
Dos meses antes del decreto, en noviembre de 2024, Javier Milei había
viajado a Silicon Valley en su primera visita oficial al corazón del
poder tecnológico estadounidense. Allí se reunió con Peter Thiel. Thiel
lo elogió con la condescendencia con que un accionista mayoritario
elogia a un gerente regional que está haciendo bien su trabajo: «Va por
el camino correcto.» Y Milei sonrió. Como sonríe siempre que alguien más
poderoso que él le dice que tiene razón.
Thiel no es solamente un
millonario excéntrico con ideas libertarias. Es el cofundador de
Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos e inteligencia
artificial que la CIA financió en sus inicios a través de su brazo
inversor, In-Q-Tel. Una empresa concebida, desde el primer día, como
herramienta de vigilancia estatal. No llegó al Estado después de
triunfar en el mercado: nació del Estado más poderoso del mundo para
servirle. El mercado llegó después, como coartada, como relato de
legitimación, como el cuento de que cualquiera puede construir una
empresa así si trabaja lo suficiente.
Peter Thiel, Javier Milei y la colonización tecnológica del Estado
Patricia
Bullrich, antes de que la disputa interna por los contratos millonarios
la frenara, había negociado un acuerdo con Palantir para implementarla
en una Agencia de Seguridad Migratoria. La misma Palantir que el
servicio de inmigración estadounidense —el ICE— usa para sus redadas
antiinmigrantes. La misma que coordina listas de deportación. La misma
que perfila, clasifica y selecciona cuerpos según su utilidad para el
orden establecido. El proyecto no cayó por objeciones éticas ni por
respeto a derechos civiles. Cayó porque alguien del otro lado del
pasillo quería manejar el negocio. La diferencia moral entre las dos
posiciones es exactamente cero.
Ahora la puerta está entreabierta de
nuevo, y esta vez con decreto, con acuerdos internacionales firmados y
con la bendición ideológica de Thiel. ¿Qué es una nación que entrega sus
datos ciudadanos a la misma corporación que ejecuta redadas
antiinmigrantes en Minneapolis? ¿Qué es un Estado que desmantela su
sistema científico-tecnológico nacional y contrata vigilancia a empresas
con vínculos directos en Langley? No es un Estado soberano. Es una
franquicia del orden global, con bandera propia y servidores ajenos.
El
uso de inteligencia artificial para el patrullaje de redes sociales y
el análisis predictivo de conductas no es una tecnología neutral
desplegada sobre una sociedad neutral. Es una herramienta que amplifica
los sesgos de quien la programa y los objetivos de quien la contrata. La
evidencia internacional es consistente y abrumadora: donde actúa
Palantir, los primeros perfilados son los que protestan. Los primeros
clasificados como «riesgo» son los que organizan. Los primeros en la
lista son los que preguntan en voz alta lo que el poder prefiere que
nadie pregunte en silencio.
Para entender a dónde puede ir esto,
conviene mirar adonde ya fue. En Gaza, desde octubre de 2023, algoritmos
de inteligencia artificial llamados Lavender, Gospel y —aquí el
lenguaje se convierte él solo en documento histórico— Where’s Daddy,
operan como sistemas autónomos de selección de objetivos. El último no
es una metáfora: localiza al hombre identificado como objetivo en el
momento en que regresa al hogar familiar, maximizando la probabilidad de
que el impacto alcance al mayor número de personas presentes. La
eficiencia está optimizada. La muerte de niños figura en los parámetros
como «costo aceptable». No como tragedia. Como variable estadística
dentro de un margen aprobado.
La relatora especial de la ONU,
Francesca Albanese, señaló a Palantir directamente como cómplice de lo
que describió como un «crimen colectivo» de genocidio. El director
ejecutivo Alex Karp no se defendió. Alardea. Habla con orgullo de la
«alianza estratégica» con el Ministerio de Defensa de Israel, del honor
que siente al respaldar la ocupación «en todo lo que podamos». La
transparencia del crimen no lo frena. Lo legitima. En este modelo de
negocios, el pudor fue el primer costo operativo en eliminarse.
Peter Thiel, Javier Milei y la colonización tecnológica del Estado
La
tecnología probada sobre cuerpos palestinos se vende luego al mundo con
catálogo, precio y garantía de funcionamiento. «Probada en combate
real», dice el argumento de venta implícito en cada presentación
corporativa. El combate real fue el hogar de alguien. La prueba real fue
su familia. El producto que hoy se le ofrece a la Argentina es el
resultado de esa calibración. El software espía israelí Pegasus apareció
en teléfonos de periodistas y activistas en más de cuarenta países. En
marzo de 2026, la fiscalía italiana confirmó su uso contra activistas y
periodistas italianos. La ciberseguridad europea se subcontrata cada vez
más a empresas israelíes. Europa se convirtió, sin declararlo, en un
estado apéndice de vigilancia. Argentina parece decidida a hacer el
mismo recorrido, pero en velocidad crucero y con el piloto automático
del alineamiento ideológico.
El despliegue de la agenda
ultraderechista global tiene una estrategia cultural muy precisa:
reemplazar el lenguaje de la crítica por el lenguaje del mercado. No se
dice «desigualdad»; se dice «ineficiencia de asignación». No se dice
«vigilancia masiva»; se dice «seguridad inteligente». No se dice
«entrega de soberanía»; se dice «integración a plataformas de
vanguardia». Quien controla el vocabulario controla el horizonte de lo
pensable. Y cuando ese horizonte coincide exactamente con los intereses
de quien lo diseñó, se llama sentido común.
Peter Thiel, Javier Milei y la colonización tecnológica del Estado
Milei
habla en memes. Karp habla en datos. Thiel habla en inversiones. Pero
los tres hablan el mismo idioma de fondo: el idioma en el que las
personas son variables, los derechos son ineficiencias y el poder es la
consecuencia natural de ser mejor que los demás. Un idioma donde la
pregunta «¿a quién beneficia esto?» no se formula, porque la respuesta
está dada de antemano y no pertenece al vocabulario de lo que puede
decirse.
La maquinaria de destrucción no es inevitable. Es una
elección. Y las elecciones tienen autores con nombre, cargo y
responsabilidad. Los contratos que habilitarán la vigilancia en
Argentina no son fatalidades geopolíticas ni imperativos tecnológicos:
los firman personas en ejercicio de funciones públicas, con nombre
propio, con poder delegado por una sociedad que todavía puede, si se lo
propone, pedirles cuentas.
Lula da Silva, en la cumbre sobre
inteligencia artificial celebrada en Nueva Delhi este año, lo dijo con
la claridad de quien ya no tiene tiempo para eufemismos: «Cuando son
unos pocos los que controlan los algoritmos y las infraestructuras
digitales, no se trata de innovación, sino de dominación».
La
diferencia entre innovación y dominación no es técnica. Es política. Es
ética. Es la diferencia entre una tecnología que sirve a quien la usa y
una que sirve exclusivamente a quien la posee. «

