Marcha y reclamo

Personas con discapacidad, familiares, prestadores de servicios y organizaciones de la sociedad civil, del colectivo Ni una Menos, trabajadores del hospital Garrahan, del Conicet y movimientos de jubilados y pensionados se congregan desde las 11 de la mañana de este miércoles en la Plaza del Congreso de la Nación para exigir la sanción urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad junto a otros reclamos sociales. La movilización, que se replica en diversas ciudades del país, busca visibilizar la crisis que atraviesa el sector de discapacidad que sufrió varios recortes y presionar a los legisladores para que aprueben esta iniciativa, que se debate este miércoles en la Cámara de Diputados.

La marcha está rodeada de un gran operativo de seguridad y algunas de las calles aledañas al Palacio Legislativo están cortadas. Quien advirtió por posibles incidentes con los manifestantes fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien sostuvo que "estamos organizando todo para que sea tranquilo, pero el nivel de violencia de estos grupos anarquistas y kirchneristas generan un nivel de violencia enorme. Si van a manifestar con tranquilidad, van a tener tranquilidad. Si ellos van directamente a pegar y romper escudos y ahora con esta mueva modalidad del cable, las fuerzas de seguridad van a actuar porque hay un protocolo que respetar”. Con consignas como “Discapacidad sin derechos es desigualdad” y “Las terapias sostienen vidas: no son un gasto, son un derecho”, los manifestantes denuncian el abandono estatal, los recortes presupuestarios y la falta de políticas inclusivas.
El sector de discapacidad en Argentina enfrenta una situación crítica, agravada por años de desfinanciamiento y los recientes ajustes económicos impulsados por el gobierno de Javier Milei. Según las organizaciones convocantes, los recortes llevaron a la cancelación masiva de prestaciones, el cierre de centros de día y hogares, y la falta de actualización de aranceles para prestadores como transportistas y acompañantes terapéuticos. “Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera”, expresó este miércoles Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, durante la protesta. Elizabeth Karina Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE), señaló que los profesionales de apoyo cobran apenas 307.000 pesos por jornadas de cuatro o cinco horas diarias, cinco días a la semana, un monto que no se actualiza desde diciembre de 2024. Esto, sumado a una inflación acumulada del 11,6% en el primer cuatrimestre de 2025, puso al sistema de prestaciones al borde del colapso.

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04/06/2025 (8761)