Por fuera de los auto denunciados aportes de funcionarios y empleados
regionales a la caja política, se esconde una trama de negocios mucho
mayor que incluye compras sin licitación y sobreprecios, según denuncian
exautoridades del organismo. Los prestadores advierten que las
irregularidades se multiplicaron en los últimos meses, que sufren
“débitos automáticos” y que la ecuación de sus empresas está al límite.
El pasado 30 de abril el PAMI publicó en sus redes oficiales un
comunicado en el que afirma que “las delegaciones no serán más una caja
negra de la política”. El texto pone el foco sobre las oficinas
territoriales, pero exfuncionarios advierten que las decisiones se toman
desde la sede central y apuntan a dos nombres: Esteban Leguizamo y
Carlos Zamparolo, número uno y dos del organismo. A pesar de que gran
parte de la discusión pública se posó sobre el pedido de aportes a
empleados públicos para financiar a La Libertad Avanza, hay una trama de
negocios mucho más importantes que incluye compras sin licitación,
proveedores recurrentes y sobreprecios. Todo se hace con el argumento de
la urgencia porque los pacientes corren riesgo: se llama la “vía de
excepción”. La fuente consultada por Ámbito dijo que “al tratarse de
supuestas urgencias, se pagaban sobreprecios de hasta el 700%”. Un punto
de inflexión se dio cuando el médico encontró un pedido de biopsia para
un tumor benigno. Al no haber urgencia, rechazó el mecanismo y revisó
las solicitudes: “Pasamos de tener siete pedidos diarios a uno semanal”,
remarcó. “Todo se arreglaba en PAMI central” La exfuncionaria del PAMI
en La Plata, Viviana Aguirre, presentó una denuncia ante la Justicia por
este y otros mecanismos de defraudación. “Nosotros lo único que
teníamos que hacer era firmar, pero todo se arregla en PAMI central”,
dijo en diálogo con C5N. Sobre este punto remarcó: “Había sobreprecios
en todo, en las prótesis, en los marcapasos, en los traslados, todo se
justificaba con el riesgo de vida”.
En Caleta Olivia también
denunciaron un mecanismo de recaudación. “Le pidieron el 10% a una
médica, viajé a Buenos Aires, estuve hablando con Esteban Leguizamo
antes de realizar la denuncia, le comenté sobre esta situación y él me
dijo que no se podía hacer nada porque estas cosas se definen
políticamente”, dijo Sergio Torres extitular del PAMI en esa localidad.
Torres también señaló que las vías de excepción se manejaban desde la
sede central con discrecionalidad: “Cuando vuelvo a Santa Cruz pasó a
estar frizado y eso me ocasionó problemas en el día a día porque las
autorizaciones, solamente las puede aprobar Leguizamo”, dijo en una
entrevista con Radio con Vos
Débitos automáticos y crisis de prestadores
Mientras
se multiplican las denuncias, los prestadores aseguran que el sistema
está en crisis. “La demanda es incontenible, son millones de jubilados
que no tienen suficiente oferta y te llenan la agenda, eso estaría bien
si se actualizaran los honorarios de acuerdo a la inflación, pero en el
último año no paramos de perder, el último aumento de la consulta fue de
$270”, dijo el titular de un centro de salud que atiende a 3.500
pacientes por mes.
El y otros empresarios del Gran Buenos Aires
denuncian que desde hace meses el PAMI les hace retenciones indebidas.
“Son débitos automáticos con conceptos absurdos, así te retienen el 10%
de toda la facturación y se repite en cada período con débitos gemelos,
es increíble”, explicó una de las fuentes consultadas.
Ámbito accedió
a la documentación en la que se repite el concepto "prácticas
excluyentes", sobre una serie de renglones de facturación, sin más
explicación. Según los prestadores, con esta retención del 10% la
rentabilidad está al límite y por eso priorizarán atender a otras obras
sociales: “No hay plata para los jubilados, no hay plata para los
médicos, que les pagan $6.800 pesos la consulta, están tomando al PAMI
como una caja política”, concluyó el empresario bonaerense.