La sorpresa de la jornada fue la restitución de la moratoria
previsional impulsada por Unión por la Patria, que obtuvo 111 votos a
favor. La emergencia en discapacidad también obtuvo media sanción. Tras
meses de movilizaciones que una y otra vez terminaron en represión,
gases y palos orquestados por el Ministerio de Seguridad que conduce
Patricia Bullrich, el Congreso comenzó a dar una respuesta legislativa
al reclamo de los jubilados. La Cámara de Diputados aprobó un aumento
del 7,2% a las jubilaciones y una actualización del bono previsional,
que pasará a ser de $110.000. La votación fue contundente: 142 votos
afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. La sorpresa de la jornada
fue la restitución de la moratoria previsional impulsada por Unión por
la Patria, que obtuvo 111 votos a favor. Todo el paquete fue girado al
Senado. Es el segundo intento del Congreso por mejorar los ingresos de
los jubilados, tras el veto presidencial del año pasado, respaldado por
los 87 diputados que Javier Milei bautizó como el “tercio de hierro” y
agasajó con un asado en Olivos. Esta vez, el oficialismo no logró
bloquear la sesión y debió ceder el control del recinto para enfrentar
un debate que incomoda los números del Excel libertario. Diputados
también dio media sanción al proyecto de emergencia en materia de
discapacidad, un reclamo que también tuvo respaldo callejero. Afuera,
desde temprano, miles de manifestantes se concentraron frente al
Congreso. Personas con discapacidad, jubilados, familiares, trabajadores
del Hospital Garrahan, organizaciones sociales y colectivos feministas
confluyeron con demandas diversas, atravesadas por una urgencia común:
sobrevivir en tiempos de motosierra. Sabiendo el resultado, Milei pidió
en Twitter que "el Senado no apruebe esta demagogia populista".
La
sesión comenzó a las 12.30 con 131 diputados presentes. Pese a las
presiones de la Casa Rosada, el cordobés Martín Llaryora, el
catamarqueño Raúl Jalil y el santiagueño Gerardo Zamora no se plegaron
al boicot. Esta vez no hubo protocolo antipiquetes ni represión, pero sí
un despliegue policial que blindó la Plaza del Congreso. El quórum que
permitió iniciar la sesión fue aportado por Unión por la Patria,
Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica, la
izquierda, tres legisladores de la UCR —Julio Cobos, Natalia Sarapura y
Fabio Quetglas—, el titular del monobloque Mario Barletta, Lourdes
Arrieta y Sergio Acevedo. Unión por la Patria logró sentar a 95 de sus
98 diputados. Algunos gobernadores, sin embargo, volvieron a alinear a
sus legisladores con el oficialismo: Rogelio Frigerio (Entre Ríos) forzó
dos ausencias; Leandro Zdero (Chaco) y Raúl Jalil (Catamarca), una cada
uno. Pero esta vez la maniobra no alcanzó.
Jubilaciones y moratoria
Recién
dos horas y media después del inicio, la Cámara comenzó a debatir el
paquete previsional. La diputada Victoria Tolosa Paz, como miembro
informante, abrió el tratamiento detallando las propuestas que habían
logrado consenso entre los 14 proyectos presentados: la suba del 7,2% y
la actualización del bono a $110.000. Unión por la Patria también
impulsaba la prórroga de la moratoria previsional por dos años. Tenía un
plan B en caso de derrota: acompañar la propuesta de Nicolás Massot,
que planteaba crear un Programa de Prestación Proporcional a la Vejez
para reconocer aportes parciales. No fue necesario. Las abstenciones de
Encuentro Federal y Democracia Para Siempre achicaron el número de votos
negativos y habilitaron la sanción del dictamen de minoría. “Pichetto
se fue furioso”, deslizó una fuente parlamentaria. Durante el debate, el
rionegrino había pedido “jerarquizar el debate” y cuestionó las “malas
palabras” en el recinto. Uno de los legisladores que ayudó con su
abstención se justificó ante este diario: “No tenía sentido ponerse en
contra de los jubilados por algo que igual se va a vetar”.
