Es cierto que buena parte de la sociedad comprendió la importancia de la
manipulación mediática desde posiciones privilegiadas. Algo que no
estaba para nada en la agenda de la mayoría de la dirigencia política,
incluida buena parte del peronismo y sus aliados en el Frente para la
Victoria. Ni siquiera en países como Brasil y Uruguay –con gobiernos
comprometidos en premisas ideológicas similares a las del kirchnerismo–
sus presidentes querían avanzar en identificar las responsabilidades
directas de los sectores concentrados y conservadores de los medios. Sin
embargo, las presiones son tales que tanto Dilma Rousseff como José
Mujica tomaron en los últimos meses muy en cuenta la estrategia
argentina de cambiar el mapa de los medios. Es decir, democratizar,
abrir el abanico a nuevas voces, arriesgarse a dar micrófono y cámara a
quienes nunca participaron del jet-set ni del mundillo de los
empresarios multimediáticos.
¿Lo nuevo? Los avances en esta materia sacudieron muchas conciencias y,
pese a que la Ley 26.522 es joven, es novedosa, toca demasiados
intereses, no todo fueron avances en materia de cambiar el mapa
audiovisual argentino. Quien escribe estas líneas publicó hace 10 años
Grandes Hermanos - Alianzas y negocios de los dueños de la información.
Como si fuera un gualicho, el libro salió a principios de diciembre de
2002. Ni quien escribe ni los mencionados como "grandes hermanos"
hubieran soñado que una década después llegaría la obligación de
terminar con los privilegios de tener excesos de licencias. Pero lo
negativo es que aquellos grandes hermanos siguen siendo los mismos. Los
nombres, salvo el de Fernando Sokolowicz –que salió de la titularidad
visible de Página/12 y se afirmó como "productor de cine"–, son los
mismos. Alberto Pierri, Daniel Vila y José Luis Manzano, por ejemplo,
son interlocutores del oficialismo. Daniel Hadad, ídem. En cuanto a
Sergio Szpolski –titular del Grupo 23, del cual Miradas al Sur forma
parte– tenía una incidencia mucho menor hace una década, aunque también
había incursionado en diversos emprendimientos de medios. No todos estos
empresarios deben adecuarse a la cantidad de licencias, aunque varios
de ellos –especialmente Vila-Manzano– sí están en proceso de
desprenderse de algunas licencias. Sí la mayoría de ellos, tanto por
medios audiovisuales como gráficos, cuentan con ventajas a la hora de
acceder a la publicidad oficial. Desde el punto de vista de un proceso
de cambio, en el cual la virulencia de Clarín es y seguirá siendo feroz,
es comprensible. Sin embargo, si se analiza la pulcritud del espíritu
de la Ley 26.522, esas ventajas deberían ir en un proceso "de
adecuación".
No faltarán quienes sostengan que este cronista no tiene necesidad de
meterse en un camino de cornisa de acuerdo a ese viejo concepto de que
los periodistas no se entremezclan en cuestiones de empresarios de
medios. Pero, precisamente, la ley cambia los viejos y ambiguos
conceptos que les permiten a muchos periodistas opositores sostener –en
ámbitos privados– que escriben las barbaridades que escriben "porque
tienen que llevar la comida a la casa". Una versión vergonzante de la
obediencia debida.
Pero, ¿por qué Miradas al Sur no puede estar ajeno a este debate? Porque
fue una nueva voz hace cuatro años y medio cuando muchos creían que no
había lugar en los kioscos de diarios para un semanario que se
considerara –como decía Néstor Kirchner– "parte de lo nuevo". ¿Y qué es
lo nuevo en materia audiovisual y debe cobrar más entidad? Lo nuevo, sin
duda, son las organizaciones sin fines de lucro. Es decir, las voces
que pueden contribuir a consolidar sujetos sociales, culturales y
políticos desde abajo. No sólo los vulnerados. No alcanza con que los
medios populares puedan hacer que una ambulancia llegue más rápido a la
villa. Se precisa una presencia más fuerte de los sujetos populares
reales. Es un desafío. Gran desafío y los medios son un terreno
importante para su crecimiento y consolidación. Y eso toca muchos
intereses.
220 licencias, no voltios. Cuando empezaba el invierno del año pasado,
Cristina Fernández de Kirchner hacía un doble anuncio. Su candidatura a
la reelección presidencial opacaba una de las convocatorias más
trascendentales en materia de comunicación: el llamado a concurso para
la concesión de 220 nuevas licencias para operar televisión digital
abierta y radios en todo el país. El proceso se realizaría en 64
concursos. Ese 21 de junio, la Presidenta inauguraba dos antenas de la
televisión digital y declaraba de interés público el Banco de Contenidos
Universales Audiovisuales (Bacua). La mitad de las señales era para las
provincias, las universidades públicas y las organizaciones sin fines
de lucro. A las provincias y a las universidades se les asignarán
directamente las frecuencias. La otra mitad, para el sector privado.
Conviene aclarar que entonces estaba Gabriel Mariotto al frente del
Afsca y que la Televisión Digital Abierta está en la órbita del
Ministerio de Planificación Federal, mientras que el Bacua funciona en
esa órbita con participación de universidades y otros organismos como el
Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa). Hay
muchos organismos públicos involucrados con la comunicación.
Sin ánimo de desmerecer todo lo hecho, aquella trascendente convocatoria
a las 220 licencias quedó sin efecto. Por resoluciones 929 y 930, el
pasado 17 de julio así se informó. Sin mayores explicaciones. Uno de los
fundamentos fue que no hubo plan técnico. Otro, que los pliegos
resultaban demasiado caros para las personas jurídicas sin fines de
lucro. Parecen asuntos menores frente a lo que está en juego. Es decir,
frente a la posibilidad de abrir la comunicación a muchas voces. Hubo
muchas sensaciones a lo largo de los últimos meses de que es hora de los
llamados de atención en la materia. En una entrevista de Martín
Granovsky a Gabriel Mariotto, publicada el 9 de octubre de 2011 en
Página/12, el periodista le preguntó al todavía titular del Afsca: "¿La
ley de medios está congelada o en movimiento?"; ante lo cual el
funcionario respondía: "¿Congelada? Está en plena vigencia y avanzando.
Por ejemplo, hay 220 licencias de televisión en concurso con plazo de
presentación el mes que viene, 110 para el sector privado comercial y
110 para organizaciones sin fines de lucro. Esto significa una inyección
de nuevas ventanas de comunicación como jamás tuvo la Patria. En el '51
la televisión empezó con Canal 7. Apareció Evita el 17 de octubre
delante del famoso micrófono Shure. Son casi sesenta años. Desde esa
fecha hasta este día la oferta de televisión se amplió muy poco. Hay 29
canales privados, 10 provinciales, dos de obispados y dos de
universidades. Esa es la oferta de televisión. ¡Cinco canales de
televisión en la Capital Federal!"
Tal como afirma Santiago Aragón, actual titular de la Afsca, una de las
prioridades del organismo es volver a organizar ese concurso y con
centro casi exclusivo en las organizaciones sin fines de lucro. En buena
hora, muchísimas de las radios y canales comunitarios, que trabajan en
condiciones precarias e insertas en comunidades vulneradas y de sectores
trabajadores, así lo esperan.