La ruta del dinero qatarí que une a Weretilneck con Toviggno

La confesión del polista Barabucci expuso una trama de cuentas offshore por la que circularon millones de dólares no declarados. La revelación del empresario y expolista Hugo Alberto Barabucci sacudió el escenario político de Río Negro y puso bajo presión directa al gobernador Alberto Weretilneck. Durante un juicio en Bariloche, Barabucci admitió haber adquirido cerca de 20 mil hectáreas en una zona estratégica de la Patagonia con una donación de 2 millones de dólares provenientes de Emiratos Árabes Unidos, en una operación que no habría pasado por controles del sistema financiero argentino. La confesión no solo encendió alarmas judiciales por posibles delitos económicos y violaciones a la legislación sobre la Ley de Tierras rurales 26.737, sino que además dejó expuesta una presunta inacción de organismos clave del Estado provincial.

La magnitud de la operación, sumada a la sensibilidad geopolítica del territorio involucrado, convirtió el caso en un foco de tensión política con potencial impacto nacional. Según reveló La Política Online, los vínculos entre el gobernador Alberto Weretilneck y capitales qataríes no serían recientes. LPO reveló intercambios entre Juan Pablo Beacon y Pablo Toviggino donde se hace referencia directa a la relación del mandatario rionegrino con representantes de ese país, en un entramado que excede lo estrictamente deportivo. Otro jeque árabe complica a Weretilneck, un testigo confesó que compró 14 mil hectáreas de frontera con una donación del Emir de Abu Dabi. En esas conversaciones, incluso, se menciona que fue el propio Weretilneck quien habría facilitado el nexo institucional al acercar a Beacon a un encuentro con el embajador de Qatar en la Argentina, consolidando un canal de diálogo previo con ese esquema de inversiones. Este antecedente cobra relevancia en el actual escándalo por tierras, ya que refuerza la hipótesis de una trama de relaciones internacionales que se viene gestando desde hace años en torno a la Patagonia. El reconocimiento público de Barabucci se dio en el marco de un juicio contra la mapuche Soledad Cayunao, que fue absuelta tras no comprobarse los delitos de usurpación y hurto. Sin embargo, lo que emergió durante el proceso fue una trama más profunda, que dejo en evidencia la compra de 19.269 hectáreas en el Cerro Carreras, dentro del Área Natural Protegida Cipresal de las Guaytekas y a menos de 50 kilómetros de la frontera con Chile.
Los fondos utilizados para la compra de las 20 mil hectáreas en zona de frontera fueron transferidos desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hacia una cuenta del JP Morgan en Nueva York, sin ingresar al circuito financiero argentino. Según la documentación, los fondos utilizados para la operación fueron transferidos desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hacia una cuenta del JP Morgan en Nueva York, sin ingresar al circuito financiero argentino. Este detalle encendió sospechas sobre posibles maniobras de evasión, contrabando de divisas y lavado de dinero, además de una eventual violación de la Ley 26.737, que restringe la adquisición de tierras por parte de extranjeros en zonas de seguridad de frontera. Las tierras fueron adquiridas al empresario Marcelo Mindlin, socio del británico Joe Lewis, figura polémica en la Patagonia por el conflicto de acceso al Lago Escondido. El valor de la operación -poco más de 2 millones de dólares- representa un promedio de apenas 106 dólares por hectárea, lo que también genera interrogantes sobre la valuación de activos de alto valor ambiental. Detrás de Barabucci se despliega un entramado de sociedades que complejiza la identificación del verdadero titular de las tierras. Firmas como Dunia Inmobiliaria, Manzil SA, Estancia Las Marías y el Fideicomiso Amaike aparecen como vehículos legales de una estructura que, según distintas investigaciones, tendría como beneficiario final al empresario emiratí Mathar Suhail Alí Alyabhouni Aldhaheri. Este empresario está vinculado al círculo del emir de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, lo que introduce un componente geopolítico al caso. De hecho, trascendió que el propio emir utilizó estas tierras como refugio en un contexto de tensión internacional, arribando a Bariloche con una comitiva de alto nivel y trasladándose en helicóptero hasta la estancia. La escena refuerza la hipótesis que Barabucci habría actuado como testaferro de capitales extranjeros en una operación que podría haber eludido las restricciones legales vigentes en Argentina. La utilización de figuras jurídicas complejas y la circulación de fondos por fuera del país alimentan las sospechas sobre una arquitectura diseñada para ocultar el comprador. En este contexto, el foco político se trasladó al gobierno de Weretilneck. La ausencia de intervención de organismos clave como la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Gobierno, la Dirección de Tierras y el Registro de la Propiedad Inmueble genera cuestionamientos sobre la eficacia -o la voluntad- del Estado para controlar operaciones de este tipo. Detrás de Barabucci se despliega un entramado de sociedades que complejiza la identificación del verdadero titular de las tierras. Firmas como Dunia Inmobiliaria, Manzil SA, Estancia Las Marías y el Fideicomiso Amaike aparecen como vehículos legales de una estructura que, según distintas investigaciones, tendría como beneficiario final al empresario emiratí Mathar Suhail Alí Alyabhouni Aldhaheri. Distintos sectores advierten que no se trata solo de una falla administrativa, sino de una posible omisión sistemática que permitió consolidar una operación de gran escala en una zona sensible. La falta de pronunciamiento oficial por parte del gobernador profundiza las críticas y alimenta la percepción de un vacío de control institucional.
La legisladora provincial de Río Negro y es senadora nacional, Magdalena Odarda impulsó pedidos de informes y reclamó la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Provincia que estuvo cargo de la causa judicial de Barabucci para investigar el origen de los fondos, la legalidad de la compra y la posible participación de organismos nacionales como la Unidad de Información Financiera (IUF). El caso también vuelve a poner bajo la lupa la relación histórica entre Joe Lewis y Weretilneck que compartían hasta el mismo abogado y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, muy cercano al mandatario rionegrino, era el contador de la empresa Hilden Lake S.A, marcada por la falta de resolución en el acceso público al Lago Escondido.

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20/04/2026 (9141)