares, pero que de su rica y
trascendencia historia nada conoce, y lo que es peor, ignora el fenómeno
periodístico mundial de los “Panamá Papers” ( 2016 ), “Paradise Papers”
( 2019) y “Pandora Papers” ( 2022 ), que pusieron al descubierto los
graves perjuicios que ocasionan las sociedades offshore en el mundo, a
las cuales sus principales víctimas son los argentinos “de bien”; pero
concebidos éstos en su verdadera acepción, esto es, las personas que
caracterizan por su solidariedad buena fe y laboriosidad. La tragedia de
Cromagnon del año 2004 hizo conocer a los argentinos los peligros que
encierra, para los ciudadanos y para el país, las sociedades nacionales
que se disfrazan de extranjeras y la existencia de 130 muertos por falta
de gastos de seguridad en ese establecimiento así lo avala.
3. La
calificación como política a la labor de la Inspección General de
Justicia, y la caracterización como obstruccionista e intervencionista
respecto de los funcionarios que tuvieron a cargo de ese organismo de
control durante los últimos años ( con excepción del período 2015/2019 )
implica desconocer la realidad de la forma como se hacen gran parte de
los negocios en la República Argentina, esto es, por argentinos
disfrazados de extranjeros y que se valen de sociedades ficticias
extranjeras para actuar comercialmente en la Argentina, siempre por
ciudadanos nativos y pagando los impuestos en guaridas fiscales que se
dedican a la piratería desde los lugares mas recónditos del mundo, con
una impunidad y complicidad del Poder Judicial que resulta
verdaderamente alarmante, y que no es ajeno al desquicio económico que
exhibe la economía de nuestro país.
La promesa del mismo ministro de
suprimir los controles estatales sobre las sociedades anónimas
nacionales, extranjeras y SAS, avalada por el actual Inspector General
de Justicia en su última resolución general nº 15/2024, argumentando que
la Inspección General de Justicia no es un organismo de control sino
una mera dependencia de fomento de inversiones en la Argentina, a la que
ahora califican como “Servicio Económico de Interés General”, están
proclamando a los cuatro vientos que toda inversión extranjera será
bienvenida en Buenos Aires, a cuyos inversores se les promete no
efectuar controles de ninguna especie, incluso respecto de las
sociedades constituidas en guaridas fiscales. Bienvenidas entonces, para
las actuales autoridades, las sociedades “extranjeras” que vienen a la
Argentina como vehículos de simulación para defraudar al cónyuge, a los
herederos no queridos o a los terceros acreedores y también para
facilitar la presentación de concursos preventivos fraudulentos, todo lo
cual es admitido y tolerado por la Justicia Comercial, cuyas
preferencias por el sector corporativo son indisimulables.
