
También reconoció haber cometido fraude. A cambio, el fiscal Jay Combs
aceptó retirar uno de los cargos más gravosos, como el de narcotráfico
internacional, que había sido incorporado en la acusación original de
2020. El acuerdo no fija una pena concreta, pero la expectativa del
entorno del empresario es lograr un fuerte recorte de la condena y hasta
poder lograr la libertad este año. Machado lleva seis meses detenido en
una cárcel de seguridad media en Oklahoma como había anticipado
Página/12 y busca que el tribunal compute, además, los 4 años que pasó
bajo prisión domiciliaria en Viedma y que en el mes de abril cumplió 5
años de prisión por lo que podría computarse tras la condena, luego de
haber sido detenido en Bariloche en abril de 2021. Si ese planteo
prospera, la posibilidad de recuperar la libertad en el corto plazo no
aparece lejana.
Un caso global, una estrategia defensiva. El
expediente que enfrenta Machado es de una dimensión poco habitual,
porque existen más de 20 terabytes de documentación, con registros
financieros, correos electrónicos, transferencias internacionales y
movimientos comerciales en al menos media docena de países. En ese
contexto, la vía del acuerdo se volvió la opción más razonable para un
acusado que se exponía a una condena ejemplar si el caso llegaba a un
jurado. La acusación también alcanzó a su socia, Debra Lynn
Mercer-Erwin, quien se declaró culpable por narcotráfico y fue condenada
a 16 años de prisión en 2023. Ambos habían utilizado fideicomisos para
inscribir aeronaves con matrícula estadounidense, una ingeniería legal
por la que circularon cientos de millones de dólares. Machado siempre
negó haber participado en el tráfico de drogas y logró, ahora, que ese
cargo quede por ahora fuera del acuerdo.
El pacto deberá ser
homologado por el juez federal Amos Mazzant, un trámite que, según las
prácticas habituales del sistema judicial estadounidense, tiene altas
probabilidades de ser aprobado.
El acuerdo que podría evitar el juicio oral
La
clave del acuerdo está en lo que Machado reconoce y, sobre todo, en lo
que logra dejar afuera. El empresario admitió haber participado en
maniobras destinadas a ocultar el origen y control de fondos mediante
operaciones financieras complejas. También aceptó cargos por fraude. Sin
embargo, consiguió que la fiscalía retire la acusación por narcotráfico
internacional, uno de los delitos más pesados que enfrentaba desde
2020.
La estrategia defensiva apunta a un objetivo concreto, que es
reducir drásticamente la pena y acelerar una eventual salida en
libertad. Machado permanece detenido desde noviembre pasado en el Core
Civic Cimarron Correctional Facility, una prisión federal de seguridad
media ubicada en Oklahoma, luego de haber sido extraditado desde
Argentina. Allí pasa sus días vestido con uniforme azul, jugando al
fútbol con otros detenidos y manteniendo contacto virtual permanente con
familiares mediante dispositivos electrónicos monitoreados por las
autoridades penitenciarias estadounidenses.
En su entorno aseguran
que el empresario está convencido de que podrá regresar al país antes de
lo previsto. La expectativa es que la Justicia norteamericana le
compute los años que pasó bajo arresto domiciliario. Si eso ocurre, la
defensa cree posible una excarcelación relativamente rápida.
El frente Espert vuelve a oscurecerse
La
admisión de culpabilidad de Machado reaviva el frente judicial que
involucra al economista liberal José Luis Espert. El exdiputado nacional
es investigado en un juzgado federal de San Isidro, donde el fiscal
Fernando Domínguez detectó indicios de lavado de dinero y
enriquecimiento injustificado.
El disparador fue una transferencia de
200 mil dólares realizada por Machado a Espert en enero de 2020.
Durante años, el economista negó cualquier vínculo comercial con el
empresario. Cuando el pago salió a la luz, sostuvo que se trataba de una
consultoría para auditar una mina en Guatemala, pese a no contar con
antecedentes en ese rubro. La investigación determinó que el contrato
era por un millón de dólares y que no existen pruebas de que el trabajo
se haya realizado.
Con Machado reconociendo haber lavado dinero, esa
transferencia podría ser considerada parte del circuito delictivo. Lejos
de disipar sospechas, el acuerdo judicial en Texas refuerza la
hipótesis que pesa sobre el exdiputado, quien recientemente intentó sin
éxito trasladar una de las causas a los tribunales de Comodoro Py.
La preocupación en el universo libertario
En
el entorno político libertario el caso generó incomodidad desde el
principio. El escándalo terminó erosionando la posición de Espert dentro
del oficialismo y detonó tensiones internas que durante meses se
intentaron contener. Incluso hubo movimientos judiciales para intentar
trasladar expedientes a Comodoro Py y alejar el caso de ciertos juzgados
federales bonaerenses. Ninguno prosperó.
Machado tampoco es ajeno a
esos vínculos. En Argentina fue defendido por Francisco Oneto, abogado
de Javier Milei y dirigente de La Libertad Avanza. En Estados Unidos, en
cambio, recurrió a Quinn Emanuel, uno de los estudios jurídicos más
poderosos del mundo, conocido por representar a empresarios
multimillonarios y figuras como Elon Musk. Formalmente, quien lleva
adelante la defensa es el abogado Christopher Clore, especialista en
delitos económicos complejos.
La gran incógnita ahora es cuánto habló
Machado para conseguir este acuerdo. En los tribunales federales
estadounidenses, la reducción de cargos suele ir acompañada de
cooperación. Nadie descarta que el empresario haya aportado información
sobre mecanismos financieros, nombres de intermediarios o conexiones
empresariales y políticas. Ese punto aparece hoy como una de las mayores
preocupaciones para quienes compartieron negocios o vínculos con él
durante años.
Prisión, fútbol y planes de regreso
Machado se
encuentra alojado en el Core Civic Cimarron Correctional Facility, en
Oklahoma. Mantiene contacto frecuente con su familia en Argentina, juega
al fútbol y sigue de cerca las negociaciones legales que podrían
permitirle recuperar la libertad.
En su entorno aseguran que el
empresario fantasea con regresar a la Argentina apenas quede en libertad
y retomar actividades comerciales. Durante años, fue una figura central
del negocio aéreo privado, donde vendió decenas de aviones con
relaciones con gobernadores, empresarios y celebridades, y cultivó
vínculos políticos que hoy, en su mayoría, guardan silencio.
La causa
que lo llevó de los hangares de lujo a una prisión estadounidense
parece encaminarse a su capítulo final. Pero sus derivaciones políticas,
especialmente en el caso Espert, todavía están lejos de cerrarse.

