Desde entonces se adoptaron medidas preventivas para reforzar la seguridad en los sistemas administrativos. La información presuntamente afectada en el hackeo incluye datos administrativos como nombres y DNI, información de familiares, destinos, condecoraciones, diplomas y otros registros relacionados con los legajos, la mayoría de acceso público. Sin embargo, las autoridades enfatizaron que no se vieron afectadas las capacidades operativas ni los sistemas informáticos críticos de la fuerza. En este sentido, el Ejército subrayó que, en caso de confirmarse la filtración, los datos involucrados serían mayoritariamente de carácter público. Desde la cartera de Patricia Bullrich aseguraron que se activaron los protocolos previstos para estos casos. En paralelo, la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) monitorea la situación en contacto con organismos estatales para evaluar riesgos reales.