, la entidad pasó de tener un leve superávit en sus cuentas a un déficit
de poco más de mil millones de pesos y, como si fuera poco, en medio
del proceso para convertirla en sociedad anónima, es objeto de la puja
entre el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, y Playas
Ferroviarias, que se encuentra bajo la órbita del ministro Federico
Sturzenegger. Lejos del radar de la opinión pública, COVIARA se
convirtió en uno de los mayores ejemplos sobre cómo se implementa la
motosierra libertaria sin criterio ni planificación. Mientras fuentes de
la cartera de Defensa minimizan el problema y lo adjudican solo a
desprolijidades administrativas, uno de los empleados de COVIARA con
varias décadas a cuestas en la entidad, precisó, bajo estricto off por
temor a represalias, lo que a su juicio es el quid de la cuestión: “Los
empleados de COVIARA tenemos la certeza de que quieren que la entidad
desaparezca porque pone en evidencia la especulación inmobiliaria propia
del mercado. Hay 800 desarrolladores privados. Entonces, si avanza este
modelo, el Estado los contratará gracias a que el IAF le presta plata a
los militares para que se compren viviendas. Así las cosas, el Gobierno
propone no la construcción sino la compra, para terminar siendo un
negocio financiero con una de las fuerzas del Estado”.
Patrimonio y
especulación- Para quienes forman parte de COVIARA, no hay que ser
clarividente para comprender qué es lo que se discute de fondo cuando se
busca su disolución: “Cuando se buscan las causas reales sobre lo que
quieren hacer con COVIARA, hay algo que nadie dice: nosotros, sin ningún
tipo de problema, podemos tener una empresa desarrolladora que hace lo
mismo que cualquier privado solo que con una lógica social para la
Armada, porque esa es la función con la que se la creó y no con el
objetivo de la especulación inmobiliaria, que naturalmente rige al
mercado. Pero esta es la voluntad política del gobierno actual”. Los
trabajadores de COVIARA sacan chapa cuando mencionan que, a pesar de que
desde 1996 fueron excluidos del Presupuesto de los sucesivos gobiernos
nacionales, motivo por el cual no reciben partida del erario público,
han construido más de mil viviendas para el personal de la Armada.
Creada por decreto en 1966, durante el gobierno de facto del general
Juan Carlos Onganía, COVIARA es una empresa del Estado que depende del
Ministerio de Defensa y tiene como principal misión construir viviendas
para el personal militar, tanto en actividad como para los retirados.
Hasta
diciembre de 2023, el personal de COVIARA llegaba a los 40 empleados y
mostraba equilibrio en sus cuentas. Un año y medio después, la situación
es diametralmente opuesta. Quedaron solo 29 empleados y el déficit no
para de crecer. Todo cambió a partir de la sanción de la Ley Bases,
cuando COVIARA apareció entre las empresas del Estado que debían ser
privatizadas con la respectiva conversión en sociedad anónima como paso
previo. Se trata de algo que aún no sucedió porque el Gobierno no
cumplió los pasos administrativos correspondientes. No obstante, aunque
naturalmente la atención se la lleve la precariedad que atraviesan los
trabajadores de COVIARA, dentro de la entidad los más experimentados
explican que en realidad quedaron en el medio de la puja entre el propio
ministro de Defensa y Playas Ferroviarias, área que debería
absorberlos. En términos formales, Playas Ferroviarias es controlada por
la Agencia de Bienes del Estado (AABE), y actualmente está bajo el
mando de Diego Chaher.
¿Cuál es el botín en disputa?
Los terrenos
de COVIARA en todo el país. La todavía empresa estatal tiene, por
ejemplo, inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Punta
Alta y Magdalena. De acuerdo con la información brindada, desde
diciembre de 2023, COVIARA no pudo avanzar con ninguna de las obras
aprobadas. Se trata de proyectos que para llegar a ese punto implicaron
más de un año de trabajo.
Aunque, a vuelo de pájaro, los más
experimentados dentro de COVIARA valúen esos inmuebles en millones de
dólares, no se tiene una tasación precisa porque la empresa no puede
pagar la auditoría correspondiente. Inicialmente, solicitaron
presupuesto a la Auditoría General de la Nación, que depende del
Congreso nacional, y obtuvieron como respuesta un valor cercano a los
120 millones de pesos. Ante la imposibilidad de pagar esa cifra,
hicieron lo mismo ante consultoras privadas, y el presupuesto se redujo a
la mitad. De todas maneras, los balances, la auditoría y otros pasos
formales son los que faltan para que COVIARA se convierta en sociedad
anónima.