Tras la
votación, varios diputados coincidieron en que será más difícil para el
Ejecutivo volver a vetar una mejora para los jubilados en plena campaña.
Por eso se espera que el Senado acelere el tratamiento para completar
la sanción. “La calle nos lo exige, y no hay patria pegándole a los
jubilados; hay patria poniéndoles en el bolsillo lo que ustedes les
sacaron”, sostuvo Tolosa Paz, mientras afuera las columnas rodeaban el
Congreso, acompañadas por organizaciones de mujeres que postergaron un
día la marcha de Ni Una Menos para sumarse a la jornada.
Con el
quórum consolidado, el Ejecutivo hizo su jugada: a través del jefe de
Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el Gobierno vetará las
iniciativas. “Son temas que sensibilizan a la sociedad, pero son dos
temas que el Estado no puede pagar, salvo que volvamos a endeudarnos.
Eso no va a pasar. Si hay leyes que tienen impacto fiscal, el Gobierno
las va a vetar”, afirmó en un almuerzo con empresarios de la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).
La réplica no tardó en
llegar. Carlos Heller respondió desde el recinto: “Si la va a vetar, que
asuma el costo político. Y que los ciudadanos, en octubre, decidan si
quieren un Parlamento que limite al presidente y le impida vetar leyes
que defienden los intereses de la mayoría”. Nicolás Massot también
rechazó el ultimátum fiscal: “No todo es vetable. La intención de
nuestro bloque, y de muchos que estamos impulsando esto, no es complicar
al Gobierno, sino dar una respuesta justa y posible”.
Miguel Ángel
Pichetto, por su parte, advirtió que el Ejecutivo debería empezar a
tomar nota del malestar social. “Sería bueno que reflexionara”, sostuvo.
“Hay una realidad que empieza a demandar respuestas que ya no alcanzan
con la contención de la inflación”, agregó. Para Pichetto, el
oficialismo insiste con una lógica sin salida: “Se aprueba una ley, se
veta, se vuelve a empezar. Cuidado con creer que con la macro alcanza
para ganar una elección” sentenció.
Gisela Marziotta, que asistió a
la sesión en pleno posoperatorio de una hernia de disco para garantizar
el quórum, no dejó lugar a matices: “La verdad es que odian a los
jubilados, odian a los estudiantes de las universidades nacionales,
odian a los médicos de los hospitales públicos. El verdadero programa
político de Javier Milei es ese: el odio como política”.
Brouwer de
Koning —presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social,
ausente en el quórum— defendió el proyecto de su bloque: “Buscamos
reconocer a quienes han aportado toda su vida y no llegan a los 30 años
requeridos para jubilarse”. Luego apuntó contra las moratorias
anteriores: “El kirchnerismo convirtió en norma lo que debería haber
sido una excepción, y eso generó un déficit estructural en el sistema”.
La
sesión contó, además, con una presencia cargada de simbolismo. En uno
de los palcos, el exdiputado socialista Jorge Rivas —cuadripléjico desde
2007— siguió el debate. Rivas, que fue legislador entre 1997 y 2015 y
vicejefe de Gabinete de Néstor Kirchner, se comunica a través de una
computadora. Su presencia sintetizaba el espíritu de la jornada:
derechos conquistados que hoy vuelven a estar en disputa.
Discapacidad
La
Cámara baja aprobó en la madrugada la emergencia en discapacidad. "La
ley de Emergencia en Discapacidad tiene humanidad y racionalidad
económica. Tiene que ser votada porque es de pura justicia", dijo su
autor, Daniel Arroyo.
"Nos concentramos en la emergencia porque hay
una catástrofe en el sistema. Pero sabemos que nuestra democracia tiene
una deuda muy grande con las personas con discapacidad y sus
familias"."El Estado tiene que acompañar a las personas con discapacidad
y sus familias. No puede lastimarlas y generarles más dolor", agregó.
Con
148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la
iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de
diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y
actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las
pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.