LA CONFEDERACIÓN
de Radios y Medios de Comunicación de Argentina
El 7D no habrá desinversión, sino desconcentración empresaria
(Por Luis Lázzaro*) Cuando se cumpla el plazo establecido por la Corte Suprema para finalizar la medida cautelar que protege los intereses de Grupo Clarín en materia audiovisual deberá comenzar a desarmarse la concentración monopólica que dejaron los años del neoliberalismo cuando, en la década de los 90, se permitió a los grupos mediáticos convertirse en dueños de la opinión pública mediante la creación de grupos económicos que convirtieron a los argentinos en rehenes de un sistema pago de acceso a la información y el entretenimiento.
No habrá entonces desinversión, sino desconcentración de la propiedad de los medios. Deberá terminarse con la propiedad cruzada y con el abuso de posición dominante en los mercados. Algo que es moneda corriente en los países más desarrollados, no solo porque el monopolio elimina la competencia empresaria sino porque la propiedad simultánea de periódicos, radios, plataformas de distribución de contenidos y señales editoriales resultan perjudiciales para la pluralidad de voces en una democracia.
Fuente:http://www.24baires.com
Se trata de regulaciones habituales en países como Estados Unidos y
Europa. Esas normas están citadas en la Ley 26.522, en las notas que
incluye la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Principios de
diversidad que el Congreso sancionó luego de un amplio proceso de debate
y consulta popular en 2009, y que ahora están sobre la mesa de
discusión a medida que se acerca el 7 de diciembre.
Con las
privatizaciones y la desregulación de la etapa menemista se formaron
multimedios y se concentró la propiedad de empresas de distribución
abierta y por cable. Argentina se convirtió en el tercer país del mundo
en penetración de cable, con más del 80% de la población abonada a los
sistemas pagos de acceso a la televisión. La concentración hizo
desaparecer a la mitad de las 1.500 empresas independientes que existían
a comienzos de los 90. Ese proceso arrojó a miles de empleados a la
calle –por aplicación del principio de sinergia empresaria en la
administración y en la gestión del canal propio obligatorio- y también
fue perjudicial para los usuarios, prisioneros de un sistema de
prestador único con nombres diversos pero con facturación unificada, sin
competencia en los precios y discrecionalidad en la grilla de
contenidos.
El holding Noble-Magnetto fue parte del festival
financiero que endeudó a la Argentina en ese período y debió ser
rescatado de manos de los acreedores. Con 22 pedidos de quiebra y deudas
por 1.000 millones de dólares, el Grupo admitía en febrero de 2002
estar al borde de la bancarrota, mientras procuraba “protección judicial
en un concurso preventivo”. El 60 por ciento de la deuda correspondía a
financiamiento externo. La reforma de la ley de quiebras, los decretos
orientados a compensar deudas privadas con el Estado mediante acciones o
bonos, (originalmente deudores de alto riesgo y luego para todos), la
pesificación asimétrica, y finalmente la denominada ley de industrias
culturales (para impedir que los acreedores externos tomaran más del 30%
de las acciones de la empresa) constituyeron un conjunto de medidas
políticas y económicas orientadas a salvar –entre otros- a Clarín del
naufragio mediante la protección del Estado y la licuación de pasivos.
El
grupo estableció la agenda neoliberal y privatista de los 90 y luego
reclamó la protección del Estado para continuar con sus negocios. Ello
no le impidió ocultar la responsabilidad de los agentes financieros y
corporativos en la gravísima crisis económica e institucional de la
Argentina en 2001.
En el camino de la normalización, el
crecimiento, la inclusión y el respeto a los derechos humanos que Néstor
Kirchner instauró a partir de 2003, Clarín continuó su proceso de
concentración. Se benefició con la prórroga por diez años de las
licencias y pretendió el monopolio casi total del mercado de cable con
la fusión de Cablevisión y Multicanal en una sola compañía. Aún así, no
dudó en plegarse a la movida desestabilizadora de los exportadores
cerealeros y del establishment económico en 2008 contra Cristina
Fernández de Kirchner. Desde entonces, los intentos por interrumpir la
consolidación de un proyecto democrático que atienda los intereses de
las mayorías antes que a las corporaciones ha sido una constante.
Clarín
despreció la capacidad de movilización popular que articuló a la
Coalición por una Radiodifusión Democrática –creadora de los 21 puntos- y
la capacidad del gobierno popular de Cristina para tomar la
comunicación en la agenda del gobierno. Creyó que podría evitar –como
tantas veces desde 1983- que la política fijara las reglas de juego. Y
se equivocó. El último manotazo ha sido la presión sobre los jueces para
eludir la plena aplicación de la ley de medios.
Lo que se
examina aquí entonces no es solo la posición dominante en el mercado de
un grupo que controla casi 500 empresas proveedoras de servicios
múltiples (sobre 24 autorizadas por ley) con monopolio exclusivo en
buena parte de las grandes ciudades y de la gestión simultánea de
canales abiertos y de cable. Se trata también de cómo fue posible ese
proceso. La cuestión de fondo aquí no es la economía; es el derecho a no
ser silenciados o manipulados por los dueños de las plataformas
multimedia. Al igual que las regulaciones en Estados Unidos o Europa, la
Ley 26.522 no considera la información y el acceso a bienes culturales
como una simple transacción comercial.
Lo que se juega entonces
el 7D es el fin de un modelo. Es volver atrás la página de la
concentración neoliberal de los años 90, al calor de las recetas del FMI
y del consenso de Washington, y recuperar la capacidad de las mayorías
populares, con las herramientas políticas de la democracia para
gestionar el interés público. La adecuación a la ley entonces no es
desinversión; es la desconcentración de un modelo económico y político;
es la posibilidad de crecer sin tutelas ni gendarmerías de los poderes
de las minorías.
Fuente: *Luis Lazzaro - Autor de “La batalla de la comunicación”.
29/10/2012 (943)
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