"La Administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales criminales"
y "deportó a cientos" de ellos "en aviones militares", informó en X
Karoline Leavitt, secretaria de prensa del presidente estadounidense.
Precisó que la lista de arrestados incluye a una persona sospechada de
terrorismo, cuatro miembros de la banda criminal venezolana 'El Tren de
Aragua' y varios condenados por crímenes sexuales contra menores. Por
otro lado, la implementación de estas políticas ha generado denuncias en
distintas regiones del país. El alcalde de Newark, Ras Baraka, emitió
un comunicado condenando un operativo del Servicio de Control de
Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un
establecimiento local. Según Baraka, durante el procedimiento se detuvo a
residentes indocumentados y ciudadanos estadounidenses sin órdenes
judiciales, lo que calificó como un "acto atroz". En paralelo, el
Congreso, bajo mayoría republicana, aprobó esta semana una controvertida
ley que amplía el alcance del encarcelamiento preventivo para
extranjeros sospechosos de delitos. La normativa, respaldada por 262
votos en la Cámara de Representantes y 64 en el Senado, contempla
detenciones por infracciones menores, como hurtos en comercios. De ser
arrestadas, estas personas quedarán bajo custodia del ICE.
Jorge
Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de
los Inmigrantes), advirtió sobre las implicancias de esta legislación
en una entrevista con RFI. Según explicó, la ley amplía
significativamente el rango de personas susceptibles de ser deportadas,
incluso aquellas que solo enfrentan acusaciones por infracciones
menores. "Esta propuesta busca básicamente expandir el número de
personas que puedan ser deportables, aun cuando solamente han sido
acusadas de delitos menores como robar un dulce en una tienda o estar en
una pelea", detalló Cabrera.