Un elemento clave será el balance en el que se detallen los
activos y los pasivos de la entidad, ya que este último concepto no para
de engordar.
Si bien no hay números oficiales, durante la gestión de
Luis Petri ascendió rápidamente hasta llegar a los mil millones de
pesos y no parece que vaya a detenerse ahí. La mitad corresponde al no
abono de salarios, paritarias y las respectivas actualizaciones. Otra
parte, al no pago de mantenimiento del edificio de COVIARA en Buenos
Aires y la deuda generada por los inmuebles.
“Hasta ahora, quienes se
quieren repartir los inmuebles de COVIARA están dentro del ministerio
de Defensa. Lo cierto es que más allá de lo que dice la norma que nos
traspasa a Playas Ferroviarias, con la gente de Sturzenegger no tenemos
contacto. Por ahora, nos podemos jactar de que de todas las empresas que
debían privatizarse somos la única que se mantiene en pie. Por ahora”,
dicen dos de los empleados con más experiencia dentro de COVIARA.
Dentro
de la empresa estatal tienen en claro que, de un día para el otro,
todos los inmuebles que pertenecen al patrimonio de COVIARA pueden ser
transferidos mediante un decreto presidencial, para, por caso, pasarlos a
Playas Ferroviarias.
Un empleado jerárquico de COVIARA afirmó: “Hay
un tema de fondo que es más importante que todo lo que se está
publicando. Hay tres institutos de vivienda, uno de cada Fuerza. Los
institutos que pertenecen al Ejército y a la Fuerza Aérea hace años que
no producen nada. COVIARA es la única que sí lo hace. Estuve con siete
gobiernos, y la verdad es que nunca viví una situación de estas
características”. Los trabajadores de COVIARA se preguntan: “¿Qué se
pierde cuando volteás a COVIARA?”. Y ellos mismos responden: “Perdés la
oportunidad de que el personal de la Fuerza tenga una entidad que les
permita acceder a una vivienda gracias al financiamiento de un banco del
Estado como puede ser el Nación, y el desarrollo de COVIARA. Va a
perderse la lógica social por la del mercado. Entonces no se entiende
muy bien cómo van a resolver la demanda de los integrantes de la Armada,
cuyo poder adquisitivo no es alto”. Ante la consulta de Ámbito, luego
de que insólitamente el equipo de prensa del Ministerio de Defensa se
comunicara para cuestionar el motivo de este artículo, el funcionario
bajo cuya ala se encuentra COVIARA, Mario Katzenell, secretario de
Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, eligió
no responder.
La primera vez
Uno de los mayores enojos por parte
de Defensa con los trabajadores de COVIARA se debe a que, como no
obtenían respuestas hace meses, convocaron a ATE, puntualmente al
delegado de la Escuela Nacional de Náutica, Luis Rodríguez.
En
diálogo con Ámbito, este contó que era la primera vez que ATE era
llamado por los trabajadores de COVIARA: “Se trata de sectores del
Estado que generalmente se muestran reacios a la participación de los
sindicatos. Cuando nos convocaron, nos contaron que les liquidaban el
sueldo sin la paritaria correspondiente. La verdad es que es la primera
vez que ATE encuentra que el Estado como empleador no paga salarios.
Entonces, cuando apareció ATE, los organizó y elevó las correspondientes
notas. Recién ahí aparecieron los sueldos de diciembre y enero”. Por
medio de ATE, los trabajadores de COVIARA comenzaron a enviar cartas
documento al ministerio de Defensa ya no solo por el no pago de los
salarios sino también por la falta de higiene, ocasionada porque fue
echado el personal de limpieza. Esto provocó que aparecieran ratas, tal
como quedó plasmado en la carta enviada a comienzos de mes.
A modo de
ejemplo, el 16 de abril, llegó a Defensa una carta documento con 15
firmas en la que los trabajadores de COVIARA manifiestan su enérgico
reclamo “ante la grave situación que atravesamos en materia de
condiciones mínimas de salubridad, seguridad e higiene en nuestros
lugares de trabajo”. En el texto, mencionan la posibilidad de accidentes
por la falta de mantenimiento de los ascensores, la no limpieza de los
baños y la aparición de roedores, “factores que configuran un riesgo
sanitario inadmisible”.
