En su breve explicación, la medida considera que el dispositivo creado
por el Poder Ejecutivo para autoinvestigarse ya dio respuestas a todos
los requerimientos que se había autoencomendado y, por lo tanto, su
vigencia carece de utilidad. “Disuélvese la Unidad de Tareas de
Investigación (UTI) creada en el ámbito del Ministerio de Justicia por
haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada”, dice el
Decreto 332/2025 firmado por el jefe de Estado y el titular de la
cartera judicial, Mariano Cúneo Libarona. Además del doble escándalo de
haber creado una comisión para autoinvestigarse y luego eliminarla por
considerar que ya se autoinvestigó, el papelón que suma el Gobierno es
el de no haber hecho públicos jamás los resultados de las supuestas
medidas que realizó para determinar la responsabilidad del Presidente en
la cripto estafa multimillonaria que lo colocó en las primeras planas
de todo el mundo.
La comisión autoinvestigadora
La UTI ahora
borrada del mapa había sido creada en febrero último por el Ministerio
de Justicia a través del Decreto 114/2025. Instruyó a la Oficina
Anticorrupción (OA) a iniciar averiguaciones para detectar eventuales
hechos de corrupción relacionados con la criptomoneda que Milei
promocionó a través de cuenta de la red social X que él mismo maneja,
sin cederle su administración a un tercero. Otra singularidad del caso
estuvo en el nombramiento de la persona a cargo de encabezar esa UTI. Se
trató de María Florencia Zicavo, la entonces jefa del Gabinete de
Asesores del Ministerio de Justicia que recibía órdenes directas de
Mariano Cúneo Libarona. Esa comisión tenía por tarea explícita 'recabar
los elementos relacionados con el criptoactivo $Libra con el fin de
colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el
Ministerio Público Fiscal'. Para ello, podía 'requerir información,
datos y documentación a todos los funcionarios públicos, órganos y
organismos que integran el Sector Público Nacional', así como también
solicitar información a organismos provinciales, internacionales y de
otros Estados.
¿Objetivos cumplidos?
En su decreto de eliminación
publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobierno nacional considera que
ya cumplió con todos esos objetivos.
En sus considerandos dice que
todos los organismos del Estado intervinientes ya dieron sus respuestas
en los plazos que se le habían otorgado.
Según el texto oficial, los
que entregaron información fueron la OA, el Banco Central, la Unidad de
Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la
Agencia de recaudación ARCA (exAFIP), la Casa Militar, la Dirección de
Migraciones, la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, la Agencia
de Acceso a la Información Pública (AAIP), la Inspección General de
Justicia (IGJ), la Subsecretaría de Asuntos Políticos y la Jefatura de
Gabinete.
Todos habrían entregado a la comisión autoinvestigadora la
información necesaria para que emita un dictamen no vinculante a la
Justicia que también investiga el caso, y que por el momento está en
manos de la jueza María Romilda Servini.