Angustia es el sentimiento que recorre por estas horas a un engranaje
clave de la economía, que motoriza el combustible para la subsistencia,
crecimiento o consolidación de miles de pymes. Desde hace exactamente 30
años, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se convirtieron en una
herramienta estratégica para que las pequeñas y medianas empresas
puedan acceder al financiamiento en mejores condiciones. Creado por la
Ley 24.467, este mecanismo otorga avales que abren la puerta tanto al
crédito bancario como al mercado de capitales. Actualmente, nada menos
que el 35% del stock de préstamos al segmento pyme está respaldado por
SGR. Pero hoy, como nunca antes, esta herramienta clave corre riesgo de
desaparecer, con un impacto directo sobre unas 43.000 pymes que cuentan
con avales vigentes. Se trata de empresas que representan cerca del 8%
del total del tejido empresarial de la Argentina –el 40% dentro del
universo pyme– y que sostienen alrededor de 500.000 puestos de trabajo.
Además, está en juego un volumen de créditos por más de $3 billones, que
podría evaporarse si se elimina el beneficio que da sustento al
sistema. Ese desenlace podría empezar a definirse este miércoles, cuando
la Cámara de Diputados decida si mantiene o rechaza los vetos del
presidente Javier Milei a varias leyes sancionadas el pasado 10 de
julio. Entre ellas se encuentra la del Incremento Excepcional para
Jubilaciones y Pensiones (27.791), que para financiar la suba del 7,2%
en los haberes incluye en su artículo 10 la eliminación de la exención
impositiva a los aportes de las SGR, el incentivo que las sostiene desde
hace tres décadas. El beneficio fiscal en cuestión representa apenas
u$s136 millones anuales, el 0,027% del PBI, según un informe de la
Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG) elaborado
en base a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Un
costo mínimo frente al derrame positivo que generan las SGR: las
empresas avaladas acceden a financiamiento hasta 25% más barato y
exhiben un mayor nivel de creación de empleo que aquellas que no
participan del esquema. Actualmente funcionan 46 SGR en todo el país,
que captan fondos de inversores “protectores” y los canalizan hacia
avales que permiten a las pymes acceder a crédito bancario o de mercado
de capitales en mejores condiciones de tasa y plazo.
Respaldo transversal a las SGR
El
respaldo al sistema es masivo y transversal. La Unión Industria
Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) encabezan el apoyo junto a 24 organizaciones que agrupan a más de
3.700 cámaras y 650.000 pymes en todo el país. Se suman la FECOBA,
PAETAC, ADIMRA, cámaras empresarias de Mendoza, Neuquén, Río Negro y
Santa Fe, la Federación de Acopiadores, la Unión Industrial de la
Provincia de Buenos Aires, CONINAGRO y el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas. También expresaron su rechazo a la eliminación de
la exención las seis Bolsas de Comercio, los mercados MAV, BYMA y A3, la
Caja de Valores, más de 30 bancos nucleados en ADEBA, ABA y ABE, el
Banco Nación, y unas 300 fintech representadas por la Cámara Argentina
Fintech. “Si eliminan la exención, el sistema desaparece”, advitió
Rafael Galante, de CRECER SGR
“Este sistema no solo da
financiamiento: transforma a un no sujeto de crédito en sujeto de
crédito. Lo probamos con 100.000 pymes a lo largo de 30 años. El costo
es mínimo frente al derrame que genera en empleo, inversión e
impuestos”, afirmó Rafael Galante, presidente de CRECER SGR, quien
mantuvo una charla con Ámbito en la que profundizó por qué eliminar la
exención significa, en los hechos, el fin de un sistema que lleva tres
décadas promoviendo la inclusión financiera de las pymes argentinas.