La nota recibida por el director de COVIARA
que da cuenta del riesgo de salubridad e higiene por haber echado a todo
el personal que realizaba tareas de limpieza como parte del desguace.
La nota recibida por el director de COVIARA que da cuenta del riesgo de
salubridad e higiene por haber echado a todo el personal que realizaba
tareas de limpieza como parte del desguace. El Ministerio de Defensa
levantó la guardia ante la aparición de ATE, y comenzó a presionar a los
trabajadores. Desde el sindicato de los trabajadores estatales,
señalaron que los funcionarios “están cometiendo una serie de
incumplimientos que están rozando lo penal”.
Uno de los testigos
directos es el presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales,
que comparte edificio con COVIARA. En entrevista con Ámbito, Morales no
solo cuestionó al director de COVIARA, Gabriel Salvini, por manejar la
empresa desde Godoy Cruz, Mendoza, sino que también indicó que “dentro
de las Fuerzas Armadas hay una fuerte versión de que Salvini dejaría su
puesto debido a que el proceso de desguace al que se está sometiendo a
la empresa es tan grosero que ningún funcionario político se quiere
hacer cargo”.
Sin embargo, lo que ocurre con COVIARA no es un oasis,
sino que el marco está dado por lo que viene sucediendo en la obra
social de las Fuerzas Armadas con Luis Fiochi, el director designado por
el ministro Petri.
Los lados del mostrador
El 15 de abril, los
vocales del Directorio del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas
Armada (IOSFA) presentaron una nota interna dirigida al presidente del
Instituto, el mendocino Luis Roberto Fiochi. Antes de avanzar, cabe
tener en cuenta que IOSFA es la tercera obra social del país por sus
dimensiones, detrás de PAMI y IOMA. En el mencionado documento, señalan
una serie de cuestionamientos en relación con diferentes medidas que
tomó Fiochi desde que asumió en noviembre de 2024.
Ámbito tuvo acceso
a la nota interna en la que los integrantes del Directorio critican el
préstamo de 40 mil millones de pesos pedido al Instituto de Ayuda
Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, del que Fiochi
fue presidente hasta noviembre cuando fue puesto a cargo de IOSFA. “No
se logró solución”, dicen. Lo cierto es que en marzo, mediante otra nota
interna, el director vicealmirante Eduardo Urrutia había realizado un
reclamo en esa misma línea directamente dirigido a Fiochi: “Usted nos
expresó que la tasa de interés estaría en el orden del 35 al 37 % y
finalmente se negoció 52,05 %. Con una CFT Anual de 64.48%”.
Peor,
Urrutia, en ese primer texto, acusó a Fiochi de retacear información al
Directorio: “(…) los miembros del Directorio que votamos a favor de la
tramitación del préstamo no nos enteramos de las condiciones finales si
no hasta que se concretó el mismo. No fuimos consultados ni informados
de las condiciones que estaba imponiendo el IAF”.
Entonces, no solo
se hacen eco tanto de una tasa de interés superior a lo que se accede en
el mercado actualmente como de que no fueran debidamente informados,
sino que añaden que Fiochi fue el funcionario que lo gestionó durante su
paso en el IAF, poco antes de reemplazar a Oscar Sagas, quien presentó
la renuncia el 19 de noviembre de 2024. Sagas es acusado por el presunto
desmanejo que llevó a una crisis financiera de poco más de 122 mil
millones de pesos.
Cuando Fioschi pasó a IOSFA, situó a la también
mendocina Betina Surballe como gerenta de Recursos Financieros del IAF.
Surballe era la mano derecha de Fiochi previo a su partida.
En el
documento señalado, los miembros del Directorio critican que Fiochi los
dejó al margen de la toma de decisiones y, a la vez, ignora sus
propuestas. Por otro lado, señalaron el nombramiento de personas sin
antecedentes para ocupar cargos jerárquicos. El caso sobre el que hacen
más hincapié es el de la designación de una abogada sin experiencia
(“recién llegada a IOSFA”, afirman) a cargo del área de Transparencia.
Se refieren a Lucila Pagani. Todo eso, salteándose el proceso de
selección. Por último, resaltan que tomó decisiones muy importantes sin
consultar al Directorio y que, a la postre, afectaron al afiliado.
El silencio de Fiochi tal vez tenga explicación. La nota interna lleva la firma de todos los miembros del Director