LA CONFEDERACIÓN
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Mucha declaración y poca acción
Otros bloques más afines al Gobierno, como el PRO, la UCR y Provincias
Unidas, cuestionaron la decisión pero se mostraron más proclives a
iniciar conversaciones para negociar una ampliación del máximo tribunal o
bien la postulación de otros candidatos que generen mayores consensos.
Por lo pronto, la mayoría esperará el discurso de apertura de sesiones
ordinarias del Presidente, Javier Milei, para terminar de definir su
posición. El 26 de noviembre por la noche, los senadores de Unión por la
Patria firmaron de puño y letra un acta titulada "No hay juez de la
Corte sin acuerdo del Senado". Habían pasado dos horas desde que el Jefe
de Gabinete, Guillermo Francos, les había confirmado en plena sesión
informativa en la Cámara Alta que Javier Milei evaluaba la maniobra que
finalmente se concretó ayer: saltear la voluntad del Senado. En aquel
acta, los senadores de UxP se comprometieron a "impulsar el inmediato
rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser
designada como juez o jueza de la Corte Suprema 'en comisión'.
Consideraron esa decisión como "manifiestamente inconstitucional" y "una
afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de
nuestro país". Por último, también se comprometen a "iniciar las
acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el
Estado de Derecho". "Él no es un emperador ni tampoco es un rey, es un
Presidente elegido por el voto popular y tiene que someterse a la ley",
disparó la riojana Florencia López. "Su autoritarismo es una aberración
institucional", sumó su compañero Daniel Bensusán. "El Presidente se
manda una mega criptoestafa que según la revista Forbes es la más grande
de la historia y para lograr su impunidad se le ocurre la 'brillante'
idea de poner dos jueces en la Corte Suprema por decreto. Hacen bien los
que se preocupan por la seguridad jurídica de sus patrimonios en este
país", completó Juliana Di Tullio. Para cumplir con la palabra empeñada,
los senadores de UxP deberían pedir una sesión especial para rechazar
los pliegos. Pero la situación no es tan sensilla: el primer desafío
será conseguir el quórum de 37 senadores para iniciar esa sesión
especial. Como el bloque de UxP tiene 34 integrantes (suponiendo que
todos estén de acuerdo, lo cual no es seguro) con que 3 opositores
dialoguistas se sienten en sus bancas sería suficiente. Es un escenario
probable aunque las dificultades no terminan ahí. Como el pliego de
García Mansilla no tiene dictamen de la comisión de Acuerdos, para poder
debatirlo en el pleno del cuerpo deberían primero aprobar el
tratamiento sobretablas con los votos de los dos tercios de los
senadores presentes. Ahí el escenario se pone más complejo. Podría
ocurrir que no se alcance el número y fracase la jugada. En cambio, como
el pliego de Lijo sí tiene dictamen de comisión, no hay que votar el
tratamiento sobre tablas y se puede discutir directamente la aprobación o
el rechazo. Para aprobar el pliego hacen falta dos tercios de los
votos, o a la inversa, para rechazarlo se requieren 25 votos. Podría
ocurrir entonces una paradoja: que el pliego de García Mansilla, que es
más resistido entre los integrantes de UxP, no termine rechazado y el de
Lijo, que es aceptado por parte del bloque, sí. Pero eso no es todo. En
cualquier momento, el Poder Ejecutivo podría solicitar al Senado el
retiro de los pliegos enviados, lo que dejaría a los senadores y
senadoras sin nada que rechazar. Sería una flagrante contradicción
retirar pliegos de candidatos que ya eligió y designó por decreto, pero
la coherencia no parece ser algo que inquiete a la Casa Rosada.
Como
si todo eso fuera poco, tampoco está claro qué consecuencias concretas
tendría el rechazo del Senado. Algunos sostienen que inmediatamente
quedarían fuera del cargo, otros que tendrán mandato hasta que termine
el plazo de su designación "en comisión", es decir, hasta el fin del
período ordinario de sesiones. ¿Quién debería dirimir esa controversia?
¿Qué pasa si el rechazo es antes (o después) de que la Corte Suprema les
tome juramento? Muchas preguntas sin una respuesta clara.
En medio
de este escenario confuso, distintos bloques afines al oficialismo
también rechazaron el decreto. La UCR, que atraviesa una profunda crisis
por diferencias internas, emitió un tibio comunicado en el que calificó
el decreto como "grave, impurdente e innecesario". "A las puertas de un
nuevo período de sesiones ordinarias, esperamos que se retome el camino
de la búsqueda de consensos para lograr normalizar esta situación de
gravedad institucional, que sólo está prevista para situaciones
extraordinarias y en este caso no se condicen con este momento
histórico", susurraron los radicales. Si llegara el tema al recinto, es
claro que otra vez votarán divididos Martín Lousteau, Pablo Blanco y
Maximiliano Abad votarían por el rechazo mientras que los senadores con
terminales en los gobernadores volverían a alinearse con los
libertarios.
Sin demasiadas precisiones, el jefe del bloque del PRO,
Alfredo de Angeli, adelantó que votarían en contra del pliego de Lijo,
de haber una sesión. No aclaró qué harían con García-Mansilla.
Desde
Provincias Unidas, el bloque del expulsado senador Edgardo Kueider,
íntimo aliado del Gobierno, también rechazaron el decreto. "Es un
atropello y una amenaza a la división de poderes. El Ejecutivo no puede
imponer su voluntad por sobre las instituciones. Como ya lo expresé, no
voy a respaldar nombramientos de jueces del máximo tribunal por decreto.
Además, es inadmisible que la conformación de la CSJN no contemple la
participación de juezas. Con este decreto, tal vez pretendan distraer a
la sociedad de otro hecho de gravedad institucional: el caso del
Presidente y la criptomoneda $LIBRA que la justicia debe investigar con
rigurosidad y celeridad", señaló la cordobesa Alejandra Vigo.
27/02/2025 (8611)
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