4. Lo que
verdaderamente resulta lamentable de todo ello es que ni el Ministro de
Justicia ni el actual Inspector General de Justicia leyeron alguna vez
las cientos de resoluciones generales y particulares dictadas por la
Inspección General de Justicia que pusieron freno a su “gente de bien”,
creando falsas sociedades externas con una interminable cadena de
“sociedades vehículo” o “beneficiarios finales”, insertados como
“mamushkas” en los respectivos instrumentos societarios, a los únicos
efectos de evitar que dichas sociedades o sus controlantes – obviamente
ciudadanos argentinos, pero no precisamente “de bien” - pudieran honrar
sus compromisos asumidos o evitarles responsabilidades por la actuación
de sus sociedades simuladas y fraudulentas, creadas para llevar a cabo
sus negocios personales y planificar su vida privada, desde su
matrimonio hasta su muerte. De haber aquellos funcionarios leído el
texto de esas resoluciones que fueron dictadas por quienes promovieron
la actuación de sociedades por acciones simplificadas ( SAS ) que hoy
casi en su totalidad desaparecieron misteriosamente de sus domicilios
sociales, y que han sido protagonistas de todo tipo de maniobras
fraudulentas, desde lavado de dinero a constitución de usinas de
facturas falsas, de modo que mal pueden calificar a la labor anterior de
la Inspección General de Justicia, como una mera maquina burocrática de
impedir inversiones genuinas de sociedades legitimas integradas por
supuesta “gente de bien”. Es también una verdadera pena que dichos
funcionarios no hayan leído las resoluciones de la Inspección General de
Justicia dictadas en los expedientes dedicados al “Fideicomiso Ciego de
Administración”; de la verdadera actividad de la sociedad “Hidden Like
SA”, mantenida con millonarios aportes provenientes de sociedades
offshore de propiedad exclusiva del magnate Joseph Lewis, recientemente
condenado en los Estados Unidos por la consumación de delitos económicos
e impositivos y con cuyos fondos se mantiene una tropa privada,
dedicada a apalear a los ciudadanos que pretenden avistar el Lago
Escondido, oculto en aquella estancia y cuya intervención judicial la
anterior IGJ reclamó reiteradamente a la justicia comercial, sin el
menor éxito. Del mismo modo, hoy esos campeones de la desregulación, que
hasta utilizan el mismo lenguaje de su jefe, para evitar su
defenestración del cargo que hoy ocupan y que tienen pánico de perder,
de haber tenido conocimiento de la labor de la IGJ en el período
2019/2023, habrían tomado conocimiento de las actuaciones de la
asociación civil creada e integrada por Patricia Bullrich, de la cual
vivía muchísima gente ajena a la supuesta actividad filantrópica que la
misma jamás realizó – a pesar de la inexistencia de fin de lucro que
caracteriza a estas personas jurídicas - y de cuya caja fueron abonados
los honorarios que la actual Ministra de Seguridad pagó a un perito
informático para borrar los celulares de su estrecho colaborador Gerardo
Millman y sus selectas secretarias, todos partícipes de una no menos
curiosa conversación en un bar del barrio de Congreso, donde se hacía
referencia al inmediato intento de homicidio a la por entonces
vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
5. Como toda
calamidad, este gobierno va a pasar y quedará en la historia como un
gobierno cruel y carente de solidaridad, que se negó a apoyar a los
comedores escolares, a contribuir a mejorar la salud de enfermos de
gravedad, a dejar morir de frío a las personas en situación de calle o
de reprimir sin miramientos a quienes se reunieron para ejercer su
constitucional derecho de protesta. No se lo recordará, sin embargo,
como un gobierno integrado por personas que se caractericen por cumplir
eficazmente los principios generales de derecho previstos por los
artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación que
impone a todas las personas el deber de prevención del daño, normas
estás que estuvieron presentes en un gran número de resoluciones tanto
generales como particulares dictadas por la IGJ en otras gestiones que
tanto critican hoy los aludidos funcionarios. Muy por el contrario, la
eliminación de los controles por parte de la Inspección General de
Justicia sobre las personas jurídicas, y en especial, de las sociedades
provenientes de Delaware y otras guaridas fiscales y sociedades por
acciones simplificadas no atraerá a los verdaderos empresarios
nacionales y foráneos a invertir en el país, siempre respetuosos de la
ley, sino a los “rastacueros de siempre”, a los cuales el Diccionario de
la Real Academia Española define como “vividores, advenedizos, personas
incultas, adineradas y jactanciosas”.
Termino estas líneas con una
pregunta que todo lector se va a hacer: ¿Cual será la actitud del
titular de la IGJ cuando se le presente, para su inscripción, una SAS
unipersonal, con única socia constituida en Delaware, con el capital
social previsto en la ley 27349 y pretenda adquirir un club de fútbol
con sede en CABA?
El autor es Profesor Titular de Derecho Comercial
de la UBA y de la UNDAV. Ex Inspector General de Justicia ( 2005-2005 y
2020-2023 ).
24/07/2024 (8266)
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