El arco opositor quiere ponerle límites a la motosierra del Gobierno
libertario en la Cámara de Diputados en la sesión de mañana donde
apuesta a rechazar los vetos de Javier Milei a la emergencia en
discapacidad, al aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y
la ayuda económica a Bahía Blanca; destrabar y avanzar con la
investigación de la criptoestafa Libra que involucra la Presidente y su
entorno más intimo en el poder; y los proyectos de todos los
gobernadores para distribuir recursos económicos que la Casa Rosada
acapara y no distribuye a las provincias. La convocatoria que impulsan
las bancadas de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para
Siempre, estableció un temario y un orden para el debate que pondrá a
prueba las voluntades del variopinto abanico opositor, de quienes a
pesar de su actitud colaboracionista fueron desechados como aliados por
el oficialismo y de los propios mandatarios provinciales. Una sesión
caliente tras los cierres de listas para las elecciones legislativas de
octubre (que sella alianzas pero también deja heridos), que define la
resolución de temas sensibles en vísperas de la campaña electoral
nacional y del impacto que las mismas puedan tener en el electorado en
medio de una creciente crisis económica y social. El recinto se abrirá
mañana al mediodía y promete un debate álgido y una disputa voto por
voto en cada uno de los temas, pero la primera batalla será por alcanzar
el quórum para sesionar. En principio, los bloques convocantes (UxP, EF
y DpS), tendrían el respaldo de la Coalición Cívica y del Frente de
Izquierda y con ellos el número suficiente para abrir el debate. Aunque
la Casa Rosada también hará sentir el rigor de la presión que
habitualmente ejerce sobre gobernadores y legisladores colaboracionistas
para boicotear la presencia en el recinto y tratar de voltear una
sesión que incomoda, y mucho, al Gobierno. Una convocatoria que estará
marcada por el cierre de listas de este fin de semana pasado para la
renovación parlamentaria en la elección nacional de octubre. Aunque la
misma se formalizó el viernes pasado, cuando todavía las mismas estaban
en plena discusión.
Tampoco pasa por alto, las prioridades que los
convocantes establecieron en el orden del día que pondrá a prueba las
voluntades de quienes tienen puesto interés especial solo en algunos
temas. Los mismos irán intercalados para no solo para sostener los
acuerdos legislativos previos sino la sesión que a priori sería
maratónica. El temario arranca con el rechazo de la Cámara baja a los
decretos de dos vetos de Milei y que necesitarán del voto de dos tercios
de los presentes en el recinto para sostener las leyes sancionadas por
el Congreso. El primer expediente a tratar será el decreto 534/25 del
Ejecutivo que rechaza la Declaración de la Emergencia en Discapacidad en
todo el territorio nacional hasta fin de 2027, y donde en principio
existe una mayoría legislativa dispuesta a ratificar la voluntad
parlamentaria que la aprobó. El segundo será el rechazo al veto de Milei
al aumento del 7 por ciento que su gobierno podó a las jubilaciones en
enero de 2024 y la actualización (de 70 a 110 mil pesos) del bono que
perciben quienes cobran el haber mínimo, que también contaría con el
aval legislativo para ratificar la ley- Aunque el oficialismo y sus
aliados darán batalla para intentar blindar los vetos presidenciales.
Luego llegará el turno del primer proyecto impulsado por los 23
gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA para modificar la ley
permanente de Presupuesto para poder distribuir los Aportes del Tesoro
Nacional (ATN) de forma equitativa de los fondos que el Gobierno retacea
y reparte a cuentagotas de manera discrecional. Habrá que ver allí, que
harán los legisladores que responden a los mandatarios provinciales que
firmaron el proyecto y que ahora sellaron alianzas electorales con La
Libertada Avanza en sus territorios. Con mayoría simple, la iniciativa
que ya tiene media sanción del Senado, se convertiría en ley. El cuarto
punto, será la modificación de la resolución por el que se creó la
Comisión Investigadora sobre la criptomoneda Libra, para establecer la
designación de autoridades y asegurar su funcionamiento. Y así romper
con los artilugios que impuso el presidente de la Cámara abaja, el
libertario riojano Martín Menem, para empantanar la investigación que
compromete al Presidente y que tiene derivaciones internacionales. El
conglomerado opositor que lo impulsa tendría los votos para su
aprobación. También habrá lugar para debatir el cambio del Huso Horario
de la Argentina para promover el ahorro energético. Una de cuyas
iniciativas fue presentada por el radical Julio Cobos, que no avaló el
acuerdo electoral del gobernador mendocino Alfredo Cornejo con los
libertarios y que tampoco tendrá lugar en las listas de octubre para
renovar su mandato como diputado. El temario incorporó la modificación
de la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario y la actualización de
montos por el delito de evasión tributaria; presentado por el diputado
cordobés del PRO Oscar Agost Carreño, que tampoco se sumó en su
provincia al frente electoral con los libertarios. Atrás vendrá el
rechazo a otros dos vetos presidenciales. Primero el que insistirá en la
ley del Congreso que declara Zona de Emergencia y en Situación de
Catástrofe la provincia de Buenos Aires, especialmente los municipios de
Bahía Blanca y Coronel Rosales, que necesitará de dos tercios de los
votos en una resolución que se prevé ajustada. Menos consenso reúne el
rechazo al veto a la ley que prorroga por dos años la moratoria
previsional, que Milei incluyo en el mismo decreto 534/25 con el que
rechazó la emergencia en Discapacidad y el aumento jubilatorio buscando
que la insistencia del Congreso fuera sobre un mismo paquete que genera
discrepancias en el arco opositor. Aunque el Parlamento puede decidir
que ratifique por separado cada una de las leyes vetadas por Milei. Por
último será el turno del otro proyecto de los gobernadores. El que
dispone la eliminación de diversos fideicomisos y fondos nacionales,
para poder disponer y repartir en base a la ley de coparticipación los
recursos del Impuesto a los Combustibles destinados a las obras viales,
que el Gobierno central recauda, no ejecuta y tampoco envía a las
provincias. A pasar de la posible deserción de algunos legisladores que
responden a los mandatarios provinciales acuerdistas con la Casa Rosada,
la iniciativa necesita de mayoría simple para convertirse en ley.
Una pulseada donde el Gobierno podría sufrir otra dura derrota legislativa en las puertas de una campaña electoral.