
Una cifra que marca un abismo gigante con los ingresos del ciudadano
común. Este salto multimillonario no requiere un nuevo debate en el
recinto, sino que se justifica directamente por el pacto que el Gobierno
cerró con los empleados estatales. La fórmula traslada al bolsillo de
los senadores los mismos incrementos acordados para los trabajadores del
sector público, aunque sin contemplar los bonos extra: se trata de un
esquema escalonado que suma 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en
noviembre y 1,5% en diciembre, acumulando un alza cercana al 7% para el
último cuatrimestre del año. Cada legislador percibe 2.500 módulos de
base, a los que se le suman 1.000 más por gastos de representación y
otros 500 por desarraigo, coronados por la reciente incorporación de una
decimotercera dieta para equiparar el aguinaldo. La única dirigente que
quedó fuera de este esquema es Alicia Kirchner, quien al asumir su
banca optó por renunciar a este ingreso parlamentario para mantener su
jubilación como ex gobernadora de Santa Cruz. La maniobra reaviva el
fantasma del escándalo de 2024, cuando los legisladores votaron a mano
alzada atar sus propios ingresos a la paritaria de los empleados del
Congreso. Si bien el revuelo de aquel momento los obligó a retroceder, a
frenar una suba conjunta promovida por Victoria Villarruel y Martín
Menem, y a votar por unanimidad el congelamiento de sus dietas hasta
finales de 2025, ese freno legislativo finalmente quedó en la nada y el
mecanismo de actualización volvió a encenderse. Para intentar amortiguar
el impacto político de esta nueva escalada, algunos sectores del
oficialismo salieron a despegarse del cobro. Desde la bancada
referenciada en Patricia Bullrich anunciaron que mantendrán la tesitura
de donar la diferencia del aumento a entidades benéficas o instituciones
públicas provinciales, una iniciativa en sintonía con la propuesta de
la propia Villarruel, quien tiempo atrás había sugerido derivar esos
fondos a centros de salud como el Hospital Gutiérrez. El texto, que ya
fue girado a la comisión de Legislación del Trabajo, no exige un aumento
porcentual fijo ni establece un monto arbitrario sacado de la galera.
Lo que busca es modificar de raíz el artículo 140 de la Ley 24.013 para
cambiar la regla de juego: atar el piso salarial directamente a la
evolución del costo de vida oficial, fijando un límite legal para que
los trabajadores formales puedan, al menos, empatarle a la canasta
básica.
TC/MSS

